A más de dos años de perder las elecciones en Ñuls, y a 18 meses de ser denunciado penalmente por la actual dirigencia del club, la Justicia citó para mañana al ex presidente leproso Eduardo López. La audiencia supone el primer paso jurídico en busca de dilucidar lo que sucedió con la administración de la institución rojinegra durante los 14 años de gestión de la anterior Comisión Directiva. La puja legal reposa en si la entidad se constituye en querellante en la causa, condición que ofrece mayores garantías para los denunciantes -en este caso las actuales autoridades de la institución- durante el proceso de investigación que deberá librar la magistrada que entiende en el expediente.

La jueza de Instrucción Raquel Cosgaya citó a Eduardo López, y al resto de sus ex compañeros de Comisión Directiva, para mañana a las 8.30 en el juzgado, lugar donde también se presentará el presidente de Ñuls, Guillermo Lorente, y el secretario del club, Pablo Morosano. En la audiencia, López deberá responder si acepta la figura de "querellante" para Ñuls, petición elevada por los abogados de la entidad que el 5 de mayo de 2009 denunciaron a la anterior Comisión Directiva de Ñuls por "administración fraudulenta".

La seria acusación contra las ex autoridades rojinegra se funda en pruebas que quedaron a la vista de todos al asumir el gobierno de Lorente: un club en condiciones edilicias paupérrimas y situación financiera ruinosa. El problema estructural se encuentra en lenta recuperación; el frente económico aún atraviesa una severa parálisis, con deudas por casi 70 millones de pesos, de acuerdo al primer análisis presentado por el Organo Fiduciario compuesto en el marco del Fideicomiso que atraviesa la entidad del parque Independencia.

Durante un año y medio no hubo novedades en la denuncia contra López y Cía. porque en primera instancia le rechazaron al club el pedido de ejercer como querellantes en la causa. La discusión llegó hasta la Corte Suprema de la Provincia, que se pronunció favorable al requerimiento, aunque para eso los abogados del club debieron replantear sus argumentos jurídicos.

Eso fue lo que ocurrió en el último semestre: Ñuls reformuló su planteo conforme sugerencia de la Corte Suprema y ahora la jueza Cosgaya es la que debe resolver, para lo cual citó a audiencia a las partes a fin de que tomen posición al respecto.

Se descarta que López va a oponerse a que los denunciantes, es decir el club, colaboren en la investigación con la fiscalía. Su rechazo deberá ser fundando jurídicamente, como harán los patrocinantes del club sobre su reclamo de asumir protagonismo en las futuras pesquisas. En esta discusión está en juego el futuro de la causa. Puesto que de ser Ñuls querellante podrá colaborar con las investigaciones, más aún teniendo en cuenta toda la documentación --entre ellas la auditoría-- que se reunió para presentar la denuncia contra los ex dirigentes leprosos.

Si bien sorprendió a muchos los laxos tiempos que se tomó la Justicia para expedirse en el diferendo, más sugestivo fue la posición de la fiscal Ana Rabin, quien en vez de peticionar que Ñuls asuma el rol que reclama, para así colaborar en su labor, dictaminó por el contrario y jamás le prestó atención al expediente, que recuperó actividad en los últimos días con la audiencia citada para mañana.