Nueve meses, más de 130 asesinatos en Rosario, dos marchas multitudinarias y varios chispazos verbales después, el gobierno nacional y el de Santa Fe acordaron encarar algo en conjunto acerca de la crisis de seguridad que mantiene en vilo la opinión pública y la agenda política local. El presidente Mauricio Macri y el gobernador Miguel Lifschitz firmaron ayer el convenio que define el trazo grueso de cómo será la asistencia de fuerzas federales en el territorio provincial, ya no sólo en tareas de prevención sino también de investigación y combate de delitos complejos como el narcotráfico mismo. Si bien aún no está definido, estiman que serán entre 1.000 y 1.500 agentes federales más los que se instalarán hasta el último día del año 2017, tal la vigencia del acuerdo suscripto: entre 500 y 700 lo harán en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y el resto del aglomerado; y el resto se distribuirá entre ciudad de Santa Fe, Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto.

La letra fina operativa quedaría definida en la reunión posterior que se realizó a puertas cerradas entre los jefes de las cuatro fuerzas federales involucradas en el plan -Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria-, quienes debían ultimar pormenores del plan, y luego bajarlos al Comité Operativo que integrarán junto con la jefatura de la Policía de Santa Fe.

Luego de polemizar con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Lifschitz viajó esperando reunirse a solas con el jefe de Gobierno. Pero se sorprendió al entrar al despacho presidencial, cuando vio a La Piba sentada tanto al ministro del Interior, Octavio Frigerio, el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Un testigo de la reunión reveló que Macri desactivó la sonrisa protocolar apenas los camarógrafos se fueron, y lo que quedó en el rostro fue un gesto sostenido de parquedad hacia su incómodo visitante.

El gobierno nacional aceptó corregir algunos pasajes del borrador que Bullrich le impusiera días atrás a Lifschitz. "Lo que él no sabe es que la letra original del plan era de Mauricio, y se lo dejó más lavado como para que el socialismo no tenga que dar tantas explicaciones", interpretó un funcionario del área.

Trazos

* El plan se asienta en la Ley 24.059, de Seguridad Interior, que establece la coordinación de Nación y provincia en políticas de esa materia. Se crea el comité de Planificación de Estrategias, presidido por Lifschitz y Bullrich, quienes delegarán funciones en el secretario de Seguridad del ministerio santafesino, Omar Pereyra, y en el subsecretario de Seguridad nacional, Darío Orequieta, respectivamente. Y se reunirán semanalmente.

* Se crea el Comité Operativo Conjunto en Territorio, integrado por las fuerzas federales, la Policía santafesina y el Servicio Penitenciario provincial.

* Serían entre 1.000 y 1.500 efectivos -entre gendarmes y demás agentes federales- los que vendrán a sumarse al aparato de seguridad local en la provincia. De esos, la mitad quedará en Rosario.

* El convenio establece que los gastos que incurran estos refuerzos federales correrán por cuenta el gobierno nacional. Santa Fe pagaba 36 millones al mes al Estado central por contar con fuerzas federales.

* El convenio nada dice acerca del control que Nación pretendía ejercer sobre la policía provincial, en base a la desconfianza que tiene acerca de su relación con las economías delictivas. Según un conocedor de las deliberaciones previas, siempre hablaron de acción conjunta. Y la letra final reitera en varios tramos ese carácter de coordinación entre ambos niveles de Estado. La práctica demostrará si eso ocurre realmente o no. Por lo pronto, ayer también acordaron que los policías de la provincia puedan escuchar la frecuencia radial de los federales, y viceversa.

* La Policía provincial queda al margen de intervenir en delitos de orden federal: narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas o lavado de dinero, que quedarán bajo directivas de Gendarmería.

* El plan deberá ser evaluado cada tres meses por el gobierno santafesino y el Ministerio de Seguridad nacional.

* El Comité Operativo Conjunto tendrá que presentar un plan concreto dentro de dos semanas, y deberá contemplar control de rutas, de puertos fluviales y costas, tal como reclamaba la Casa Gris.

"Este acuerdo marca una diferencia con años anteriores. Nos pone por primera vez en un escenario de coordinación de políticas, de articulación, y de una estrategia común", celebró el gobernador.

Bullrich, a su vez, destacó: "El objetivo es tener junto con el gobierno de Santa Fe una política de Estado para combatir el delito complejo y el delito ordinario, que surge por la violencia que se fue generando". Y Frigerio cerró, componedor: "El problema es de los argentinos, y actuamos en consecuencia. Después de muchas discusiones, pudimos llegar a un acuerdo consensuado. Por primera vez estamos trabajando en equipo".