Raúl Lamberto estrenó su puesto como Defensor del Pueblo con un oficio enviado a la Empresa Provincial de la Energía para que le informe sobre la situación de la distribuidora en relación con el fallo de la jueza federal de San Martín, Martina Forns, que suspendió el tarifazo.

El socialista parece salir al cruce de esta manera con quienes le endilgan su filiación oficialista y sobre asuntos de la empresa eléctrica, un tema que tenía como bandera cuando él era diputado y el Ejecutivo estaba a cargo del justicialismo.

En el escrito ingresado en la EPE, Lamberto pone especial énfasis en la necesidad de conocer qué conducta deben "seguir para los usuarios que tienen pendiente el pago de facturas ya emitidas". Asimismo, pidió saber "qué disposiciones se han tomado por parte de la EPE con relación a la aplicación de ese fallo judicial sobre el tarifario de esa empresa, fundamental sobre la conducta a seguir para los usuarios que tienen pendiente el pago de facturas ya emitidas, y sobre las facturaciones futuras", expresó en un comunicado. Es que, al día siguiente de conocido el fallo de Forns, la distribuidora y la Secretaría de Energía advirtieron que no se habían dado por enteradas del efecto de ese veredicto judicial.

Por todo eso, el Ombudsman santafesino ofreció poner a la Defensoría del Pueblo "a disposición para colaborar en la difusión de las medidas que se dispongan al respecto".