Viernes, 18 de agosto de 2006 | Hoy
Las declaraciones del ministro Roberto Rosúa, quien calificó a las denuncias sobre el mal accionar policial dentro del meras creencias del imaginario colectivo, son lamentables. No se trata de un imaginario colectivo, no es un mito urbano, estas denuncias estßn realizadas por jueces, donde señalan que en numerosos casos -el desempeño de agentes policiales- al menos dejó mucho que desear. Para el gobierno provincial el problema de la seguridad es un imaginario colectivo, ya que no soportan saber lo que realmente esta pasando, si notaran la gravedad de la inseguridad -ante su inacción- algunos funcionarios deberían haber dado un paso al costado. Me es difícil pensar que los problemas de inseguridad estén en el imaginario colectivo, la gente padece la inseguridad, sino, como el propio ministro señala, que lo confirme o lo rectifique aquí en la Cámara de Diputados donde lo estamos esperando. Ante la negativa del PJ más PPS de citar al ministro en Diputados, ingresaré en el recinto un nuevo Pedido de Interpelación con la firma de numerosos diputados de la oposición y con nuevas preguntas al pedido realizado la semana pasada. Entre los puntos del nuevo proyecto, se requiere sobre cuáles han sido las medidas que se han tomado a fin de lograr mayor eficiencia y transparencia dentro de las fuerzas policiales, para evitar que se reiteren incidentes como el sucedido en la Regional IX de Reconquista, qué medidas estructurales y funcionales se han resuelto, más allá de los desplazamientos producidos en las fuerzas de seguridad, a fin de realizar una profunda revisión de la actuación de la policía provincial en la prevención y represión del delito. Finalmente solicito al ministro explique cuál es la actual situación de la Unidad Penitenciaria de Piñero, a raíz de la supuesta revuelta de internos, ocurrida el martes pasado, enumerando causas y consecuencias de la misma, el daño a las instalaciones, lesiones en internos y personal penitenciario.
Mónica Tomei
Diputada de la UCR
Se dice muchas veces que el Concejo Deliberante es de los ciudadanos. Pero parece convertirse en una caja cerrada porque muy poco es lo que logra imponer como necesidad de realización. El Departamento Ejecutivo parece ser el juez que tiene que determinar lo que esta bien o mal, lo que se debe hacer o no. Todo proyecto presentado y aprobado en el Concejo Deliberante cae en un enorme cajón que no tiene fondo, llamado estudio de factibilidad. Este rótulo termina por ser fatal para cualquier intento de implementación a necesidades obvias para el ciudadano común (que somos todos los integrantes del Ejecutivo). Si 21 personas de distintos partidos con diferentes posiciones ideológicas, aceptando mínimas pautas de trabajo y debate llegan a una conclusión determinada sobre cualquier tema; considerando que ejercemos estos cargos por mandato popular de acuerdo a las reglas democráticas, aceptadas por todos; debería ser entendido que estas conclusiones finales que se emiten: son la opinión del pueblo al que representan, de ineludible cumplimiento por parte del ejecutivo. Cuál se supone que debe ser la función del cuerpo deliberativo de una ciudad, sino debatir profundamente sobre cada tema o proyecto que se presente a su consideración.
Fabio Gentili
Concejal
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