Desde Santa Fe.

La justicia federal amplió la investigación por el destino de un terreno estratégico en la avenida Alem -en una de las zonas más caras de Santa Fe- que pasó al dominio privado en julio 2013, donde la inmobiliaria Benuzzi proyecta invertir unos 400 millones de pesos en dos súper torres de 26 pisos cada una, con 118 departamentos con vista al río y al puerto. El Ministerio Público imputó el ex administrador de Vialidad Nacional Nelson Periotti, al ex subgerente de Asuntos Jurídicos del organismo, Manuel Francisco Keumurdji y al empresario santafesino Publio Benuzzi y el lunes, el juez federal Nº 1 Reinaldo Rodríguez resolvió citar a los tres a declaración indagatoria para mediados de octubre próximo, según informaron fuentes judiciales. En la causa ya están imputados el secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales Marcelo Bertolotti, su adjunto Miguel Angel Vázquez y la escribana Claudia Dechanzi, pero el magistrado aún no resolvió su situación procesal. Las fuentes dijeron que Vialidad se presentó como parte querellante en el proceso, pero el juez rechazó el pedido, así que el incidente será resuelto ahora por la Cámara Federal de Rosario.

El terreno es un remanente de la expropiación por el ensanche de la avenida Alem. Era propiedad de Vialidad Nacional, pero fue cedido al Sindicato de Trabajadores Viales con el cargo de construir allí su "sede social" y "viviendas de paso" para afiliados del interior. La escritura se firmó el 29 de mayo de 2013. Y el 16 de julio, se realizó un contrato de permuta con Benuzzi que cedió al gremio una oficina y dos departamentos con cocheras (uno en el caso histórico de la ciudad y otro en el microcentro).

En noviembre del año pasado, el fiscal Walter Rodríguez imputó y pidió las indagatorias de Bertolotti, Vázquez y Dechanzi por supuesto "fraude en perjuicio de la administración pública" y "falsificación ideológica de documento público". Y en marzo, el juez Rodríguez dispuso el embargo de la oficina y de los dos departamentos cedidos al sindicato, pero también del terreno de Alem, con lo que quedó a la vista que todos los bienes de la operación están bajo la lupa.

En julio, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) -donde hoy está el fiscal Rodríguez- dejó en claro que impulsará el sumario administrativo y la causa penal. Solicitó "copias certificadas" del expediente que tramita en el Juzgado Federal de Santa Fe para agregarlas a las actuaciones abiertas en Buenos Aires, ofreció la "colaboración" al fiscal que reemplazó a Rodríguez en el cargo, Claudio Kishimoto y sugirió al juez que cite a indagatoria al subgerente de Asuntos Jurídicos de Vialidad, Keumurdji. A pedido de Kishimoto, el magistrado citó a declarar no sólo al doctor Keumurdji, sino también a Periotti y a Benuzzi, para el 12, 13 y 14 de octubre, en ese orden.

Según el dictamen de la PIA, el Sindicato de Trabajadores Viales pidió el terreno en la avenida Alem para construir su "sede social", en enero de 2012. En agosto, Keumurdji "dictaminó favorablemente respecto a la solicitud de donación". Y en noviembre, Bertolotti y Vázquez firmaron el "convenio de transferencia" con Periotti, quien lo convalidó el mismo día.

El 31 de mayo de 2013, Keumurdji solicitó a Periotti que "fije fecha para la confección de la escritura" y éste escribió de puño y letra que sería el 5 de junio de 2013. "Esto permitió sospechar -agrega el dictamen- que, paralelamente al trámite administrativo, Bertolotti y Vázquez pergeñaron, con complicidad cuanto menos de Dechanzi, la suscripción de una escritura de donación en la que se introducirían circunstancias falsas respecto al contenido del convenio a los fines de permitir la posterior realización de negocios" inmobiliarios.

Está probado -revela la PIA- la "sustitución (adjudicada en la causa penal a Bertolotti y Vázquez) de las fojas 37 y 40 del expediente administrativo". "Las fojas apócrifas y fueron introducidas en sustitución de los originales, como se puede verificar contrastándolas con las copias que la Dirección Nacional de Vialidad conserva en sus registros y que fueran aportadas a la causa penal".

"Bertolotti y Vázquez se valieron de sendas falsificaciones materiales y lograron perfeccionar la trasmisión fraudulenta de la propiedad con la colaboración de la escribana Dechanzi".