Lunes, 26 de septiembre de 2016 | Hoy
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Los trabajadores tienen derecho a una ciudad con viviendas dignas. Es necesario establecer políticas públicas que apunten a una sociedad integrada, sin segregaciones ni divisiones.
En los últimos años hubieron gobiernos locales que generaron políticas de acceso a la vivienda, pero no siempre el saldo fue totalmente positivo. En algunos barrios, los sectores más antiguos se vieron relegados, el acceso al agua, la seguridad, un buen transporte y un banco en escuelas, se constituyeron en fuente de conflictos sociales y el abordaje desde el Estado no siempre los saldó. Recién desde 2009 se pudo desde el Concejo discutir la ciudad que queremos. Hasta ese entonces había mayoría automática del Frente Progresista Cívico y Social, y las urbanizaciones se aprobaban sin discusión alguna.
Fue oportuno poder exponer en el panel Expansión de la ciudad, durante el Foro de Actualización en Habitat y Vivienda en la Facultad de Arquitectura. Allí remarcamos que la ciudad está en ebullición y en una disputa de poder en distintos niveles. El poder popular reclama el acceso a tierras para el desarrollo de la vida social y familiar, teniendo su vivienda. La urbanización es contención y progreso y lxs ciudadanxs deben empoderarse para ejercer su derecho a la ciudad.
En Rosario se dio un proceso de urbanización de zonas vacantes ubicadas en sectores estratégicos, como Puerto Norte. Terrenos fiscales y privados se vendieron a inversores y mediante convenios y se realizaron emprendimientos inmobiliarios para sectores de altos ingresos. Aún estamos a tiempo para proyectar urbanizaciones mixtas, con espacios públicos y no cerrados como las Torres Dolphinas, que solo generan más división.
Sectores de trabajadores, de medios y bajos recursos, son los más relegados en cuanto a la aplicación de las políticas públicas para urbanización y vivienda. También existe una expulsión de sectores medios hacia otras localidades donde encuentran suelo urbanizable apto y a valores accesibles. La caída del Procrear con la gestión de Macri y el PRO -que lo convirtieron en restrictivo- hizo perder 360 viviendas en el predio del Tiro Federal, y casi la única opción viable es el alquiler con precios regidos por un mercado despiadado donde el Estado mira hacia otro lado.
La conformación del territorio es una disputa de poder. El acceso al suelo y a la vivienda hoy se transforma en una disputa permanente, no solo de los sectores medios frente a los de alto poder adquisitivo, sino de los sectores más relegados, que en la mayoría de los casos ocurren con violencia de por medio, en forma de desalojos y malas condiciones de vida.
Norma López
Concejala FpV-PJ
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