El ministro de Gobierno de la provincia, Roberto Rosúa admitió que cerca de 500 testigos de causas federales en Santa Fe (entre ellas las causas por violaciones a los derechos humanos), "podrían encontrarse en riesgo ante al avance de estos expedientes en la justicia". El jefe de la cartera política hizo referencia al tema para manifestar "una situación que preocupa seriamente a la provincia". El ministro recordó que Santa Fe adhirió al Programa Nacional de Protección de Testigos, y que "en poco tiempo más daremos a conocer una resolución del Ministerio de Gobierno, que está en etapa de elaboración, convocando a una acción desde el Estado para desarrollar una tarea de protección de los testigos que se encuentran en riesgo".

El ministro de Gobierno señaló que "hay un Programa Nacional de Protección de Testigos, que arranca en el año 2003 y que abarca la protección de testigos y de denunciantes en determinadas circunstancias, y que abarca un gran espectro de los delitos Federales", y agregó que "en este asunto estos testigos están en situación de exposición con motivo del avance que se ha dado en las causas que se tramitan en la Justicia Federal y el impulso que tomaron a partir de la derogación de la Leyes de Obediencia Debida y Punto Final", puntualizó, e hizo referencia a hechos concretos "como son los casos de Jorge Julio López y Luis Gerez, y las amenazas recibidas por los Fiscales, Jueces y Testigos de cargo, algunos de los cuales son fundamentales en el desarrollo de esas causas".

En este sentido, la Provincia, "enmarcada en su política de respeto a los Derechos Humanos y de persecución de los violadores de los Derechos Humanos, que se combina con la política nacional en esta materia lanzada desde el comienzo de su gestión por el Presidente Kirchner, adhiere al Programa de Protección de Testigos que se hizo desde la Nación y que también se instrumenta desde la provincia de Buenos Aires", aseguró Rosúa, quien además anticipó que "en pocas horas se va a conocer una resolución del Ministerio de Gobierno, que está en etapa de elaboración, convocando a una acción desde el Estado para desarrollar una tarea de protección de los testigos que se encuentran en riesgo".

Rosúa aseguró que "a nivel nacional se habla de alrededor de 7.000 personas "consideradas testigos en riesgo. En la provincia de Buenos Aires, "se computan alrededor de 2.000 testigos en situación de riesgo. Y en la provincia de Santa Fe, con los datos que nos dan las fiscalías de los distintos tribunales y las fiscalías de la Cámara Federal, más la que recoge la Secretaría de Estado de Derechos Humanos, estamos hablando de entre 450 y 460 personas que podrían, eventualmente, encontrarse en situación de riesgo".

En cuanto a las medidas de seguridad implementadas para protegerlos, las provincias de Santa Fe y Buenos Aires trabajan en forma conjunta. "A nivel nacional hay toda una gama de procedimientos, pero a nivel de la provincia de Buenos Aires y Santa Fe estamos proponiendo medidas que pasan, en primer lugar, por la aceptación que tienen que dar los propios testigos, es decir, muchas veces hay resistencia de los testigos a ser objetos de custodias personales. Por muchas razones: por preconceptos respecto de la policía -que nosotros tratamos de aventar sobre la base de toda una política que se viene haciendo desde el inicio de la primera gestión de Obeid, de una purificación o saneamiento de las fuerzas policiales de sus resabios de la época dictatorial-, a situaciones de otro tipo como son las que hacen a la intimidad y a la discreción, es decir, una persona con una custodia personal, permanente, pegado al lado, pierde libertad y privacidad, entonces algunos se resisten", explicó Rosúa.