La movida institucional que terminaría por desestabilizar a Pablo Scarabino de la presidencia de Central tiene aristas sorprendentes para una entidad deportiva. Dirigentes con aspiraciones excesivas, representantes ambiciosos por extender poder en las divisiones inferiores, extorsiones, pactos, traiciones y hasta medios de comunicación con fuerte ascendencia en la opinión pública dibujaron una crisis que tiene como propósito la marginación del actual presidente. Scarabino aún no presentó su renuncia. Pero de dar un paso al costado sólo el vicepresidente primero Juan Dalbes sería fiel a quien lo acercó a la entidad. El resto de los directivos eludirán responsabilidades, incluso el secretario Gonzalo Estévez, y seguirán al frente de un club que arrastra una coyuntura financiera similar a la que obligó a pedir la convocatoria. Es que Central tiene un pasivo post concursal de 34 millones de pesos y una decena de pedidos de quiebra que preocupa a la jueza Liliana Giorgetti, quien entendió en la concurso.

El principio del fin. La conspiración pensada para desplazar a Pablo Scarabino de la presidencia de Central comenzó a urdirse en el primer trimestre del año. La causa penal (1065/03) que investigaba a la ex Comisión Directiva por "administración fraudulenta" gozaba de un juez (Alfredo Ivaldi Artacho) comprometido con las pesquisas. El magistrado era celoso con el trabajo de la perito Elida Pujato y se mostraba expeditivo para resolver cada una de las instancias que se le presentaban. Las investigaciones lograron reunir pruebas contundentes y tras las indagatorias eran inminentes el dictado de los procesamientos. Hasta que apareció en escena el empresario de medios de comunicación Orlando Vignatti, recusando al juez por haber cometido la "imprudencia" de citarlo a una testimonial.

El magistrado no resistió presiones externas y se inclinó por desvincularse del expediente aduciendo un argumento tan frágil como curioso: una nota publicada por este diario el pasado el pasado 31 de marzo. Desde entonces la causa ascendió a la Sala III, donde aún se encuentra sin definición.

Entre tanto, en el concurso preventivo algunos acreedores vinculados con Vignatti no pudieron verificar la acreencia reclamada. Simultáneamente, la investigaciones de Artacho desnudaron irregularidades en diversas operaciones que podían afectar intereses del empresario periodístico. Y fue en esta situación donde Scarabino cometió el error que lo llevaría a la actual situación.

Versiones coincidentes afirman que en la segunda quincena de marzo los principales dirigentes del club viajaron a Uruguay a sellar el acuerdo con quienes meses más tarde se los conocería como el "grupo inversor". En tierra charrúa se pactó congelar la causa penal y reconocer una deuda que no había superado la verificación correspondiente en el concurso, a cambio de "indulgencia periodística" y cobertura financiera para hacer frente a las urgencias económicas.

La administración. Las promesas electorales de saneamiento económico se cumplieron hasta el acuerdo de la convocatoria. Una vez que el club recuperó el pase de los jugadores y se comprometió a pagar las deudas heredadas en un plazo de diez años, la administración económica fue perdiendo profesionalidad para llegar a tener características muy similares a las que distinguía a la directiva que presidía Víctor Vesco. "En el club no hay ningún tipo de documentación. No se firman recibos, se desconoce a quién se le paga y dónde va a parar la plata que debe ingresar", confesó a este diario un directivo que conservará su cargo hasta que "pueda sacar la plata que tengo adentro". Las irregularidades administrativas tienen a la institución al borde de la quiebra, con un pasivo post concursal que supera los 34 minutos pesos, de los cuales alrededor de 15 se le debe a la Asociación del Fútbol Argentino. "En el club nadie pudo ver el acuerdo que se firmó con el grupo inversor. Y la verdad es que no queremos ni enterarnos de las condiciones en que se rubricó. Pablo (Scarabino) nunca hablaba de esas cosas. Cuando decía algo ya estaba todo hecho", apunta el dirigente.

De la mano del grupo inversión apareció en el club el abogado Gustavo Isaack, quien supo ofrecer sus servicios a ex dirigentes en la causa penal, representó en el concurso preventivo a una firma que reclamó, sin éxito, 600 mil dólares por acercar a los jugadores Cristian Pino y Martín Mandra y defendió los intereses de la firma Reality Fútbol, propiedad del hijo de César Luis Menotti.

El golpe. Con los inversores dentro de la entidad, Scarabino perdió su facultad de decisión y su presencia empezó a ser un problema para los empresarios, representantes y hasta algunos compañeros de comisión directiva. El negocio del fútbol ofrece ganancias en porcentajes no cotejables con otro tipo apuesta financiera. El riesgo de la inversión es bajo y los réditos se multiplican por miles.

Con Scarabino y José Pascuttini afuera, la estructura soñada por los inversiones toma la dimensión ideal: con Juan Carlos Silvetti en las inferiores, Vignatti, a quien se le debe 2.500.000 dólares, supervisando las negociaciones y los dirigentes acompañando sin omitir opinión.

Scarabino habría sido víctima de extorsiones que lo obligarían a dar el paso al costado que todos esperan. Y con él fuera del club se llevará a cabo un proyecto de probado éxito para quienes lo promocionan. "Habrá desmanejos económicos y vaciamiento de las inferiores. Porque sin Pascuttini muchos chicos ya no vendrán a Central. Todos sabemos que vamos a sufrir lo mismo que padece Ñuls desde hace 10 años", se lamentó el directivo que aspira recuperar el dinero que prestó.