Al aparecer una intimación del Banco Credicoop, la jueza que entiende en el concurso preventivo de Central, Dra. Liliana Giorgetti, estrechó la atención sobre la situación financiera que la institución "canaya" mantiene con la entidad crediticia. En el juzgado de la 8ª Nominación hay sospechas de que los dirigentes removidos por la Justicia se abstuvieron de seguir saldando la acreencia en tiempo y forma aduciendo una disposición de la magistrada inexistente. Las directivos auriazules no previeron en que las autoridades del banco cooperativo podían solicitar copia de tal resolución, y es allí donde emerge a luz una nueva irregularidad en el club de Arroyito.

Al retirar el pagaré del Real Madrid los dirigentes removidos de su cargo se comprometieron ante el juzgado a saldar deudas salariales con los empleados y cumplir al mismo tiempo los compromisos financieros con el Credicoop, que oportunamente le prestó a Central un millón de dólares con los cuales se cubrieron obligaciones impostergables surgidas tras la homologación de la convocatoria de acreedores.

Por estos días ya es sabido el destino que tuvo el pagaré. Como así también que con el documento no se pagaron salarios y tampoco se rindió compromisos con la entidad crediticia. A la irregularidad de estos incumplimientos se agrega la divulgación de una supuesta resolución de la magistrada que nunca existió. Es que los dirigentes se abstuvieron de pagarle al banco presentando como excusa una autorización para ello de la jueza, donde se relata que ante los diversos embargos que pesan sobre la entidad el porcentaje comprometido por contrato a ser destinado para saldar el crédito ante la transferencia de un jugador --en este caso hablamos de los tres futbolistas que pasaron a River-- no se efectivizará en esta ocasión.

Las autoridades locales del banco cooperativo aceptaron la disposición judicial, pero, lógicamente, solicitaron una copia de la supuesta resolución, la cual nunca fue remitida por el sencillo hecho que Giorgetti jamás autorizó a los dirigentes a incumplir la deuda contraída con el Credicoop. Por eso ahora el banco le exige a Central, vía judicial, el pago perentorio 2.295.402,83 pesos.

Esta situación podría comprometer aún más a los dirigentes removidos, algunos de los cuales son investigados por asociación ilícita y estafas reiteradas, de acuerdo a lo que determine al respecto la jueza del concurso, que evalúa por estos días los pasos a seguir por parte de la Justicia para esclarecer la situación del club ante la entidad crediticia.

En cuanto a la denuncia penal elevada por el ex secretario de actas Carlos Casati contra Pablo Scarabino, ayer el presidente auriazul acercó al juzgado documentación en donde intenta explicar cada uno de los puntos cuestionados por su ex compañero de Comisión Directiva. El problema es que aún se desconoce el juzgado que entenderá en la causa debido a que María Pérez Vara, a cargo del juzgado en lo Penal Nº 5, derivó el expediente a la Dra. Alejandra Rodenas, quien seguramente se excusará al respecto por la relación que vincula al presidente con su familia en el marco de la vida política de la entidad "canaya". Por lo cual hasta el momento ningún magistrado escuchó la denuncia de Casati ni prestó atención a la defensa voluntaria presentada por Scarabino.