[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Violencia

Las mujeres víctimas de violencia por parte de sus parejas o ex parejas también sufren el maltrato y desidia del Estado que debería velar por su integridad. Sometimientos que se reproducen en las comisarías o en Tribunales y que frecuentemente tienen su correlato simbólico en los medios de comunicación.

Dos grandes problemas evidencian que la violencia de género no es una prioridad para el Estado en todos sus niveles. Por una parte, la falta de implementación de políticas públicas efectivas, con personal capacitado y recursos presupuestarios acordes. De esta manera, la Ley Nacional 26.485 de Violencia contra la Mujer queda en letra muerta.

En segundo término, los obstáculos para acceder a la justicia. Por el contrario, se produce una re victimización: fiscalías que ningunean el testimonio de la agredida, comisarías que niegan la posibilidad de registrar la denuncia son apenas ejemplos de una práctica sistemática. A partir del estado público que cobró el caso C., el Ministerio Público de la Defensa se presentará como querellante por violencia institucional.

Ante la gravedad que asume en nuestra sociedad la violencia de género, las políticas del gobierno socialista cumplen un rol apenas testimonial. Aún a pesar de la declaración del Concejo Municipal - a iniciativa de la Multisectorial de Mujeres de la Emergencia en esta materia en el año 2012. Por ejemplo, hoy seguimos exigiendo cosas elementales como las líneas rotativas y atención las 24 horas del Teléfono Verde.

Quienes hace años venimos dando pelea a la violencia machista tenemos propuestas políticas para la vida de las mujeres. En primer término, es preciso un diagnóstico claro. La carencia de cifras oficiales de las denuncias sobre violencia y femicidios habla de improvisación.

Por otra parte, se debe instruir a las fiscalías y policías de protocolos de asesoramiento y atención a mujeres. El primer cambio radical para vencer el ninguneo y el maltrato es valorar como suficiente el testimonio de la mujer violentada para que el Estado actúe.

Asimismo, son necesarias políticas sociales integrales: apertura de casas en los distritos para casos de emergencia, talleres territoriales de empoderamiento, asignación mensual y fomento de cooperativas para promover la independencia económica, entre otras.

Es indispensable que el combate a la violencia de género sea una política de Estado. Sólo así podremos empezar a generar una vida libre de violencias para las mujeres.

Majo Gerez

Pre candidata a Senadora por el Frente Social y Popular