La organización civil contra los aumentos de servicios públicos -la energía eléctrica, en este caso- consiguió un guiño de aliento en Tribunales. La jueza en lo Civil y Comercial nº 6, Silvia Cicutto, habilitó la feria judicial y concedió la apelación y el recurso de nulidad contra un fallo anterior que había expedido el juez Néstor García para rechazar la medida cautelar interpuesta por la Multisectorial contra el Tarifazo. Ahora es la Cámara de Apelaciones la que debe pronunciarse a favor o en contra del amparo que pretende retrotraer el monto de las tarifas eléctricas de la EPE a noviembre del año pasado.

La magistrada en turno admitió el planteo de la Multisectorial y lo elevó a la Cámara en Feria. La apelación sostiene que el rechazo de García a la cautelar es nulo porque lo resolvió sin esperar a que la fiscal Magdalena Mazzini emitiera su opinión al respecto. La fiscal había pedido pronunciarse una vez que se celebrara la segunda audiencia de conciliación entre la demandante y la EPE, pero como ambas partes se mantuvieron en sus posiciones (la compañía estatal sostiene que suprimir los aumentos le impediría reinvertir en infraestructura), la audiencia fracasó y el juez pronunció su dictamen sin que la fiscal hubiere opinado.

"Por lo tanto, la resolución de García es arbitraria, inequitativa y apresurada. No tiene fundamentos válidos para afirmar que si la EPE retrotrae sus tarifas a noviembre de 2015 entrará en cesación de pagos. Es irrisorio. Desde 2014 la EPE tiene una deuda de más de 2 mil millones de pesos y no quebró. El juez atendió ese argumento sin auditorías ni balances, sólo con la palabra de dos gerentes que, obviamente, son empleados de la empresa", expuso el abogado Juan Alcaraz, representante de la Multisectorial.

La esencia de esta ofensiva judicial contempla, además, que García tiene "amplias facultades para disponer otras medidas" alternativas a regresar el cuadro tarifario a noviembre pasado, como imponerle a la EPE la aplicación de descuentos o prohibirle las interrupciones de servicio a usuarios por falta de pago. "Se están produciendo muchos cortes de suministro en casos dramáticos. Familias que simplemente no tienen recursos para afrontar los aumentos. No puede ser que la opción sea alimentarse o pagar la luz. Pequeños comercios, fábricas, que corren serio riesgo de cerrar por esta causa", agregó el letrado.

Alcaraz citó el caso de la laminadora de aluminio Del Litoral SC, situada en Moreno 5832. "Ahí trabajan 20 operarios que están muy preocupados porque la EPE avisó que les cortará la luz, y eso implicará quedarse en la calle", afirmó. Miembros de la Multisectorial realizarán desde esta mañana un "acampe pacífico" en el portón de la empresa en solidaridad con la fuente laboral y para impedir que el personal técnico de la EPE interrumpa el suministro eléctrico. "Aclaramos que esta posición no va contra los trabajadores de la EPE ni contra el sindicato Luz y Fuerza", dijo Alcaraz.

Por otra parte, la Multisectorial entregará hoy una carta en la delegación local de Gobernación dirigida a Miguel Lifschitz para pedirle que cumpla el compromiso de no privar del servicio a quienes no puedan pagar la energía eléctrica. Según Alcaraz, esa fue la promesa del gobernador cuando los atendió el 4 de julio pasado.

Mientras tanto, el juez García debe resolver la demanda de fondo: es la causa que la Multisectorial abrió contra el Estado provincial en el marco de la ley nº 10.000, conocida como "de intereses difusos".