La comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados se reunió ayer con el juez federal Reinaldo Rodríguez y la fiscal federal Griselda Tessio para expresarle su solidaridad y apoyo ante la ola de amenazas a magistrados que investigan crímenes de lesa humanidad. La entrevista se realizó en los Tribunales Federales, donde los legisladores llevaron también el mandato de la Cámara para que se garantice la seguridad de querellantes y testigos en las causas por violaciones de derechos humanos, pero también para que el Estado depure de sus filas a represores y cómplices de la dictadura.

"Hemos pedido que se trate de obrar especialmente en relación a quienes están más desprotegidos que son los testigos y los querellantes para que tengan un marco de seguridad. Tenemos que garantizar que todo aquel que tenga algo para decir, pueda hacerlo en un marco de respeto a la ley, a la justicia y de seguridad", dijo el presidente de la comisión, el socialista Raúl Lamberto.

"Acá hubo cierta ingenuidad del gobierno en pensar que el aparato de inteligencia y de seguridad que operó durante la dictadura estaba desmantelado", apuntó la diputada del ARI, Alicia Gutiérrez.