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Como se preveía, la manifestación del 8 de noviembre se caracterizó por la gran afluencia de personas de sectores medios y por la diversidad de opiniones sobre el motivo por el cual habían concurrido, sobresaliendo una incoherencia manifiesta en los argumentos; dado que exceptuando la demanda contra "la inseguridad", tema clave que se agrava en el mundo por diferentes razones, el resto en su mayoría eran inconsistentes o falaces.

¿Se puede asistir con Pino Solanas para exigirle al gobierno que estatice completamente YPF y con Mauricio para pedirle que le devuelva las acciones a Repsol?

¿Se puede pedir por la democracia con Victoria Donda, y que vuelvan los milicos con Pando?

¿Se puede ir a la marcha para que se terminen las mafias sindicales de la mano del Momo Venegas y Barrionuevo? ¿Han olvidado su historia?

¿Se puede asistir y coincidir con Lozano, en exigir que no se pague la deuda y con Macri, De Narváez para que se respete a los fondos buitres?

¿Se puede ir con Vilma Ripoll a exigirle al gobierno la Reforma Agraria y con Biolcati que se bajen las retenciones?

¿Se puede ir a defender "la Democracia" y pedirle a la Presidenta de los argentinos elegida hace un año con el 54 por ciento de los votos que se vaya, o exigir respeto con consignas tipo "morite yegua puta"?

Una breve mirada sensata nos da la respuesta: a la masa que concurrió, la une su impronta opositora y la desune inmediatamente la aparición de las propuestas concretas, ya que sus reclamos en muchos casos son contradictorios u opuestos.

Los referentes de partidos políticos opositores que adhirieron a la protesta son un fiel reflejo de esta situación a la que nos referimos. Prueba de ello es que cuando lograron tener mayoría en las Cámaras y en las comisiones constituyendo el Grupo A después de las elecciones del 2009, sus diferencias y contradicciones políticas no sólo le impidieron imponerle una agenda al Gobierno Nacional sino que apenas lograron poner algunos palos en la rueda, como por ejemplo haber boicoteado el presupuesto presentado por el poder Ejecutivo para el año 2010, sin llegar a impedir que el oficialismo mantuviera la iniciativa política y continuara avanzando con su proyecto.

Las contradicciones no sólo se dan entre los diferentes partidos políticos opositores, sino también se manifiestan dentro de las mismas fuerzas políticas. Recordemos por ejemplo que la candidata a vicepresidenta por el FAP, Norma Morandini, votó en contra de la inmensa mayoría de leyes que apoyó el FAP y su candidato a presidente, y esto no significa pluralidad sino diferencias insalvables dentro de una fórmula presidencial, que nos recuerda la amarga experiencia de la Alianza.

Hoy ante el fallo del juez Griesa, vuelven a verse profundas contradicciones dentro del Partido Socialista integrante del FAP: mientras Hermes Binner declara públicamente en el canal CN23 que "son fondos cuestionados, pero no podemos resolver que no los vamos a pagar. Luego de la posición firme de Griesa, nosotros debemos realizar otra propuesta de pago. Debemos responder a las demandas, si Argentina no lo concreta, realmente no avanzaremos a integrarnos al mundo", el senador Rubén Giustiniani, de su propio partido, el Partido Socialista, expresa textualmente: "Rechazo este fallo del juez Griesa, que es lesivo a la República Argentina, el Congreso de la Nación debe reafirmar la voluntad soberana en el sentido del canje de la deuda como lo realizó en su momento sin aceptar las presiones de los fondos buitre".

Carta Abierta Rosario NO concurrió a la marcha del 8N por dos motivos fundamentales:

Primero, porque desde su nacimiento ha mantenido y mantiene un apoyo crítico a la propuesta del Gobierno Nacional que posibilitó avanzar en la calidad de las instituciones de la Democracia, entre otros aspectos, nombrando una Corte Suprema claramente independiente, enjuiciando y procesando a los represores de la última dictadura cívico militar que habían logrado impunidad con leyes arrancadas a gobiernos democráticos anteriores; sin abandonar jamás su propósito de ampliar la inclusión social, creando más de cinco millones de puestos de trabajo, permitiendo a más de dos millones de personas acceder a la jubilación, incluyendo a más de 3 millones de niños por medio de la Asignación Universal bajando de manera notable la pobreza y la indigencia y permitiendo a todos los sectores sociales de nuestro pueblo avanzar en su calidad de vida e incluyendo a los sectores opositores que se manifestaron libremente y sin censura con sus cacerolas en las calles y por todos los medios gráficos o audiovisuales que quisieron.

Segundo, porque consideramos extremadamente peligroso este estilo de protestas sin propuestas. El estilo de rechazo a todos los políticos y por lo tanto a la política, el estilo del "que se vayan todos", del que "todos son iguales", del que "todos son mediocres", del que "todos son ladrones", del que "nadie me representa", porque negar la política es negar la única herramienta con que cuentan los pueblos para regir sus destinos y oponerse a los poderes de las corporaciones del poder económico, por el sencillo motivo que los políticos son renovados con el voto popular cada dos años y a las corporaciones el pueblo no tiene acceso.

Por otra parte estas marchas "espontáneas" programadas con más de un mes de anticipación, no deberían ser reivindicadas por ningún político o partido que sostenga un pensamiento democrático, y aquél que lo hace sólo muestra un enorme oportunismo suicida, si es que en verdad pretende gobernar con independencia de las corporaciones económicas. Aunque los hechos demuestran más complicidad que ingenuidad de su parte.

Se ha argumentado por todos los medios que "la gente tiene derecho a protestar", eso es cierto y debe ser respetado y defendido, pero si la protesta va en contra de los intereses populares, entonces no es conveniente y también hay que decirlo.

Consideramos que tanto el Gobierno Nacional como los partidos opositores deben tomar nota de la realidad tal cual es, y tratar de desmontar una situación peligrosa activada por las corporaciones que comprueban que con el avance de la participación democrática, pierden privilegios, y por lo tanto intentan, como lo hicieron siempre, condicionar y si es necesario desestabilizar y derrocar a cualquier gobierno democrático que ponga en riesgo sus intereses monopólicos.

Estas manifestaciones que han sido malintencionadamente comparadas con la Primavera Arabe, se dan en un país que vive en una Democracia plena, no en dictaduras de 40 años como en Egipto, Siria, Libia y otros países de la región. Tampoco puede compararse con los acontecimientos del 2001 en nuestro país, donde se produjeron manifestaciones populares brutalmente reprimidas, que arrojaron más de 30 muertos en un solo día, bajo el Estado de Sitio declarado y con una situación económica agobiante, en la que la sociedad vio confiscados sus depósitos por los Bancos, y regían cuasi monedas y trueque entre los sectores populares para satisfacer sus necesidades de vida. Cualquier comparación de esta naturaleza es falsa, malintencionada y está pensada para confundir y para servir a los intereses de alguien que no aparece en escena, pero está manifiestamente interesado en construir una realidad inexistente.

Es difícil entender que alguien, desde la sensatez, considere posible gobernar en medio de un estado deliberativo dirigido desde el anonimato por poderes ocultos, mediáticos, financieros, económicos o como se prefiera llamarlo, que impida o dificulte el tratamiento de las diferencias dentro de los mecanismos democráticamente instituidos.

Nuestra Constitución Nacional dice expresamente en sus artículos:

Art. 1º: La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según la establece la presente Constitución

Art. 14: Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: De trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.

Art. 22: El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición.

El pueblo puede y debe peticionar a las autoridades por sus derechos y sus intereses, lo que no implica quebrar los dictados de nuestra Constitución y generar movimientos destituyentes que desestabilicen a las autoridades legalmente constituidas. Está claro que los representantes mediante los que gobierna el pueblo son "políticos", y el deber del pueblo es elegirlos o removerlos con los mecanismos que establece la propia Constitución Nacional, quien no lo haga, no defiende sino ataca a la Carta Magna.

Si la capacidad de gestión o el comportamiento de los ciudadanos que ejercen la política no es el que pretende la sociedad, esta deberá comprometerse ejerciendo sus derechos y participando activamente de la vida política, pero nunca deteriorando la única herramienta que permite vivir en Democracia y libertad.

También se ha argumentado desde los partidos y medios opositores que la Presidenta es de todos los argentinos y no del 54 por ciento que la votó. Al respecto queremos aclarar que el 54 por ciento de los votantes depositó su confianza en su proyecto político para que lo lleve a cabo, no para gobierne según el pensamiento político del 16 por ciento más el del 12 por ciento, más el 4 por ciento, etc., que constituyen diferentes proyectos, generalmente contradictorios entre sí. Por este motivo es falso contraponer el 54 por ciento contra el 46 por ciento opositor como si se tratara de un mismo proyecto votado por ese porcentaje de la ciudadanía.

La manipulación de la información resulta imprescindible para aquellos que necesitan desde las minorías desvirtuar un régimen democrático imponiendo sus privilegios sobre los derechos de las mayorías.

Las corporaciones económicas cuando se ven imposibilitadas de hacer uso de las armas disciplinadoras, necesitan crear falsas realidades y aplicar la doctrina de Joseph Goebbels del "miente, miente que algo queda", y es por este motivo que sus representantes mediáticos se niegan a cumplir con la aplicación plena de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, votada por amplia mayoría en ambas cámaras y producto del trabajo de años de debate en foros populares, que permite limitar sus exorbitantes privilegios monopólicos, obtenidos durante los nefastos años 90 del proyecto neoliberal, y los iguala al resto de los Medios Audiovisuales de la República, permitiendo además que las organizaciones sin fines de lucro y los estados provinciales, municipales, universidades, etc., puedan tener el espacio de opinión que merecen y necesitan para evitar la manipulación y la mentira.

No es casual que exista una total coincidencia entre los sectores que posibilitaron el endeudamiento nacional que, no sólo no fue a las manos del pueblo, sino que resintió la independencia económica de nuestro país y de esta manera nuestra soberanía política.

Son los mismos sectores del poder concentrado, de la monopolización mediática que necesitan manipular y deformar la información oponiéndose a la vigencia plena de la Ley de Medios, abogar por un acuerdo con los fondos buitres, incumpliendo la Ley Cerrojo votada por amplísima mayoría en nuestras Cámaras, y a costa del sufrimiento del pueblo argentino, para continuar con sus negociados financieros como el megacanje, que multiplicó nuestra deuda y nuestra incertidumbre como Nación.

Por todo lo expresado, desde Carta Abierta Rosario, llamamos:

* A defender la Constitución Nacional y la Democracia respetando sus reglas y sus instituciones, oponiéndonos claramente a cualquier intento de desestabilización o desgaste los promueva quien los promueva, aunque pregone en su relato defender intereses populares. Siempre se han derrocado gobiernos populares en nombre de la Democracia y la libertad, nunca en nombre de la dictadura y el privilegio.

* A apoyar la aplicación plena de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a partir del 7 de diciembre, como lo estipuló la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos permitirá democratizar la palabra que no es otra cosa que democratizar la riqueza, planteo que está en el origen de la constitución del espacio Carta Abierta Rosario.

* A cerrar filas apoyando las decisiones que tome nuestro Gobierno Nacional en la defensa los intereses del país en la lucha contra los fondos buitres y sus aliados vernáculos, que siempre privilegiaron sus intereses económicos a los intereses de las mayorías del pueblo argentino.