"Habiendo ordenado mediante resolución Nº 2786/04 la realización de las elecciones en Ñuls, previa depuración del padrón de socios con intervención de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ), dándole participación a las agrupaciones que se presentaron a elecciones, quien afirme que por mi culpa no hubo ni hay elecciones miente descaradamente", con esta afirmación el juez Civil y Comercial Nº 10, Eduardo Oroño, decidió pronunciarse por primera vez sobre el laberinto judicial en que quedó atrapada la vida democrática del club. Entre recusaciones, resoluciones, impugnaciones y apelaciones, los leprosos aún esperan por la convocatoria al cuarto oscuro, prevista por el estatuto para el diciembre de 2004, pero postergada ya en tres años y medio por la indiferencia de la institución que integra el polémico magistrado.

El insólito culebrón judicial tiene como punto de partida el 28 de abril de 2004, día en que la IGPJ, por entonces a cargo de Niel Puig, resuelve por decreto solicitar ante el juzgado la "suspensión de todo acto institucional con participación de asociados", respaldado esto por la "falsa información" y el "incumplimiento" por parte de la dirigencia del club respecto al registro de socios. Después vino la impugnación por parte de López de la listas opositoras por presentar "avales truchos", denuncia que terminó con el sobreseimiento de todos los dirigentes opositores y la irrupción del magistrado en cuestión.

"El único tema sometido a mi consideración fue el modo en que se llevaba el listado de socios: `a mano' (como indica un decreto provincial para las asociaciones sin fines de lucro), o `informáticamente' (por computadora, como lo hacía el club), y si existía o no un estado de incertidumbre al no definir IGPJ claramente cuál debía ser el sistema correcto de confeccionarlo y qué recaudos se debía tomar para evitar su adulteración. Toda otra cuestión (estado de la pileta de natación, de las canchas de tenis, las disciplinas deportivas, las finanzas del club, la venta de jugadores, las divisiones inferiores, etc.) no fueron temas sometidos a mi consideración", aclara Oroño en el descargo del cual tuvo acceso Rosario/12.

El magistrado, que viene siendo escrachado por los "socios autoconvocados" con pegatinas de afiches cuyas leyendas dan cuenta de acusaciones que rozan el dolo profesional, no sólo busca defender su idoneidad como funcionario judicial, sino que además embiste con firmeza contra los anónimos: "El que conoce de irregularidades que no fueron sometidas a mi consideración y no las denuncia ante quien resulte competente, debería explicar a la sociedad por qué consiente con su silencio las irregularidades que dice combatir, además de incurrir (según las `irregularidades' de que se trate, y si existieran) en delito de encubrimiento".

El principal punto de conflicto entre los socios y el juez descansa en la disyuntiva judicial abierta por la resolución de la doctora María Mercedes Serra, del 3 de mayo de 2004, donde resuelve hacer lugar al pedido de IGPJ de suspender "todo acto institucional". Al respecto, Oroño aduce: "Cualquier abogado sabía que se podían realizar elecciones en el 2004 previa depuración del padrón. Y sabiendo que la resolución de la jueza a la que aluden ordenaba `impedir todo acto institucional' al sólo efecto de dar imperatividad a la IGPJ (prohibición expresa de realizar elecciones, destrabada por mi resolución), hizo creer a las agrupaciones opositoras que era conveniente no hacer elecciones. Pero el que sostuvo ello mintió descaradamente e indujo a error a las agrupaciones opositoras, que ya habían aceptado ante el suscripto (el juez) depurar los padrones con intervención de IGPJ (casi 3 meses antes de las elecciones), oponiéndose luego el día de la audiencia convocada para formalizar de común acuerdo el mecanismo de depuración".

En el escrito Oroño se dirige a los abogados que patrocinaron a las listas opositoras. Y es a ellos a quien desafía: "Siendo abogados tienen cabal conocimiento de las irregularidades que se me imputan y en lugar de denunciarlas y/o solicitar un Juris se limitan a instar pegatina de carteles, tirar volantes y enviar mails, escudándose en el anonimato y en el accionar de menores y/o inimputables y/o insolventes, actúan irresponsablemente y confunden arteramente a la opinión pública, con fines que deberían explicar. La sociedad merece que esos abogados prestigiosos y `solventes' avalen con su trayectoria y su patrimonio las denuncias y Juris en mi contra, asumiendo las responsabilidades civiles y penales pertinentes".

"La sociedad tiene derecho a saber quiénes y por qué inducen a error a socios e hinchas bien intencionados (y a la sociedad en general), haciéndoles creer que he impedido elecciones en Ñuls pese a haberlas ordenado expresamente, siendo el accionar incalificable de ese pequeño grupo de abogados inescrupulosos (y prestigiosos) el que ha impedido realizar elecciones, con el único objeto de tratar de lograr con extorsión y escándalo mediático lo que no se animaron a intentar por las urnas. Cabe aclarar que tanto Luis Boselli (fallecido recientemente) como Eduardo Bermúdez (candidatos por entonces a presidente por las agrupaciones que lideraban) querían participar en el 2004 en las elecciones aún cuando pudieran no ganar las mismas, ya que al menos tendrían participación en la Comisión Directiva, ejerciendo control. Habría que determinar quién los indujo arteramente a cambiar su decisión el día de la audiencia. El fin justifica los medios sólo para quienes aborrecen la democracia; ese lema ha ocasionado golpes, genocidios y atrocidades. Los jueces no podemos avalar cualquier `medio', por más loable que sea el `fin'. Demonizar al oficialismo del club no justifica repudiar la democracia. Tarde o temprano deberán someterse a las urnas, previa depuración del padrón tal y como fue expresamente ordenado", enfatiza Oroño en su descargo.

La sorpresiva irrupción pública del magistrado aparece en días donde prestigiosos socios del club elevaron al presidente de la Corte Suprema de la Provincia, Roberto Falistocco, una misiva donde dejan constancia de la inquietud que mantienen por la inexplicable situación judicial que atraviesa la entidad del parque Independencia, todo esto agravado por la expedita y eficiente actitud que adoptó la misma institución judicial con la problemática presentada el año pasado en Central. Esa preocupación fue acercada al titular de IGPJ, Pablo Clement.