Mañana a las 17 el Presidente Mauricio Macri recibirá al gobernador Miguel Lifschitz. Así lo confirmó ayer el Ministro de Interior Rogelio Frigerio. Se espera que una vez finalizado el encuentro en la Casa Rosada, se dé a conocer una declaración que contenga el acuerdo entre ambos gobiernos para el combate contra la delincuencia y el narcotráfico. Ese documento, que fue elaborado trabajosamente en medio de desavenencias que por momentos parecieron insalvables, pondrá fecha al desembarco de fuerzas federales en la provincia -fundamentalmente efectivos de Gendarmería- uno de los reclamos de la ciudadanía que se movilizó masivamente el 25 de agosto y que volvió a hacerlo -en menor medida- el miércoles pasado. Entre una y otra marcha se desató una reyerta entre el gobierno nacional y provincial que llegó a su punto máximo el día previo a la segunda movilización, cuando la ministra Patricia Bullrich -que había participado días antes de una fallida reunión con la delegación santafesina- objetó la voluntad del gobierno socialista de llevar adelante una depuración de la policía, sostuvo que "el narcotráfico puede rozar a algunos funcionarios provinciales" y reclamó una suerte de intervención sobre el área de seguridad por parte de funcionarios nacionales. Frente a esa actitud de la ministra, el gobernador declaró que estaba a disposición del gobierno nacional la información sobre el accionar policial (con muchos agentes y mando implicado en acciones narcotráfico). Manifestó además su voluntad de "trabajar conjuntamente" pero a la vez calificó de "mediática" a la funcionaria. Dijo "nosotros no hacemos circo" y que "es ilegal e inconstitucional que se delegue el manejo de la seguridad de una provincia a la Nación" y denunció una "acción desestabilizadora" apuntando a servicios de inteligencia, policías exonerados, dirigentes políticos "que llevan y traen a Buenos Aires", y ratificó su decisión de comandar esta nueva etapa de combate contra "el delito organizado y la mafias" con la ayuda del gobierno nacional.

Frigerio llegó a la provincia a participar del lanzamiento de la Fundación Pensar, que fungirá de ahora en más como una línea interna -no reconocida- del PRO santafesino. La idea es potenciar la figura del diputado Luciano Laspina como candidato para las elecciones del año que viene, y de ahí en más con un futuro incierto y venturoso según le auguró Elisa Carrió que ya lo lanzó como su candidato a gobernador para el 2019. Allí había además otros dirigentes que decidieron tomar distancia del tándem Federico Angelini-Rodrigo López Molina que son actualmente las principales referencias del PRO en Santa Fe. Pero el nieto de uno de los fundadores del Desarrollismo, no sólo vino a eso, sino a tratar de distender una situación que Bullrich había llevado al extremo de volvérsele en contra al gobierno nacional. No sólo porque las intervenciones de la ministra en Santa Fe no son recordadas por su eficiencia precisamente -la fuga y misterio que terminó por una zanja en Cayastá para citar el más estentóreo- sino porque incurrió en algunas exageraciones que podrían trasladar el peso de la responsabilidad del manejo policial en la provincias al gobierno federal, lo cual no sólo es inconstitucional sino un precedente negativo a la hora de asistir a los estados. Más aún, cuando días antes, el Jefe de Gabinete de Ministros había comprometido la presencia de 3060 (ese fue el número preciso) en la provincia de Santa Fe.

Además, a Bullrich se le está inundando el despacho, hay más de un conflicto en su cartera y si bien la problemática de la inseguridad en Santa Fe -donde la responsabilidad en mayor medida recae sobre las sucesivas gestiones socialistas- no es la principal preocupación de la ministra. Para ser más claros aún, si Bullrich deja el ministerio no será por sus discusiones con Maximiliano Pullaro o su polémica con el gobernador sino por otra cosa, lo más inmediato es el tema de la efedrina en Ezeiza y la "rehabilitación" política del responsable de Aduana y ex carapintada Gómez Centurión.

Frigerio, uno de los pocos políticos que integran el gabinete nacional, hizo gala de esa condición y pasó "una de cal y una de arena" y dijo que "mañana se firmará un acuerdo para ayudar a Santa Fe que debe dejarse ayudar", sin entrar en más detalles y pasar a anunciar obras por cerca de 900 millones que "van a beneficiar a 100 santafesinos y vamos a terminar en 18 meses".

Ayer, durante toda la tarde, Lifschitz estuvo reunido con los ministros Pullaro y Silberstein. Al titular de Seguridad salió a "bancarlo" expresamente y destacó su "trabajo, honestidad y valentía" y remarcó que "va siempre al frente". Cabe decir que el dirigente radical que dejó su banca para asumir en la cartera de Seguridad, lleva tres cambios de jefes de policía y tres pases completos a retiro de la plana mayor en menos de 8 meses.

Desde ya que esas determinaciones suponen yerros en algún momento, porque la elección de alguno de los jefes ciertamente no fue la correcta, sobre todo a la hora de llevar adelante la depuración de la fuerza, que antes que Bullrich, la demandó la ciudadanía santafesina y no sólo en las marchas sino desde hace mucho tiempo. La participación de uniformados en el negocio del narcotráfico no es una sospecha sino que hay casos probados y otros en curso de investigación que explican la desconfianza de la ciudadanía en quienes deben protegerlos. La primera de las marchas de estos últimos días se los hizo saber, no sólo a los responsables políticos sino a los uniformados, lo mismo que a los jueces, que hasta ahora venían esquivando el altísimo nivel de responsabilidad que tienen en el combate del delito y que no se excusa por la falta de medios, personal y recursos -todos reclamos pertinentes- sino por el letargo y la parsimonia con que algunos magistrados se manejan y la permeabilidad a la hora de emitir y ejecutar sentencias.

La conferencia de prensa del viernes del gobernador mostró a un Lifschitz completamente diferente al que unas noches antes había cenado con Mirtha Legrand. No sólo por el ámbito y los interlocutores sino por el tono y la determinación con que hizo algunos anuncios y relató las negociaciones que se llevan adelante con el gobierno nacional.

Faltó algún grado de autocrítica -ya van 8 meses- y eso se debe a que es inevitable objetar el fracaso de sus predecesores y las erráticas políticas que se llevaron adelante. En un párrafo dijo que "sobran los dedos de una mano para encontrar expertos en seguridad", y si bien eso puede ser cierto, es a ellos a quienes hay que recurrir, con la convicción de quien debe conducirlo políticamente pero apelando a un nivel de profesionalismo que no se ha visto como en otras áreas. Hay señales positivas en algunos sectores de la policía que están capacitándose y adecentando sus prácticas. Sin embargo, recuperar la confianza de la ciudadanía y obtener resultados favorables en la prevención para evitar el delito llevará más tiempo. Como transcurra ese lapso es responsabilidad de la Justicia en gran medida, por esa razón es saludable que el ministro Silberstein le reste horas a su cátedra -si fuera necesario- o las conferencias, y tenga un contacto más estrecho con los jueces, fiscales y defensores. Sin interferir en otro poder, pero sin desentenderse. No debe dejar pasar el ministro algunas conductas de magistrados que han provocado consecuencias irreversibles a partir de sus determinaciones. Seguramente "ajustadas a derecho" como dijo su señoría y posibilitó con su criterio para calificar que un asesino a los seis años estuviera en la calle y volviera a matar.

Desde la marcha del 25 de agosto que no han habido crímenes en Rosario. Es un detalle alentador, pero que no deja de llamar la atención. Para tratar de explicarlo hay muchas más preguntas que respuestas, pero seguramente una es que el gobernador y el gabinete han tomado nota -al parecer esta vez con más seriedad- del momento que se vive.