En el transcurso de 2014 los debates sobre las rigurosas normativas municipales que afectaron al funcionamiento de los espacios culturales en la ciudad no contemplaron algunas miradas de peso. Entre esas miradas se encuentra la de Federico Miyara, ingeniero de electrónico especializado en sonido y autor de un proyecto que proponía readecuar la ordenanza comúnmente conocida como "de ruidos molestos". Y si bien desde su rol como músico y compositor Miyara prefiere excusarse antes de elaborar una opinión sobre el conflicto sonoro en espacios culturales ("No sé si soy el más indicado para opinar sobre esto, ya que el tipo de música que yo hago, clásica y contemporánea, se realiza en general en lugares como teatros y salas que producen un impacto acústico muy bajo", explica) en su diálogo con Rosario/12 el fundador del Laboratorio de Acústica y Electroacústica de la UNR se permite una reflexión: "Creo que los artistas, cualquiera sea el género que practican, y su público tienen derecho a tener espacios para el desarrollo de su actividad, pero también tienen la obligación de respetar a quienes no están participando de la actividad. La función del Estado es mediar entre ambos intereses proveyendo de normas adecuadas que sin coartar la expresión artística protejan a la población".

-¿Cómo empezó a elaborar el proyecto relacionado con la normativa de ruidos molestos?

- Formalmente empecé en 1997, a pedido de la Asociación de Logopedia, Foniatría y Audiología del Litoral (Asolofal), una entidad que nuclea fonoaudiólogos y otorrinolaringólogos, pero que tiene un Comité Científico Interdisciplinario de Ecología y Ruido que integro desde ese año. No obstante, ya desde mucho antes había empezado a recopilar y hacer un estudio crítico sistemático de la normativa nacional y extranjera. El proyecto no se refiere particularmente a ruidos molestos sino a la prevención y el control de ruido y vibraciones. El proyecto lo presenté dos veces, como simple ciudadano en 1998 y en 2000. Ninguna de las dos veces fue tratado y prescribió. En 2005 la Municipalidad convocó a integrar mesas de Agenda XXI, yo me integré a la de ruido. Los participantes plantearon la necesidad de actualizar la normativa, yo mencioné mi proyecto que fue tomado por la comisión y adaptado en su terminología y en algunos aspectos que se veían como conflictivos. Luego de eso la Municipalidad se comprometió a presentarlo en el Concejo y hasta fijó una fecha y programó un evento público, pero a último momento lo suspendieron. Luego en 2012 el ex concejal Alberto Cortés me contacta porque quería presentar un proyecto sobre ruido. Le comento de la existencia de mi proyecto, lo mira y lo adopta. Sin embargo el mismo recibió un tratamiento menos que mínimo. En agosto pasado se vencieron los dos años de tratamiento. Varios concejales se comprometieron a que pedirían preferencia para que el proyecto no pierda estado parlamentario. Mientras tanto yo empecé a reunirme con representantes de la Municipalidad para tratar de atender a los posibles obstáculos que encuentra la Municipalidad.

-¿Por qué cree que el tratamiento de su proyecto fue demorado?

-El ruido es un gran negocio para muchos, no sólo en el caso de la industria del esparcimiento nocturno sino también en la industria. En general equivale a trasladar a la sociedad un costo oculto, el costo de tomar las medidas necesarias para controlarlo. Son los llamados costos externalizados. En este caso quienes sufren el ruido pagan con su salud y tranquilidad (aspectos no cuantificables económicamente) que muchas veces implican gastos monetarios por tratamientos médicos o psicológicos. En general los gobiernos se ponen del lado de los contaminadores, bajo la suposición de que el funcionamiento de la actividad correspondiente es benéfica y deseable por el movimiento económico que generan, las fuentes de trabajo, las tasas e impuestos. Lo cual puede ser cierto, pero es una forma encubierta de obligar a que los damnificados subsidien a los contaminadores. Los subsidios deberían entenderse al revés, todos hacemos un pequeño esfuerzo para obtener beneficios comunes, no para obtener un perjuicio.

Ante el conflicto que se generó con los espacios culturales de la ciudad en 2014, desde distintas áreas municipales se sostuvo que la normativa vigente, la ordenanza 46542, que data de 1972, sigue siendo perfectamente aplicable. ¿Cuál es su mirada al respecto?

- La aplicabilidad o no de una ordenanza depende del aspecto del problema que se quiera cubrir. Si lo que pretendemos es cuantificar los límites de inmisión de ruido en un predio vecino, cualquier normativa que establezca límites, es aplicable. Ahora bien, no nos olvidemos que también existe la ordenanza 7218 (NdR: normativa de 2001 que regula la actividad de industrias, comercios y servicios, extableciendo el procedimiento de contralor y juzgamiento de faltas), que ya lleva cerca de veinte modificatorias y que también está en tratamiento en el concejo una nueva ordenanza que la actualice. En mi opinión el problema de los espectáculos públicos en su enorme variedad de manifestaciones requiere un tratamiento particular que excede sólo el tema del ruido generado dentro del local. En muchos casos el problema de ruido se debe a la gran aglomeración de personas que hablan a los gritos frente a la entrada y para eso no hay control alguno, ni en la 7218 ni el la 46542.

-¿Cuáles son los principales aspectos a considerar actualmente al momento de pensar en la contaminación sonora de una ciudad como Rosario?

-Dos cuestiones esenciales. Por un lado, cuidar la salud y el bienestar de la población, lo cual requiere reglas claras en cuanto a límites de inmisión (ruido en el ámbito receptor), y por el otro, estrategias de prevención. Los límites suelen pensarse desde el punto de vista de un responsable identificado, pero eso deja de lado la principal fuente de contaminación acústica de todas las ciudades, el tránsito.