La justicia rosarina libró ayer una orden de captura y detención para Andrés "Pillín" Bracamonte, el líder de la barrabrava "canaya". La sala Nº 4 de Apelaciones, integrada por los jueces Darío Jucik y Fernando Acosta, confirmó la sentencia de la jueza Carina Lurati, que lo había condenado en diciembre del 2009 a dos años de prisión efectiva, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de amenazas coactivas a un empleado del club, a quien obligó a entregarle recibos de cuotas sociales. De esta manera, Bracamonte pudo participar de la Asamblea Extraordinaria de socios que se realizó el 1 de octubre para elegir la Junta Electoral encargada de controlar las elecciones Institucionales. El fallo fue posteriormente apelado por los defensores del barra, quienes ayer fueron notificados de la decisión judicial. Uno de sus abogados, Adrián Martínez, al ser consultado por este diario, dijo que le recomendaron que se presente, "y si lo hace será mañana (por hoy) o el lunes, pero lo que él resuelva corre por su intimidad".

Junio del 2010 será un mes que "Pillín" Bracamonte difícilmente pueda olvidar. Luego de haber sido deportado apenas pisó tierras africanas por sus antecedentes penales, los mismos que la justicia rosarina no tuvo en cuenta a la hora de autorizarlo a salir del país, la Sala 4 de Apelaciones confirmó ayer su procesamiento por lo que deberá cumplir una condena efectiva de dos años. En este marco, el abogado Martínez señaló que el barra "sabe que al presentarse va a quedar detenido, pero dependerá de la actitud que él tome".

A Bracamonte lo procesaron por amenazar a Pablo García, un empleado de Rosario Central, para que le entregara los recibos de cuotas sociales correspondientes al mes de septiembre de 2007. Así podía participar en la Asamblea Extraordinaria de socios que se realizaría el 1 de octubre para elegir la Junta Electoral encargada de controlar las elecciones Institucionales. Para ese fin, Bracamonte le entrega a García una lista de los socios de la zona de Granadero Baigorria, para que le entregue esos recibos.

Frente a la negativa de García, un analista de sistemas que trabajaba en la sede social de Mitre 853, y que dentro de sus funciones tenía las referentes a la emisión de las cuotas sociales, cuyos comprobantes él entregaba a los cobradores, Bracamonte le dice "que tuviera cuidado, que sabía a qué hora su hermano de 17 años iba a su casa"; por lo que el empleado, después de varios días de hostigamientos, la noche del 27 de setiembre de 2007 fue hasta el club, imprimió las cuotas y se las entregó al barra.

García realizó la denuncia ante la Fiscalía Nº 6, a cargo de Esteban Franicevich, quien hace unos días fue apartado por el Procurador General, Agustín Bassó, de todas las causas en las que estuviera implicado Bracamonte. Además, la Corte Suprema de Justicia provincial ordenó el inicio de una investigación, encargada al titular de la Cámara Penal de Rosario, Otto Grippa García, para saber si existió "alguna irregularidad" en la autorización judicial que le permitió al líder de la barra canaya salir del país.