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La Multisectorial contra el Tarifazo presentó ayer un pedido de investigación penal contra la distribuidora de energía Cammesa, autoridades provinciales y de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), por no retrotraer los precios de las facturas de energía al 31 de enero, como ordenó la Justicia Federal. El escrito ingresó al Ministerio Público de la Acusación, donde un fiscal deberá analizar el planteo e indagar sobre los motivos de la no aplicación de la resolución, cuando "extraoficialmente" la Multisectorial supo que las partes fueron notificadas. En ese contexto, plantearon que las empresas y el gobierno provincial pudieron incurrir en el delito de "desobediencia" e "incumplimiento de deberes".

El 3 de agosto pasado, la jueza federal de San Martín, Martina Isabel Forns, hizo lugar a la medida interina, ordenando a el Estado Nacional la inmediata suspensión de los efectos de las Resoluciones 6/2016, 7/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación y 1/2016 del Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE), tal como recordaron los denunciantes en su presentación. Ante ello, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), debía abstenerse de aplicar el nuevo cuadro tarifario aprobado por la primera resolución, respecto de todas las distribuidoras del país hasta tanto se realice una audiencia pública.

Desde la Multisectorial, expresaron que el ENRE debería arbitrar las medidas necesarias para el cumplimiento de lo ordenado, debiendo comunicar a todos los agentes distribuidores y prestadores del servicio público de distribución de energía, la medida dispuesta, haciéndoles saber que deberán suspender el cobro de las facturas emitidas como resultado de la aplicación del nuevo cuadro tarifario, y liquidar las facturas a los valores vigentes con anterioridad a las resoluciones.

"Esta presentación busca que se investigue el posible delito de desobediencia por parte de los directivos de Cammesa y por el incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte del gobernador Miguel Lifschitz, la secretaria de energía provincial Verónica Gesse y el presidente de la EPE, Raúl Stival", resumió el abogado Juan Alcaraz, que representa a la Multisectorial.

El letrado aclaró que no se realizó una denuncia porque no han podido comprobar el dato "extraoficial" de que se haya notificado el fallo a quienes debían retrotraer la tarifa. "Será tarea del fiscal", dijo. El pedido tiene que ver con que pese al fallo judicial a nivel nacional, "en Santa Fe las facturas llegaron con el aumento que el gobierno nacional había implementado".