Domingo, 4 de marzo de 2007 | Hoy
Ex inundados plantearon un recurso de inconstitucionalidad que el juez Patrizi se vio obligado a conceder. El Alto Tribunal definirá la suerte del ex gobernador Reutemann por su responsabilidad por la catástrofe de Santa Fe.
Desde Santa Fe
La Corte Suprema de Justicia de la provincia deberá intervenir en la investigación de la catástrofe del río Salado en un recurso de inconstitucionalidad que plantearon los esposos Jorge Castro y Milagros Demiryi, actores civiles en la causa, ante la negativa del juez Jorge Patrizi (Instrucción 8ª) de aceptar pruebas que involucran a Carlos Reutemann y sentar a éste en el banquillo de los acusados. El recurso fue concedido por el propio Patrizi después de descartar las pruebas que el matrimonio pretendía sumar al proceso y rechazar el pedido de indagatoria de Lole. Ya en octubre del año pasado, los Castro presentaron la declaración ante escribano público de tres testigos -de identidad reservada- que "demuestran, entre otras cosas, que día 29 de abril de 2003, a las 9.30 o antes, el entonces gobernador de la provincia sabía que la zona donde se produjo más muertes como consecuencia del estrago, inexorablemente y a la brevedad, iba a quedar bajo las aguas, como efectivamente ocurrió", denunció el matrimonio.
El 19 de abril del año pasado, Patrizi procesó por supuesto "estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas" a tres ex funcionarios de Reutemann: el ex ministro de Obras Públicas, Edgardo Berli; el ex director de Hidráulica, Ricardo Fratti y el ex intendente de Santa Fe, Marcelo Alvarez. Pero eximió de culpa y cargo a Lole con un argumento con el que insistió varias veces. "No se encontraron elementos suficientes para sospechar" del ex gobernador y acusarlo. En la misma resolución, Patrizi decretó la "falta de mérito" para otros siete ex funcionarios que estaban imputados, entre ellos el ex secretario de Obras Públicas de la provincia, Carlos Gómez Galissier; el ex administrador de Vialidad Provincial, José D'Ambrosio y el ex director de Defensa Civil, Carlos Filomena, que después fueron sobreseídos en la causa. El 15 de agosto, la Cámara Penal de Santa Fe (Sala I) confirmó el procesamiento de Berli, Fratti y Alvarez y volvió a dejar al margen del proceso a Reutemann.
Los esposos Castro habían ofrecido la primera batería de pruebas en la causa el 3 de julio, cuando solicitaron la indagatoria de Reutemann y de su ex ministro de Gobierno y hoy jefe de asesores en el Senado de la Nación, Carlos Carranza, entre otros. Pero el juez se tomó tres meses para rechazar el pedido, el 3 de octubre, con el mismo argumento que había planteado seis meses antes, el 19 de abril. "En el estado actual del proceso no existen elementos suficientes para sospechar del ex gobernador".
Esta "incongruencia" del juez de descartar -por un lado- las pruebas que se acercaron a la causa y rechazar -por el otro- el pedido de indagatoria de Reutemann por falta de pruebas "causa estrépito", replicaron los Castro en el escrito que presentaron en octubre.
Un mes después, el 27 de noviembre, el matrimonio planteó un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema que el juez Patrizi se vio obligado a conceder. "La importancia de esto es que el juez reconoció que se puede estar lesionando irreparablemente nuestros derecho de justicia como actores civiles y damnificados", dijo Jorge Castro por la emisora LT10.
"Además, se abre una nueva etapa en la causa -explicó- porque esta resolución estaría cuestionando todas las anteriores y debería llevar al nuevo fiscal de la causa (Norberto Nisnevich) ante esta decisión del juez que se pueden haber lesionado derechos de nuestro pedido de justicia, a dictar medidas urgentísimas de investigación, que nosotros le vamos a exigir y a solicitar, para que todos aquellos que no han declarado en la causa sean convocados ahora en base a las pruebas que nosotros hemos presentado y que en su momento el juez Patrizi no aceptó", reveló Castro.
"Vamos a pedirle también a la Corte Suprema que actúe en forma acelerada dada la importancia que esta causa tiene para Santa Fe y la cantidad de damnificados que hubo en la catástrofe de 2003. Nosotros creemos que este es un hecho muy positivo y nos hace pensar que después de cuatro años hay que seguir en la lucha", afirmó el querellante.
-Entonces, ¿el expediente irá a la Corte Suprema?
-Así es. Ahora, la Corte Suprema deberá resolver si el juez Patrizi ha lesionado nuestros derechos constitucionales, lo cual provocaría un giro radical en la causa. Nosotros creemos que las pruebas que hemos presentado irán contra los máximos responsables: Reutemann y también los funcionarios del gobierno anterior (de Jorge Obeid) que inauguró la obra (inconclusa de la defensa oeste). Pero revelan también las falencias insoslayables y gravísimas que tuvo la investigación del entonces fiscal Favaretto, que hoy es juez -contestó Castro.
"Si en este causa, hay algún responsable que no es investigado y se demuestra por las pruebas que quedó fuera del expediente, ese es un daño irreparable que no se puede reparar más. En estos cuatro años, tanto los dos jueces (Diego de la Torre y Patrizi) como los dos fiscales (Favaretto y el Nisnevich) tenían elementos y prerrogativas suficientes como para profundizar mucho más la investigación que lo que hicimos nosotros con los pocos medios que poseemos. Nosotros presentamos pruebas suficientes como para que Reutemann sea llamado a indagatoria, para que se investigue los orígenes de la obra, por qué se inauguró una obra inconclusa, por qué se pagó, quién auditó y en base a qué criterio de ingeniería fue concebido un terraplén que venía a una altura de 16 metros con 50 y de golpe bajaba a 4 metros sobre un tapial", por donde ingresó el agua aquel fatídico martes 29 de abril de 2003, concluyó Castro.
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