Finalmente, la causa IBM-Banco Provincial de Santa Fe, una de denuncias de corrupción más emblemáticas de la historia santafesina reciente no prescribirá. Por decisión de la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario, la Justicia seguirá investigando los supuestos ilícitos registrados en el marco de la adquisición de equipos informáticos por parte de la entidad crediticia que en aquel entonces (1991) pertenecía al Estado. En rigor los camaristas hicieron propio el criterio impulsado por la Corte Suprema de Justicia provincial, cuyos integrantes objetaron oportunamente los argumentos esgrimidos por jueces rosarinos para archivar las actuaciones del expediente donde se recopilaron pruebas en torno a las anomalías del proceso licitatorio: haber adjudicado la compulsa por encima de los valores de mercado, no aceptar la oferta más baja y modificar los pliegos a favor de la compañía norteamericana.

Los camaristas Ramón Ríos, Juvencio Mestres y Guillermo Fierro confirmaron ayer el fallo de primera instancia que había declarado oportunamente que la causa "IBM﷓Banco Provincial" no debía prescribir.

Aquella decisión del juez Julio César García había sido apelada. Los integrantes de la Sala I de la Cámara de Apelación Penal- en disidencia con el magistrado- consideraron que la causa efectivamente había prescripto, teniendo en cuenta los nuevos tiempos procesales tras la reforma al Código sancionada por el Congreso.

Más tarde, el Ministerio Público apeló esta resolución de la Sala I ante la Corte Suprema de Santa Fe. El máximo Tribunal provincial aceptó el recurso extraordinario de la fiscalía y remitió a la Sala II las actuaciones para juzgar nuevamente el tema recurrido, de acuerdo con las pautas establecidas por la Corte Suprema.

Ahora, la resolución de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal confirma la decisión original del juez de Sentencia y revoca lo dispuesto por la Sala I. En concreto, permitirá retomar la investigación tras meses de parálisis por la controversia procesal.

La causa se inició hace doce años. Se investigaron las irregularidades de una licitación que ganó IBM Argentina en 1991 para proveer equipamiento informático al ex Banco Provincial. La denuncia cuestionó tanto la instalación de equipos "no necesarios" para el funcionamiento del sistema bancario como el "direccionamiento de la concesión".

El juez que instruyó la causa, Carlos Carbone, procesó a dieciocho personas, entre ellas a Marcelo Cattáneo, de la firma Consad (subcontratista de IBM), quien apareció ahorcado el 4 de octubre de 1998 en Buenos Aires. El magistrado hizo lo propio con seis ex directivos del banco. La resolución fue apelada y, en febrero de 1998, la Sala I de la Cámara revocó la mayoría de los procesamientos.

Cinco personas terminaron con procesamientos confirmados por administración fraudulenta: Nicolás Baclini, ex presidente del banco, Gustavo Soriani, ex vicepresidente de lBM Argentina, Juan Mongini, ex gerente de la sucursal Rosario, Liliana Almozny, por Consad (proveedora del software), y Carlos Schillagi (Computacional 3).