La diputada del Frente Social y Popular Mercedes Meier reclamó al Ejecutivo que deje sin efecto las últimas facturas emitidas por la Empresa Provincial de la Energía y abrir el debate a la sociedad acerca de cómo pagar los aumentos decretados por el gobierno nacional, actualmente suprimidos por el fallo de la jueza federal de San Martín, Martina Forns. Y como parte de esta discusión, como para costear el inevitable incremento tarifario, la legisladora provincial insistió con avanzar sobre las empresas exportadoras cerealeras y aceiteras para que el Estado empiece a cobrarle el impuesto a los Ingresos Brutos del que hasta ahora están exentas.

Meier aseguró que el asunto depende de "una decisión política, no técnica", dirigida directamente al titular del Ejecutivo, Miguel Lifschitz. Un día después del Ruidazo, la diputada indicó que "en cada rincón de la provincia la discusión sobre el aumento de tarifas se instala como la principal preocupación de miles de santafesinos que ven cómo se hace cada vez más difícil llegar a fin de mes, y varias ramas de la producción comienzan a cuestionar su continuidad por el golpe a la rentabilidad que estos aumentos significan".

Meier puso de relieve las asambleas que empiezan a formarse en distintas ciudades con las facturas en la mano, y exigió que "la clase política santafesina se ponga a tono de este reclamo, y posicionarse públicamente contra el ajuste y el tarifazo instrumentado por el macrismo. En la provincia hay plata, sólo falta decisión política de ir a buscarla a los sectores que todos estos años se enriquecieron con el modelo económico kirchnerista", lanzó la diputada.

Meier ahondó en el curso de los subsidios nacionales -ahora recortados- en el circuito de la EPE, las cooperativas y sus usuarios. "Desde 2007 la EPE aumentó sus tarifas 350 por ciento, lo que representa 230% más que la media nacional. En diciembre de 2015 se produjo un aumento del 26,9, el cual impactó en la factura de febrero. A partir del 1º de febrero se sumó otro aumento de entre el 42 y el 58 por ciento. Esto determinó que para abril los usuarios residenciales recibieran facturas de luz con incrementos cercanos al 100% respecto de lo abonado en noviembre", revisó Meier.

Si la tarifa está compuesta por el precio mayorista que EPE le paga a Cammesa, por el valor agregado de distribución (VAD) y por impuestos, Meier aceptó que el costo de distribución varía según cada provincia, en razón de su geografía. Pero señaló que "en la última década hubo diferencias gigantescas entre el costo de distribución de la EPE con el resto del país, que llegó a hacer que la electricidad en Santa Fe valga hasta siete veces más que en otras jurisdicciones como Buenos Aires, donde estaba subsidiado y el VAD congelado por ley".

El VAD referido por la diputada es el instrumento del cual las distribuidoras se valen para afrontar su plan de inversiones, sueldos, mantenimiento y expansión de la red y la distribución propiamente dicha.

Meier comparó los diez aumentos tarifarios que hubo en Santa Fe entre 2007 y 2013 -del 350%- con la inflación acumulada en ese período, del 220%. En esos años, además, Meier afirmó que la EPE aumentó sus inversiones en 250%, y que, por lo tanto, la inversión en infraestructura bajó del 10 por ciento a sólo el 6,5% del total de lo recaudado.

La semana pasada, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner acusó a las administraciones de Hermes Binner y Antonio Bonfatti de usar los subsidios nacionales a la energía para "hacer caja política" en lugar de amortiguar los incrementos tarifarios a los clientes de la EPE. En esta línea, ahora Meier se preguntó: "¿En qué se utilizó ese aumento del VAD entonces? ¿Cuánto fue a inversión? ¿La EPE está generando renta con los aumentos?".

La diputada del FSyP demandó al Ejecutivo que abra las cuentas de la EPE. "Quienes luchamos contra la privatización de la EPE también creemos que la imposibilidad de conocer los números y discutir la conformación de costos favorece los argumentos de los oscuros intereses que acechan con intenciones privatizadoras", alertó.