Para intentar comprender el preocupante presente de Central se debe mirar hacia atrás. Pero las respuestas ya dejaron de tener su centro de atención en la anterior comisión directiva que lideró Víctor Vesco. El descalabrado institucional que acusa el club canalla encuentra en sus actuales conductores a los autores de la escuálida coyuntura. Las sospechas en cuanto a la calidad de la administración se posan en la dirigencia que ahora, en lo formal, lidera Juan Dalbes. Aunque en este caso la curiosidad por lo que pasa en Arroyito nació de la Administración Provincial de Impuestos (API), que tiene bajo investigación un contrato por honorarios profesionales -presentado en la convocatoria de acreedores- que, se cree, tiene el sellado fiscal adulterado. Lo más sorprendente es que dicho contrato fue cedido a un tercero por un actual directivo canalla que había ofrecido sus servicios profesionales a la entidad en tiempos del escribano Vesco.

Si bien en estas páginas en más de una crónica se explicó el acuerdo implícito entre Pablo Scarabino y la anterior comisión directiva para que la denuncia penal por "administración fraudulenta" a la dirigencia que presidió Víctor Vesco no progrese, algunos actos menores del orden institucional nutren con más pruebas aquel pacto.

En este caso las sospechas no florecieron de un grupo opositor. Quien detectó una posible adulteración de documentos es la API, que al observar aspectos fiscales en cada uno de los contratos que se presentaron en la convocatoria (Ingresos Brutos, Ley 5.110 e Impuesto a los Sellos), se encontró que uno de ellos podría tener adulterados los timbrados (sellado fiscal).

Los llamativo es que ese contrato se había firmado durante la gestión de Vesco con un actual dirigente de la entidad. El profesional devenido en directivo brindó sus servicios a Central, por el cual debía percibir alrededor de 300 mil pesos. Luego de las elecciones que catapultó a Scarabino a la presidencia, a mediados de 2003, el otrora opositor cedió su acreencia a un tercero, advertido por entonces de la inminente convocatoria de acreedores en la que se presentaría la entidad.

Gustavo Giosa verificó en la sindicatura 287.613,87 por honorarios profesionales. Al inspeccionar la documentación la API halló que los sellados eran adulterados. Ante tal presunción el organismo provincial intimó a las partes --el abogado que realizó el trabajo, Giosa como nuevo beneficiado de la acreencia y el club-- a que presenten el original. Ninguno acudió al pedido del organismo, por lo cual las autoridades de la API evalúan con seriedad la presentación de una denuncia penal contra el actual dirigente que años atrás se desempeño sus servicios en la entidad.

De acuerdo a las pesquisas, en la API se cree que los sellados que tiene la fotocopia del contrato fueron realizados efectivamente con una la máquina timbradora, pero en momentos que la misma se encontraba en reparación, maniobra que habría de ser asidua y que luego desembocó en una investigación interna.

Originalmente el valor por el impuesto a los sellos rondaba los tres mil pesos. A más de tres años de la maniobra, la provincia le reclama al actual directivo canalla más de 60 mil pesos, atento a que los intereses son del uno por ciento diario.

Al ser citado por el organismo recaudador Giosa no ofreció claridad ante los funcionarios. El acreedor deslindó responsabilidades sobre la veracidad del contrato y reconoció que representa los intereses de quien ofreció sus servicios profesionales a la entidad, la misma que ahora conduce desde un cargo de relevante trascendencia.