Desde Santa Fe.

El fallo del juez federal Reinaldo Rodríguez que declaró su "incompetencia material" para investigar el vaciamiento del Banco de Santa Fe que los denunciantes estimaron en 500 millones de dólares podría ser "anulado de oficio" por que sustrajo la causa de la jurisdicción de la Cámara Federal de Rosario (que aún debe resolver sobre un planteo de "cosa juzgada fraudulenta" que hizo el Ministerio Público) y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (donde está pendiente un recurso extraordinario interpuesto por una de las defensas). La hipótesis fue revelada a Rosario/12 por una fuente de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que confirmó también que el fiscal subrogante Claudio Kishimoto tampoco consultó con el organismo antes allanarse al pedido de otra de las defensas que reclamó la "incompetencia" de Rodríguez y el pase del expediente al fuero provincial. Kishimoto dictaminó que no había un "interés federal" en el proceso y por lo tanto, "cuando el interés es particular, la justicia que entiende es la ordinaria". Ante la coincidencia entre defensores y el fiscal, el juez hizo lo que le pidieron: se declaró incompetente y se desligó del proceso. Según la fuente, la decisión del magistrado de "sustraer la causa de la Cámara y la Corte" se podría caer por "una nulidad manifiesta y grosera" y consideró "grave" el rol del fiscal porque "convalidó un planteo de incompetencia que es nulo".

La clave del caso es la sentencia que reabrió la causa. El 22 de abril, la Cámara Federal de Rosario anuló 44 absoluciones de ex directivos del Banco por prescripción de la acción penal que había dispuesto el juez Rodríguez, en junio de 2013. Le reprochó "la pasmosa lentitud con la que desarrolló el sumario", a pesar de la gravedad de la denuncia. Destacó el "puntilloso dictamen de la Procelac que relató una demora no explicable de cinco años", en el propio Juzgado. Le advirtió que aún había cinco incidentes en la Cámara (dos de nulidad, uno de incompetencia, uno de prescripción, uno de inconstitucionalidad y un legajo de investigación). Más, un planteo de "nulidad por cosa juzgada2, que la Procelac consideró fraudulenta. Y ordenó que "tanto el juez como el fiscal" (ahora Kishimoto) actúen "con la celeridad y el empeño que la lucha contra la impunidad reclama".

El dictamen de la Procelac que citó la Cámara es el que reveló un "plan de acción" de los jueces federales que se turnaron en el expediente, entre ellos Héctor Tripicchio y Víctor Brusa (hoy condenado a 22 años de prisión por delitos de lesa humanidad) para simular un "proceso penal" cuando, en realidad, el objetivo era "entorpecerlo" para que "nunca se llegase a establecer quiénes perpetraron los hechos y echar así un manto de impunidad". El Ministerio Público pidió anular las resoluciones de Tripicchio y Brusa por "cosa juzgada fraudulenta", que aún debe resolver la Cámara. El fiscal que reactivó la causa era Walter Rodríguez, quien en marzo fue reemplazado por Kishimoto.

Ahí comenzó el giro. Una de las defensas planteó la "incompetencia" del juez Rodríguez "para seguir entendiendo en la causa". Otra se sumó al pedido. Y el fiscal Kishimoto dictaminó que correspondía "hacer lugar a lo solicitado" por su contraparte. Según Kishimoto, no hay un "interés federal" en el vaciamiento del Banco y "cuando el interés es particular, la justicia que entiende es la ordinaria". El 1º de julio, el juez Rodríguez se declaró incompetente y ordenó enviar la causa a los tribunales provinciales. Hasta la semana pasada, el pase no se había cumplido porque seguía la ronda de notificaciones.

La decisión sorprendió en la Legislatura y en la Casa Gris porque veinticuatro horas antes, la Cámara de Diputados le había pedido al gobernador Miguel Lifschitz que la provincia se presentara como querellante en la causa para impulsar la investigación.

Ante este escenario, la fuente confirmó que Kishimoto no consultó con la Procelac antes de dictaminar la incompetencia del juez. "Lo que debería haber hecho era poner en conocimiento de la Procelac que intervino en el proceso recuperado por el fiscal Rodríguez que estaba a cargo de la investigación y no lo hizo. No informó de esto a la Procelac para solicitarle una opinión respecto a este caso puntual, si existe un 'interés federal' que habilite la jurisdicción". De modo que convalidó "un planteo de incompetencia mal formulado".

"Es grave" que el fiscal no hubiera impulsado "la acción penal" y convalidara "un planteo de incompetencia" que -a criterio de la fuente- "es nulo porque están pendiente de resolución un tema en la Cámara Federal de Rosario, donde se discute la cosa juzgada írrita porque durante años la causa fue sometida a maniobras dilatorias de otros jueces". "Es una decisión grave porque se desconoció el trabajo hecho por el Ministerio Público Fiscal y nada menos que por una Procuraduría especializada en crímenes económicos", explicó.

Y acerca de la decisión del juez al sustraer la causa de la jurisdicción de la Cámara y de la Corte, la fuente dijo que se plantea "una nulidad manifiesta y grosera que habrá que ver cómo se resuelve. En este momento no hay un juez que pueda intervenir porque el que había se declaró incompetente y el fiscal que debió haber impulsado la acción penal para proteger el interés público de la sociedad, conforme lo exige la ley del Ministerio Público, no lo hizo".