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Como consecuencia de la "fiscalización intensiva" dispuesta por Fiscalía de Estado en Central, la dirigencia "canaya" se pronunció, por escrito, por primera vez respecto al vínculo con Metronec S.A., empresa a la cual se la concedió la administración de los ingresos por cobro de cuota societaria, y que obligaba al club a firmar un acuerdo privado con la empresa de Buenos Aires para obtener los socios el nuevo carnet, promocionado como el "DNI Canalla". Los abogados dispuestos por la provincia dieron con el acta de reunión de Comisión Directiva donde se aprobó el sospechado vínculo, pero del contrato propiamente dicho aún nada se sabe. Con evasivas en las citaciones, los apoderados del club no presentaron la documentación, lo que amplía los fundamentos a la provincia para que se disponga intervenir sobre el acuerdo entre la institución y Metronec. Se comprobó que no hay copia en el club del polémico contrato y que la relación comercial con la empresa porteña fue aprobada en reunión de Comisión Directiva en ausencia del presidente Norberto Speciale.

Ante la resolución Nº 512 del 17 de junio, donde Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) ordenó auditar la documentación de Central, el 28 de junio los apoderados de Fiscalía se presentaron en la entidad auriazul para saber "¿desde cuándo se implementó el `DNI Canalla' y bajo qué instrumento jurídico se basó?", como así también para munirse de una copia del contrato con Metronec S.A., sistemáticamente negado al denunciante, el socio Pablo Bufarini, miembro de la agrupación Crece.

Los representantes de la provincia, Fabián Pereyra y Federico Di Stéfano fueron recibidos en el club por el secretario de actas Gustavo Battaglioti y uno de los apoderados de Central, Lisandro Araujo, hijo de Arturo, ex interventor de Central. En la ocasión las autoridades de la entidad confiaron que "en marzo se comenzó a invitar a los socios a que, si no desean, puedan canjear su viejo carnet", desestimando la imposición denunciada por los propios socios de firmar un contrato privado con Metronet para realizar el trámite de adjudicación del nuevo carnet, necesario para conservar su actual condición en el club.

De igual modo, Battaglioti y Araujo aclararon que la implementación del nuevo carnet "es un sistema inteligente que aún no está implementado (...) y que fue decidido en reunión de Comisión Directiva". Al pedir los funcionarios provinciales el acta de la reunión donde se validó el convenio, Araujo requirió "un plazo prudencial para aclarar específicamente los datos de dicha reunión".

Al extenderse el interrogatorio, en el marco de la fiscalización, Araujo se enredó y multiplicó dudas cuando le repreguntaron si es obligatorio para los socios el canje de carnet: "Hoy no (por el 28 de junio)", reconociendo implícitamente la veracidad de la denuncias de los socios que no pudieron completar el reempadronamiento sin firmar con Metronec. Dicha contradicción quedó asentada en el informe elevado a IGPJ por Pereira y Di Stéfano.

Finalmente Fiscalía tuvo acceso al Acta Nº 26, que tiene fecha del martes 1º de febrero, y fue refrendada por el vicepresidente Rubén Fernández. Allí los dirigentes reunidos en ausencia de Speciale, y de otros ocho dirigentes, designaron "a Gonzalo Sotelo responsable del Departamento de Registro de Socios" y aprobaron "por unanimidad la firma del contrato a celebrarse con la empresa Metronec S.A., el cual tendrá vigencia por 3 años". La duración del vínculo es el único dato objetivo que se desprende de la relación comercial, dado que copia alguna del contrato no fue archivada en la entidad.

El 20 de julio IGPJ citó para el 1º de agosto a Sotelo "a fin de prestar declaración testimonial e informe el contenido y texto del contrato con Metronec S.A.". Sotelo se excusó: "Me será imposible concurrir atento a que no me encontraré en la ciudad. A su vez, hago saber que tampoco podré estar a disposición el 2, 3, 10, 11 y 12 de agosto", contestó por escrito. Pereyra entonces postergó la citación a Sotelo para el pasado 5 de agosto, conforme concedían sus obligaciones.

Pero de Sotelo nada más se supo. En su nombre respondió en agosto Guillermo Mionnet, quien se identificó como "apoderado de Central", quien aseguró que "Sotelo no ha concurrido a nuestra institución desde antes de la fecha de notificación, pues se encuentra con licencia, y fuera de la ciudad, a la que regresará la semana entrante".