El gobernador Jorge Obeid envió ayer a la Legislatura el segundo paquete de leyes para modernizar la justicia santafesina: un nuevo Código de Faltas que despenaliza la prostitución, los ataques al pudor y el travestimo, pero incluye como nuevas contravenciones a los piquetes y a la discriminación; una ley del Ministerio Público que dejará en manos de los fiscales la investigación de las causas y un ley de Mediación como alternativa para resolver conflictos ﷓de carácter patrimonial o extrapatrimonial﷓ de manera más rápida, económica y simple. "La mecánica de resolución de conflictos propuesta en el nuevo sistema coloca a Santa Fe entre los Estados más avanzados del mundo y provocará el inmediato descongestionamiento de todo el sistema judicial de la provincia", proclamó el ministro de Gobierno, Roberto Rosúa. Una ilusión política. La reforma deberá pasar antes por la Legislatura que en este segundo turno de Obeid se convirtió en un saco roto, a pesar de que el PJ tiene mayoría automática en ambas Cámaras: el proyecto del gobernador de libre acceso a la información pública nunca salió del Senado; los intentos de despenalizar la prostitución para sacarle a la Policía la caja negra duermen desde hace tres años en Diputados y el primer paquete de la reforma judicial que Obeid remitió en diciembre como primer tema de las sesiones extraordinarias tampoco fue tratado. Y esto por citar algunos ejemplos, porque hay más.

Obeid firmó ayer los tres mensajes -el nuevo Código de Faltas, la ley del Ministerio Público y de ley de Mediación- en un acto en el Salón Blanco de la Casa Gris, rodeado de su gabinete, los ministros de la Corte Suprema y un auditorio repleto de jueces. Una puesta en escena similar a la de diciembre del año pasado cuando recibió el nuevo Código Procesal Penal ﷓que incorpora el juicio oral y público en la provincia﷓ y después mandó a la Legislatura como parte de la agenda de sesiones extraordinarias que termina esta semana. En estos cuatro meses, el proyecto nunca fue considerado.

Más tarde, Rosúa se encargó de ponderar el ajuste al Código de Faltas para acercarlo a la realidad. "Se trabajó junto a organizaciones sociales de diversas áreas, evaluando sus opiniones al momento de la redacción de los artículos que les incumbían. Y como resultado, podemos destacar la derogación de figuras jurídicas como el travestismo y ataques al pudor", dijo el ministro de Gobierno.

"La reforma estipula que la prostitución sólo será considerada contravención cuando se perturbe la tranquilidad o provoque disturbios y ante la denuncia de la persona afectada o bien cuando las acciones las inicie el Ministerio Público, quitándole toda participación (en el proceso) a la autoridad policial", agregó.

El Código de Faltas vigente tiene tres artículos que están en la picota desde hace mucho tiempo: 83, 87 y 93 que castigan la prostitución escandalosa, las ofensas al pudor y el travestismo y facultan a la Policía a intervenir para velar por las "buenas costumbres". Los proyectos para derogarlos se sucedieron desde hace más de tres años, después del asesinato de la líder de Ammar, Sandra Cabrera, pero nunca fueron discutidos por las Cámaras.

Ahora, en esta nueva iniciativa de Obeid la prostitución sólo será una falta cuando moleste a un tercero y si este tercero formaliza la denuncia. Pero, incluso en esa situación, la Policía también quedará afuera porque el reclamo deberá realizarse en la Justicia y no en la comisaría, como hasta ahora. Una forma de mantener a la Policía lejos de la oferta de sexo por dinero.

La reforma incorpora también al Código de Faltas otras figuras como la discriminación por raza, sexo, religión, en lugares de acceso público (bares, clubes, comercios) y los piquetes cuando no sea el ejercicio de un derecho constitucional, no se solicite autorización con anticipación ante la autoridad competente y se produzcan molestia a terceros. "Los jueces han entendido que los piquetes no son delitos si hay una ruta alternativa que pueda utilizarse. En consecuencia, si no es delito, podría ser falta si además de interrumpir la ruta, el piquete puede generar, por ejemplo, molestias a un grupo de vecinos. ¿Quién dispondrá la calificación? Y lo dejamos librado al Poder Judicial", explicó Rosúa.

-¿Usted cree que esta reforma puede salir de la Legislatura, más en este año electoral? -le preguntaron.

-El año electoral es uno de los riesgos que presenta cualquier acción legislativa. Pero al mismo tiempo puede ser un aliciente para algunos sectores de la Legislatura de abocarse a dar sanción a algunas reformas como éstas que estamos hablando y que son un reclamo social -contestó el ministro. Un claro mensaje para la bancada oficialista.