El reproche público ante la decisión del Colegio de Abogados de Rosario de no participar del Plan Estratégico de la Reforma del Poder Judicial llegó muy fuerte de parte del ministro de Gobierno de la provincia Roberto Rosúa que calificó como "falso" el argumento que esgrimió la institución en cuanto a que el proceso de reforma de la Justicia "no es transparente y participativo". Rosúa dijo a través de un comunicado que "no se entiende" el proceder del Colegio "salvo que sea un acto de militancia política partidista en violación a las normas estatutarias...". Desde la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la provincia Rafael Gutiérrez no quiso opinar sobre la resolución del colegio rosarino pero una alta fuente del Tribunal criticó la decisión de la institución que preside Arturo Araujo que el 10 de mayo pasado firmó el convenio de participación y a quien se le explicó que se podían incorporar todos los temas, para el caso los que tienen que ver con los mecanismos de designación y remoción de jueces, pero también que no se excluirían otros, precisamente el del mencionado como 'estado judicial'. Desde la Facultad de Derecho de Rosario su decano Ricardo Silberstein manifestó que sentía cierta "desazón" ante las posiciones "muy diferentes" que sostuvo el Colegio de Abogados y Angel Baltuzzi copresidente de la Comisión de Reforma del Código Procesal Penal lamentó que se deje pasar una "oportunidad de participación tan importante".

"Carece de veracidad, y por lo tanto es falso, que el proceso de reformas del sistema de Justicia no tenga transparencia", expresó Rosúa cuando señaló que es la primera vez que se logró consenso para la reforma entre los tres poderes del Estado, cuatro de los cinco colegios de abogados de la provincia, dos colegios de procuradores y las universidades públicas y privadas de Derecho. Por supuesto Rosúa detalló que en las once comisiones se llevan adelante proyectos de "reformas sustanciales como la del Código Procesal Penal y que los temas que se mencionan como causa de la no participación, designación y remoción de jueces, "ya están siendo tratadas en las diversas comisiones". En cuanto a la exigencia "con carácter de veto que se formula respecto del Estado Judicial" -se trata de la posibilidad de que los magistrados jubilados se reincorporen a la actividad y reciban algún tipo de asignación complementaria- Rosúa sostuvo que él mismo no participa del criterio de "implantación" de ese estado, pero señaló la oportunidad de confrontar ideas y debatirlas "sin caer en actos de autoritarismo reñidos con el ejercicio democrático". Por último el ministro de Gobierno lamentó que se pretenda excluir a más de 6.400 abogados por medio de una asamblea "en la que se expresaron alrededor de un escaso centenar de colegiados" y embistió en especial contra Araujo que firmó el acta constitutiva del Consejo Rector. Rosúa sostuvo que la decisión de la asamblea que "da por tierra y rectifica" lo hecho por Araujo no se entiende a menos que sea "un acto de militancia política partidista en violación a las normas estatutarias de esa misma institución y como adhesión a una campaña tendiente a desprestigiar el trascendente proceso de reformas del sistema de Justicia promovido por el gobierno provincial, único en su tipo en el país...".

La decisión del Colegio de Abogados de Rosario generó otras expresiones que la calificaron al menos como difícil de entender. Ricardo Silberstein, desde la Facultad de Derecho de Rosario dijo a Rosario/12 que le llamaba la atención que primero el Colegio firmara el acuerdo, que luego presentara una nota con la inclusión de temas que desde la facultad también se consideran importantes y cuando se aclaró que se iban a tratar "se resolvió no participar...Son posturas muy diferentes".

Desde su lugar de representante del Poder Ejecutivo en la Comisión de Reforma del Código Procesal Penal y copresidente con el camarista santafesino Julio de Olazábal de ese ámbito, Angel Baltuzzi sostuvo que "la tarea fue ampliamente participativa con 17 miembros" de los otros cuatro colegios de Abogados, y las instituciones que nuclean a magistrados, procuradores y los representantes de las facultades públicas y católicas de Rosario y Santa Fe. "Reconozco el derecho del Colegio de Rosario de abstenerse pero lamento que lo haya hecho porque se trata de una oportunidad única que se dejó pasar".