Buena parte de las reacciones sociales surgidas en torno al cruel asesinato de Luciano Drovandi, se alinean, lamentablemente, con una visión de la seguridad simplista y muy difundida que podemos denominar la demagogia represiva. Para esta visión, la seguridad se reduce al orden en las calles. Se piensa el crecimiento de la inseguridad como una fuerza que sólo puede ser resistida con un uso más intenso de la fuerza de las instituciones de seguridad. Se alienta así la construcción del problema como si fuera una "guerra" entre "los delincuentes" y las instituciones de seguridad. En esta guerra, los derechos son percibidos como obstáculos a una supuesta solución "simple", que es el incremento de la violencia estatal, y no como los bienes a proteger por las políticas de seguridad. Pero aún, en esta perspectiva nunca el incremento de la fuerza es suficiente: cuando estas políticas fracasan, en lugar de admitir el error, se reclama más violencia, más armas y más presencia policial, en fin, más guerra y división. Se trata de enfrentar a la violencia con mayor violencia.

Pero esta visión oculta, en perjuicio de víctimas y victimarios, que el desgraciado homicidio del joven ocurrió en ocasión del robo de su moto, delito éste que se relaciona con el fenómeno más amplio de las economías delictivas. Según datos de la oficina de NN de Tribunales, publicados por La Capital (31﷓7﷓06), durante 2005 autores desconocidos robaron, en Rosario, 1.346 motos y 681 motos en el primer semestre de 2006. Estas cifras sugieren la existencia de una economía delictiva considerable. Y de no intervenirse adecuadamente sobre la misma es poco probable que pueda evitarse la reiteración de tragedias similares, al menos en el corto plazo.

En el campo criminológico existe cierto consenso respecto a que cualquier actividad delictiva es producto de la vinculación de dos conjuntos de procesos con complejidades, especificidades y escalas propias. Por un lado, el conjunto de procesos sociales (económicos, culturales y políticos) por los cuales se acumulan condiciones de posibilidad a resultas de las cuales ciertos sujetos quedan situados como potenciales infractores de la ley penal. Por otro, la conformación de estructuras de oportunidades delictivas que permiten que determinadas ilegalidades y formas de victimización sean llevadas a cabo por los potenciales infractores socialmente producidos. No existe criminalidad de los débiles (por ej., robos cometidos por jóvenes en una situación de extrema vulnerabilidad contra víctimas más o menos vulnerables) como tampoco criminalidad de los poderosos (por ej. contrabando de armas o trata de personas) sin el sustento de una estructura de oportunidades delictivas que los posibilite. Más aún, hay estrechas vinculaciones entre las estructuras de oportunidades que dan lugar a la criminalidad de los débiles con las que propician la criminalidad de los poderosos.

El componente central, aunque no único, de toda estructura de oportunidades delictivas se conoce como economía delictiva. Pero, ¿qué es una economía delictiva? Se concibe como "economía delictiva" a los procesos de oferta y demanda de bienes o servicios ilegales o de bienes y servicios legales obtenidos ilegalmente. Bienes ilegales son las armas de guerra y un servicio ilegal es la "seguridad privada" prestada fuera de la reglamentación vigente por un policía de franco. Ejemplo de bienes legales obtenidos ilegalmente son las auto﷓partes provenientes de vehículos robados. A tal punto la economía delictiva es un componente central, que no es infrecuente que la criminalización de la actividad en cuestión sea una variable de su mayor rentabilidad o de su concentración, como es el caso del mercado de sustancias de consumo penalizado (mal llamadas "estupefacientes").

La propia economía delictiva puede, en su desarrollo, generar estructuras de oportunidades nuevas y, su vez, depender de otras para su florecimiento. Por ejemplo, cuando el menudeo de sustancias de consumo penalizadas se arraiga territorialmente respondiendo a variables propias del mercado (cercanía, accesibilidad y facilidad de intercambio seguro entre ofertante y demandante, baja vulnerabilidad para el ofertante, etc.) es frecuente que requiera de la "protección y control" de ese territorio que se ha valorizado. Esta valorización "inmobiliaria" genera una nueva estructura de oportunidades delictivas consistente en una red de protección, arraigada territorialmente, de diverso grado de estratificación y prestigio en sus roles (desde el niño que oficia de campana controlando el acceso al territorio al grupo armado de defensa y control). Ahora bien, para establecer un grupo de autodefensa se requiere (además de mano de obra disponible) el acceso a los insumos necesarios (armas y municiones de guerra) que dependen de estructuras de oportunidades criminales extraterritoriales, muchas veces con vinculaciones transnacionales, manejadas por los poderosos con la participación de las propias agencias de control. Un caso ilustrativo de estos procesos lo constituye el modelo de organización delictiva en ciertas favelas de Río de Janeiro. La existencia de armas de guerra argentinas (fusiles FAL) en territorio carioca exime de mayores precisiones respecto de la complejidad de estas redes.

¿Por qué debe prestarse atención a las economías delictivas? Es obvio que cualquier política de prevención del delito democrática debe trabajar tanto sobre la estructura de producción social de potenciales infractores como sobre la estructura de oportunidades delictivas, privilegiando la primera. Pero a diferencia de ésta ﷓ que por estar vinculada a variables macro﷓estructurales y a los procesos de mediación entre estas variables y las acciones concretas de los sujetos, reviste mayor complejidad y requiere tiempo ﷓ intervenir sobre la segunda ﷓ que es el sustento de buena parte de las actividades delictivas de débiles y de poderosos ﷓﷓ puede producir efectos más o menos inmediatos y muy significativos como es la reducción de la violencia. Es que de sus características e interrelaciones dependen, en gran medida, la frecuencia e intensidad de las actividades delictivas. Por eso, puede haber economías de substancias penalizadas sin articulaciones de extrema violencia como en Río. Sí los desarmaderos no aceptaran autos "sucios" (resultantes de asaltos a mano armada) no se reduciría el robo de autos pero sí la violencia de la actividad y por ende los homicidios, lo cual no es poca cosa. En ocasiones basta evidenciar que es el mismo sector social el que nutre tanto de potenciales víctimas como de potenciales clientes a la economía delictiva, al adquirir los bienes en ese mercado, para afectar su funcionamiento (¿o es que un taxista, cuando compra un reloj taxímetro a un costo inferior al de mercado y fuera del circuito comercial legítimo, ignora que le fue robado a un colega suyo?)

Reconducir la actividad del sistema penal hacia delitos de mayor complejidad y hacia los puntos más privilegiados de las economías delictivas no significa negar los delitos de los débiles que sufren los sectores más vulnerables para concentrase en los grandes delitos económicos de los poderosos. Muy por el contrario, implica reconocer que un gran porcentaje de la criminalidad común está asociada y condicionada por redes de ilegalidad con grados más o menos elaborados de organización. Tal cómo proponemos en el documento "Más Derechos Más Seguridad" (ver en www.cels.org.ar) esta reorientación posibilitaría, por una parte, concentrar la acción del sistema penal en aquellas áreas en las que ha demostrado ser efectiva, con intervenciones destinadas a desarticular redes, reducir de forma real las oportunidades de que esos delitos se cometan y concentrar el accionar sobre aquellos sujetos en los que la impunidad se concentra. Por otra parte, tendería a evitar que las políticas más violentas del aparato estatal se concentren de forma creciente en los eslabones de las redes integrados por los sectores más vulnerables, que son al mismo tiempo los que tienen menor capacidad de acceso a la justicia, así como a otros bienes y derechos y que, a su vez, constituyen los recursos humanos más fácilmente intercambiables y explotados por quienes organizan las redes ilegales.

Existen también argumentos instrumentales para dirigir la atención a las economías delictivas. La probabilidad de que coincidan en el espacio y el tiempo una patrulla policial y un robo de cables de alumbrado en ejecución es extremadamente baja. La probabilidad de que la policía conozca (o dirija sus esfuerzos a saber) adónde se reducen los cables robados es extremadamente alta. Es que las propias características de las economías delictivas las vuelven más o menos vulnerables al control por parte del sistema penal. Esto es así porque casi toda economía delictiva tiene fases en las que sus intercambios son quasi﷓públicos para permitir el encuentro de ofertas y demandas. La demanda más o menos extendida de, por ejemplo, motos, auto﷓partes, maquinaria agrícola o cereales robados tiene que vincularse con el conocimiento de adónde estás pueden ser adquiridas. Quienes se dedican a robar dichos bienes conocen previamente quiénes son y dónde están los que se encargan de "reducir" el producido de su delito. Es fácil inferir que si quien compra puede conocer quien vende y quién roba saber quién reduce, procurarse de esta información debería ser tarea más o menos rutinaria para la policía. Y de hecho lo es y aquí es donde empiezan los problemas.

Porque es justamente el aprovechamiento de este conocimiento lo que le permite a la policía el gerenciamiento, en beneficio propio y de terceros, de cuanta economía delictiva ha encontrado anclaje en su jurisdicción. Y este gerenciamiento sólo es posible con el amparo, connivencia, ineficiencia e inactividad de las demás agencias del sistema penal y de las instituciones que deben controlarlas. Como para muestra alcanza un (pequeño) botón: ¿de donde provienen sino las motos sin patente con las que muchos funcionarios policiales van de su casa al trabajo y viceversa y que incluso estacionan dentro de las comisarías a la vista del público y sus superiores?

Estas connivencias, incluso algunas aparentemente menores, no son sólo reprobables por sí mismas sino porque posibilitan muertes y sufrimientos, especialmente entre los sectores de mayor vulnerabilidad social. Por eso, reformas profundas y efectivamente transformadoras de las prácticas de la policía, del poder judicial y de los mecanismos de control de todas las agencias del sistema penal son deudas que la legislatura provincial y los sucesivos poderes ejecutivos arrastran desde hace 23 años.

(*) Criminólogo. Profesor e Investigador, Facultad de Derecho, UNR.