Un incremento del 230 por ciento en las denuncias por violencia familiar entre el año 2000 y 2005 en la provincia de Santa Fe, que aumentaron de 526 a 1730, es uno de los datos que arroja el contrainforme elaborado en octubre del año pasado por un equipo de Cladem Argentina integrado por Gloria Schuster, Marité Yanos y Edurne Cárdenas. El documento, de alcance nacional pero con un estudio especial sobre la provincia, señala que en Santa Fe falta infraestructura adecuada a nivel judicial para atender la violencia de género, y alerta sobre la demora en la adopción de medidas que, según establece la ley, deben dictarse de manera urgente (como la exclusión del hogar del agresor). Estas conclusiones serán analizadas esta semana en Buenos Aires, donde se reunirá el comité de Expertas y Expertos del Mecanismo de Seguimiento (OEA) de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como "Convención Belém Do Pará".

Esta convención, aprobada en junio de 1994 por la Organización de Estados Americanos, contiene mecanismos de protección de los derechos contemplados. Y define a la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos, al tiempo que obliga a los Estados parte a adoptar medidas progresivas para modificar los patrones socioculturales que sostienen las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. En ese marco, Cladem realizó una investigación que toma uno por uno los puntos de la Convención, y analiza su cumplimiento. En el caso de Santa Fe, se basó en el trabajo de Insgenar "Construyendo ciudadanía, por el derecho a una vida sin violencia", realizado en 2004, al que sumó otros datos de elaboración más reciente.

El informe establece, por ejemplo, que en el primer semestre de 2006 se plantearon 875 casos en los Tribunales de Familia santafesinos, lo que significa 5 denuncias diarias por hechos de violencia dentro de la familia. En promedio, hay un pedido de exclusión de hogar de hombres maltratadores cada tres días. A la hora de analizar estos datos, es importante tener en cuenta que la ley de violencia familiar (que a despecho de las sugerencias de la Convención, no se refiere específicamente a la mujer) es reciente en la provincia: fue aprobada en 1997, pero recién se reglamentó en 2001.

Lo más interesante del contrainforme son los obstáculos que encuentran las mujeres para que el Estado atienda su situación. Señala que muchas falencias en la atención judicial a las víctimas derivan "de considerar a la situación de violencia como un conflicto familiar y no como una violación de derechos humanos".

En la Justicia santafesina, el trato a la mujer víctima de violencia depende en gran medida del azar, pese a la existencia de una ley que regula cómo debe atenderse. "El abordaje de las presentaciones por violencia familiar es alarmantemente dispar, puesto que se interpreta e implementa la norma de manera diferente, según el distrito judicial de que se trate, y aún dentro de la misma jurisdicción", estipula el documento, que insiste: "La víctima de violencia depende del criterio del magistrado o magistrado de su localidad/pueblo/comuna. La primera consecuencia que se deriva de esta disparidad de criterios es la demora en la adopción de las medidas que, según establece la ley, deben dictarse de manera urgente".

El contrainforme toma además las declaraciones de agentes judiciales, en las que se evidencia la falta de capacitación, y muchas veces de interés, en la problemática. "En muchos casos se verifican demoras, reticencia o directamente negativa por parte de los operadores de justicia para aplicar las medidas autosatisfactivas que les son requeridas de acuerdo a cada situación, generando desprotección de las víctimas. La desaprensión por llevar adelante estas medidas encuentra muchas veces sustento en un prejuicio asentado en la creencia de que las mujeres reincidirán en la relación", indican las autoras del contrainforme, sobre la base de las entrevistas con operadores de justicia. "Desvalorizar la aplicación de la ley por la respuesta a veces ambivalente y aparentemente contradictoria de algunas mujeres, significa desconocer aspectos fundamentales de esta problemática", afirman.

"Se considera que el tiempo que se emplea en Tribunales es extenuante, caracterizado por largas esperas, malos tratos, demoras del sistema y respuestas incomprensibles, generando muchas veces un proceso de revictimización", explica el informe de Cladem.