La multitudinaria marcha del jueves pasado se ha transformado en un punto de inflexión para el gobierno tanto de Miguel Lifschitz como de Mónica Fein. En el caso de la intendenta de Rosario, su responsabilidad en torno a las políticas de seguridad está ciertamente limitada por cuestiones funcionales, sin embargo a la hora de los reclamos -en un área que excede su competencia como por ejemplo es el manejo policial- el nombre de Fein aparece en primera fila junto al del gobernador Lifschitz. Por una cuestión de cercanía, de vecindad, los pedidos y quejas encuentran en la municipalidad el primer mostrador. Sin embargo, la mayor parte de la responsabilidad es del gobierno provincial y no sólo porque la ley así lo establece, sino por que el mismo gobernador se encargó de pregonarlo en la campaña electoral. Después de 8 meses de gestión recién ahora se instrumentarán cambios visibles -a la espera de resultados inmediatos- en un área donde la asignación de recursos y la infatigable tarea del ministro Maximiliano Pullaro no han rendido los frutos esperados. Las voces de la plaza de la noche del jueves hicieron que el gobierno reconociera esta situación y de aquí en más, junto con los cambios en áreas de su competencia, instrumente políticas conjuntas de combate contra el delito con el Poder Judicial, legisladores y necesariamente con el gobierno nacional que tampoco es ajeno en cuanto a responsabilidades, pero que goza de mayor indulgencia que las gestiones locales.

Así pudo verse en las últimas 72 horas a los jefes policiales recorriendo las calles -sin ir más lejos el viernes los más altos mandos de la policía rosarina surcaron la peatonal- patrulleros circulando, operativos de tránsito, controles de identidad y propiedad de vehículos y una serie de medidas tan previsibles como perecederas, salvo que esta vez, la magnitud del reclamo haga que estas medidas se sostengan e incrementen en el tiempo. Así mismo Lifschitz anunció la inmediata renovación de la flota de autos de la policía -reemplanzando los corsitas desvencijados por autos de mayor porte y prestaciones- remodelación y construcción de comisarías y un diálogo fluído con el Poder Judicial. Además, tanto el ministro de Seguridad Pullaro como el de Justicia Silberstein -que estuvo de recorrida mediática en los días de mayor movilización- irán a la Legislatura a informar y a dar detalles sobre lo que se ha hecho, pero sobre todo para expresar lo que piensa hacer el gobierno provincial.

Los contactos entre miembros del Ejecutivo y de la Justicia se han incrementado en los últimos días, no tanto por convicción como por necesidad. Los unos hablan mal de los otros y viceversa, lo hacen en público, y con más enojo "off the record". Pero sucede que esta vez a los nombres previsibles de los "políticos" se sumaron los de jueces y fiscales, estampados en pancartas, sin demasiados detalles y con calificativos lapidarios. Paralelamente un proyecto del PRO que pretende poner la lupa sobre el accionar judicial, goza de la adhesión "de la gente" como gustan decir los legisladores alineados con el gobierno nacional, y deberá ser tratado en la Legislatura. Su "utilidad" es dudosa, lo mismo que su pertinencia, sin embargo será difícil que algún diputado se niegue a votarlo por la repercusión pública, que es otro de los elementos que sin duda gravita en esta situación.

Precisamente ese es un punto que reclama un nivel de responsabilidad hasta hora escaso de los diferentes actores en esta problemática que va desde el deslinde de responsabilidades -entre Ejecutivo y poder Judicial- o entre gobierno nacional y provincial, hasta el oportunismo de algunos dirigentes que denuncian en las radios y canales de TV y jamás aportan un nombre ni una prueba en Tribunales para cortar la cadena de impunidad.

Frente a este panorama es indispensable una cuota de profesionalismo y decisión política, mayores que las expuestas hasta el momento. El ministro Pablo Farias parece haber tomado nota cuando dijo "es un clamor que tenemos que atender rápidamente, hoy mismo el gobernador nos está instruyendo para tomar medidas de mayor efectividad".

La llegada de Gendarmería, que se resolverá el martes en reunión con la ministra Patricia Bullrich, el reequipamiento, el aumento del patrullaje y la reasignación de recursos para proveer más fiscalías -al menos las 32 propuestas por el Ministerio Público- son medidas dispuestas para estos días. La depuración de la fuerza, una mayor eficiencia en la justicia y la restauración de la confianza, llevarán más tiempo. Pero el punto de partida es una reformulación de prioridades, y no en el plano declamativo sino en la acción. Lifschitz se había propuesto desde que inició su carrera hacia la Casa Gris, y sobre todo al ganar las elecciones un mandato en el que obra pública fuera el "sello" de su gestión. Así puede verse en el presupuesto y en cada acto en el que pudiera reafirmarlo. Y si bien los índices de delincuencia y criminalidad no han mejorado desde que se dispararon hace casi una década, hizo falta esta semana una demostración de la ciudadanía -que irá creciendo en tanto no haya respuestas- como para que se genere otra expectativa. Inevitablemente este es tema central, ni la obra pública, ni remotamente la reforma constitucional. Y no sólo por el "clamor" del que hablaba Farias y la sociedad protagonizó, sino porque nada que se haga, se construya o se reforme va a tener sentido si los ciudadanos que podrían gozar de esos avances no pueden salir de sus casas o sufren al hacerlo. No hay más margen, no se trata de "salvar" un gobierno, sino de salvar vidas.