El juez Luis María Caterina procesó ayer a seis ex integrantes de la Comisión Directiva de Central por "malversación de fondos", práctica que se realizaba por medio de la Asociación Mutual Siciliana Alcara Li Fusi. A los ex dirigentes, con Gonzalo Estévez a la cabeza, se les trabó un embargo de 200 mil pesos y se les dictaminó su prisión preventiva, la cual podrán evitar con petición de un pedido de excarcelación. Al ex presidente Pablo Scarabino, por su parte, se lo benefició por "falta de mérito".

A pocos días de que el presidente de Central, Horacio Usandizaga, acusara de "vago" y "perezoso" al juez Caterina, el magistrado resolvió ayer en una de las nueve causas que tiene bajo investigación a la anterior directiva auriazul. En dicho expediente la autoridad judicial intentó echar luz sobre la sospecha del pago de deudas ficticias, con el propósito de retirar dinero que le pertenecía al club para ser destinado a gastos que no tenían a la institución como beneficiaria. Estévez (ex secretario), Juan Dalbes (ex vicepresidente), Mauricio Salvo (ex tesorero), Marcelo Gastaldi (ex tesorero y vicesegundo), Omar de Fazio (ex protesorero) y Juan José Ubieta (ex síndico del club) fueron procesados, y a cada uno de ellos se les embargó bienes por 200 mil pesos, o en su defecto su inhibición general.

La simulación financiera --crear deudas para retirar dinero y engañar así a la jueza del concurso preventivo, Lialiana Giorgetti--, de la cual Caterina está convencido de haberse producido, fue por la suma de 1.040.000 pesos. Al ser indagados por el magistrado, Salvo negó las acusaciones y las vinculó a una "cuestión meramente política"; Gastaldi en primera instancia no aprovechó la oportunidad de explicar su protagonismo en la maniobra, pero luego se presentó al juzgado para "rechazar cualquier conducta ilícita"; Estévez negó las imputaciones "brindado diversas explicaciones"; Dalbes negó "la comisión de ilícito alguno"; Scarabino se abstuvo de declarar "sosteniendo que no se encuentran debidamente intimados los hechos supuestamente delictivos"; De Fazio negó "la comisión de ilícito alguno" y Ubieta se "abstuvo de prestar declaración".

Las pesquisas del juzgado dan con De Fazio como una pieza clave de los singulares hábitos financieros de la cual fue objeto el club, debido a la "llegada de un grupo inversor acercado por De Fazio", siendo Gustavo Marrone (empleado del club Echesortu, de donde proviene también el ex pro tesorero) uno de los vínculos externos.

A Scarabino no le caben culpas del orden penal, pero sí puede que

tuviera algún tipo de responsabilidad en el fuero civil, en el cual no tiene competencia Caterina. El ex presidente, al igual que Eduardo Ríos, otro tercero participante de las maniobras, fue beneficiado por "falta de mérito" básicamente porque cuando se cancela la deuda "ficticia" con la Mutual se encontraba de licencia. El pago de la acreencia se realizó con fondos provenientes de la venta de los jugadores Juan Ojeda, Cristian Villagra y Marcos Ruben. En su resolución, el magistrado dio cuenta del "ardid de hacer figurar a la Asociación Mutual Siciliana Alcara Li Fusi en carácter de acreedora".

La medida de Caterina no está firme y es pasible de apelación. Pero su resolución no debe entusiasmar a los canayas que esperan ver en prisión a quienes llevaron al club al caos institucional. Porque los profesionales que siguen de cerca las causas auriazules anticipan que los ex directivos podrán probar la veracidad del mutuo con Alcara Li Fusi (ninguna autoridad de la Mutual fue procesado y se cree que el verdadero acreedor era Gustavo Marrone, por eso también se lo procesa) y advierten que las investigaciones por las denuncias más comprometidas no progresan lo sugerido. Por caso, la causa más grave contra los ex directivos es la abierta por el convenio firmado con el inversor Wilfredo Scarpello (recordar que se le cedió el 13 por ciento de los porcentajes de los jugadores del primer equipo, entre otras concesiones, y se rubricó con una firma que no está registrada en el fisco), y sobre ella la Justicia aún no dispuso una sola medida tendiente a dilucidar el perjuicio sufrido por el club.