Un grupo de internos de la Cárcel de Coronda que venía protestando desde hace dos semanas levantaron ayer la huelga de hambre, tras llegar a un acuerdo con las autoridades de ese penal. Los internos, alojados en los pabellones 13 y 14, reclamaban aceleración de las causas y la implementación del régimen de salidas transitorias básicamente. La decisión fue tomada luego que los detenidos dialogaran con miembros de la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) que medió para evitar que se agudizara el conflicto. "Fue gran esfuerzo por parte de los delegados", según apuntó Federico Garat de la CTC. Por su parte el director del Servicio Penitenciario, Jorge Bortolozzi, explicó que "lo que descomprimió la situación fue la fijación de salidas transitorias, que es una modalidad aplicada en la mayoría de los casos para los reincidentes que prevé cinco horas de libertad una vez por mes, acompañados por dos efectivos de civil, hasta agotar la condena". También se fijó el régimen de salidas extraordinarias de Navidad y Fin de año, que en el caso de quienes no fueran reincidentes se suman 24 horas más -tendrán tres días-, y quien tenía 24 horas tendrá dos días completos, siempre de acuerdo a sus méritos".

Las protestas habían comenzado con la ausencia a los talleres y finalizaron con una huelga de hambre que se levantó el viernes al mediodía, tras reunirse en forma individual con el juez que instruye en el Penal, Julio César Arri. Tras la reunión, cerca de 10 internos reincidentes lograron obtener permisos de salida transitoria de 5 horas mensuales acompañados por dos efectivos de civil, mientras que quienes deben trasladarse varios kilómetros hasta domicilios, como es el caso de algunos internos que viajarán a Buenos Aires en 48 horas, tendrán mayor flexibilidad en los horarios.

Desde la CTC, Garat remarcó que "las protestas se llevaron adelante sin violencia, a partir del gran esfuerzo de los delegados, que iniciaron un proceso en el que comienzan a tener contacto con los delegados de otros pabellones, y por lo tanto empieza a haber información entre ellos, y por lo tanto los fantasmas se van yendo".

Además, puntualizó que en el último tiempo "se han podido generar reuniones entre las dos alas -la Norte y la Sur- que luego de los incidentes del 11 de abril de 2005 dividen a los internos de acuerdo a si provienen de Rosario o de Santa Fe", aunque aclaró que desde la Coordinadora creen que los conflictos no tienen que ver con el lugar de procedencia.

"En este marco -continuó- las autoridades del Servicio Penitenciario decidieron que las dos alas tengan el mismo día de visita para el día domingo -tanto en el 24 como en el 31- con algunas consideraciones particulares en cuanto a la seguridad. Lo cual me parece importante porque es la primera vez después de los incidentes del 11 de abril, que van a tener una visita en forma conjunta todas las personas privadas de la libertad en la Cárcel de Coronda".

En relación a la vinculación entre los internos de ambas alas para reclamar el aceleramiento de las ejecuciones penales para las salidas transitorias, Garat señaló que "parte de esto es la conformación de una mesa de diálogo en que haya actores externos, que estemos nosotros y las principales autoridades del Servicio Penitenciario. Eso es lo que va conformando una situación de bajar el umbral de violencia que implica el sólo hecho de estar privado de la libertad". Y aclaró: "A una persona que entra en la cárcel en nuestro país se le eleva de 10 a 15 veces la posibilidad de una muerte violenta".

Sin embargo, más allá de los acuerdos particulares, hay un reclamo general vinculado a la falta de información y al trato que reciben por parte del magistrado, quien está ocupando el primer lugar en el proceso de selección para asumir el cargo definitivo. Así, si el gobernador Jorge Obeid y la Legislatura ratifican esta decisión del Consejo de la Magistratura, podría quedar en forma definitiva como juez del Penal.

Garat aseguró que "el aceleramiento de las causas es un problema real", pero destacó que "hay que tener muy en cuenta la figura del juez de ejecución y el constante reclamo que están teniendo las personas que están privadas de la libertad en Coronda, desde la asunción en forma provisoria del juez Arri, con respecto a los distintos pedidos legales que se le efectúan, la demora en el tiempo y también el mal trato que reciben y la falta de información. Digamos, una actitud que se encuentra lejos del lugar mínimo indispensable que uno le puede pedir a un magistrado".

La función del juez es "velar por que se cumpla el régimen disciplinario, las condiciones mínimas que tiene que tener cualquier persona privada de la libertad, controlar los pedidos de libertad que se le efectúan, controlar las situaciones de irregularidades que también se le solicitan", detalló Garat, e informó que "todo esto es un reclamo constante que hacen (los internos) contra este juez en particular".

Por su parte el diputado Raúl Lamberto, que visitó el Penal cuando comenzó el conflicto, informó que los internos de los pabellones 1 y 2 denunciaban que "el Servicio Penitenciario aplica para regular la faz de confianza un criterio que no está fijado en la legislación. Es decir que se atiene más bien a una práctica y a los reglamentos que a lo que dice la Ley.

En relación a los reclamos de salidas transitorias que solicitaban desde los pabellones 13 y 14, Lamberto aseguró que "hay un criterio que tiene el juez que es muy cuestionado por los reclusos" y consideró que "en estos casos se debe aplicar la Ley y reglamentar todo lo que es el proceso de ejecución de penas para que haya menos margen de discrecionalidad y subjetividad".

Informe: Paula Kearney