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Las declaraciones de Adrián Spelta, responsable de la Unidad de Homicidios Dolosos del Ministerio Público de la Acusación Regional Rosario, instalaron una vez más la discusión sobre la violencia en Rosario.

Y es curioso que ante las cifras presentadas algunos parecen "descubrir" que lo de la narcocriminalidad como causa principal de violencia en Rosario fue una cortina de humo, una desafortunada construcción mediática del gobierno provincial. Y que el fenómeno era y es, en realidad, bastante más complejo. Desde la cátedra de Criminología de la UNR, en cambio, desde 2008 que investigamos este fenómeno, al que comenzamos a llamar violencia letal, intensa o altamente lesiva para evitar la categoría legal/policial de homicidios. Y desde entonces abogamos públicamente para que el Estado aborde este fenómeno complejo y multicausal, con producción de información empírica fiable y políticas de seguridad democráticas y multiagenciales.

De hecho, cuando estuvimos vinculados a la gestión pública, primero en la Secretaría de Seguridad Interior de la Nación y luego, durante dos años y medio, en la Secretaría de Seguridad Comunitaria en Santa Fe, implementamos políticas de prevención para abordar este fenómeno, demostrando que es posible hacerlo. Al terminar nuestra gestión en la provincia, en diciembre de 2011, dejamos funcionando un programa de prevención a través de la inclusión sociocultural con jóvenes ("los que matan y mueren", como los caracterizamos en nuestras investigaciones) en los barrios más complicados de Rosario y Santa Fe. Pero ambos ministros de seguridad de la actual gestión (Leandro Corti y Raúl Lamberto) fueron incapaces de desarrollar y ampliar el programa que dejamos funcionando o de implementar alguna alternativa en su reemplazo.

Hoy, promediando su séptimo año de gestión, el socialismo no tienen aún ni un diagnostico válido y fiable del fenómeno ni mucho menos una política de abordaje adecuada para la violencia letal. Ya que ni Lamberto ni los más de noventa funcionarios y consultores que lo asesoran han materializado una sola política de seguridad democrática en serio. Optaron en cambio por una retórica vaga y desinformada, plagiada de los programas del Acuerdo de Seguridad Democratica, y sostenida con la complacencia de algunos medios, aunque desmentida por la realidad cotidiana.

Y hasta ahora ni siquiera el nuevo sistema de enjuiciamiento penal (probablemente por su pésima implementación y su prematura puesta en funcionamiento) ha cumplido con la promesa de cambiar la forma en que la policía investiga la violencia letal. Cuestión que urge para evitar que la policía provincial siga haciendo lo que todos sabemos que hace: transar, manipular, encubrir o investigar chapuceramente los casos de homicidios.

Porque la realidad es que, salvo en ocasiones excepcionales, los nuevos fiscales (más allá de su compromiso y buena voluntad) no dirigen efectivamente las investigaciones, las que siguen en manos la policía, como ocurría ni más ni menos con los juzgados de instrucción. Y esta policía es la misma de siempre, la que este gobierno se niega a reformar, por ejemplo, al rechazar la creación de la policía de investigaciones sancionada por consenso en la legislatura provincial. Y tal es el dominio policial sobre las investigaciones que hasta en las cifras y análisis que presenta la Fiscalía Regional hay inexactitudes, producidas por la manipulación policial de los casos.

Otro tema preocupante es el porcentaje de esclarecimiento. Es que leyendo entre líneas las declaraciones de Spelta este no es del 60 por ciento, sino de poco más del 40. Aunque esta cifra en sí misma poco nos dice. Pero ocurre que en los países donde las administraciones de justicia y las instituciones policiales funcionan de una manera razonable y tienen cierta aceptación social, el porcentaje de esclarecimiento de homicidios supera el 80 por ciento, hasta alcanzar en algunos caso el 90 o más. Aunque la comparación requiere de más datos (tasa de homicidios, estilo policial, cantidad de policías, etc.) esta cifra nos indica que en el caso de Santa Fe estamos por debajo de la media continental, a pesar de la gran diferencia en términos de escala y dinámicas de la violencia en varios países de la región. Por lo que puesta en contexto, la cifra de esclarecimiento en Santa Fe es, políticamente, un escándalo. Del cual no parecen enterados los ministros de seguridad ni de justicia provincial.

Pero la situación es más grave aún. Ya que si en lugar de un análisis cuantitativo analizáramos cualitativamente las investigaciones nos encontraríamos, por ejemplo, con que la variable "clase social" de la víctima es clave a la hora de priorizar (o no) una investigación. Si observáramos los métodos o el estilo investigativo de la policía provincial veríamos que el nuevo sistema judicial no lo ha modificado. Ya que los métodos policiales predominantes van desde el esclarecimiento al voleo y otras formas de sobrecriminalización de los sectores populares a la utilización de la tortura. Y los llamados jueces de garantía, en su mayoría ex jueces de instrucción que no investigaban ni violencias ni enriquecimientos policiales, siguen en su nuevo rol con las viejas prácticas. Porque el cambio de una cultura judicial (ni que hablar de sus prácticas) requiere bastante más que la cantinela de los modelos de reforma judicial y la de sus empresarios bienintencionados.

Y una vez más lo que un análisis datos disponibles nos devuelve es que son los sectores populares, especialmente los varones jóvenes y en menor medida las mujeres, los que siguen sobrecriminalizados y desprotegidos ante la violencia letal y como resultado de la políticas de seguridad y judicial del gobierno provincial.

Así que esto que hoy es noticia no constituye, desgraciadamente, ninguna novedad. Y eso es trágico. Pero tiene claros responsables, con nombre y apellido y cargo público.

*Profesor Titular de Criminología, Facultad de Derecho, UNR.