La democracia tiene muchas deudas internas. Una, sin duda es la de dar a la sociedad, una ley que tenga en cuenta que la información es un derecho humano y un bien social. Después de 26 años de que comenzó el período constitucional y cinco en que organizaciones del más amplio espectro social reunidas en la Coalición por una Radiodifusión Democrática elaboraron los puntos indispensables que debe tener una norma en la materia, el gobierno de Cristina Fernández recogió esa iniciativa, le dio forma legal y la envió al Congreso Nacional para su tratamiento. ¿Capacidad de leer el momento político, cuestión de principios, decisión más astucia?. Las respuestas pueden ser muchas y dependerá de quien la formule, pero sea una u otra, lo cierto es que el texto toma la discusión de base de más de cuatrocientas organizaciones de todo el país que quieren la democratización de la palabra. Desde que el miércoles 26 de agosto el proyecto de ley -que venía muy demorado- llegó a las cámaras, las grandes concentraciones mediáticas perdieron cualquier atisbo de cordura. Si bien en los últimos meses ya se castigaba al anteproyecto, la remisión al Congreso hizo cerrar filas alrededor de los intereses económicos para mostrar que 'el proyecto K atentaría contra la libertad de expresión y sería una ley mordaza' para lo que se recurrió a términos rimbombantes y catástróficos. Tal vez nunca como en estos días se manoseó tanto el concepto de libertad de expresión -ese que contempla los derechos del informador y del informado según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- y que en sí mismo contiene la idea de un sujeto universal, el que en nuestro país tiene expropiada la palabra desde siempre, porque así como hay pobres, excluidos y estigmatizados de la estructura económica y social, los hay de los medios de comunicación. El anteproyecto es desconcentrador y otorga el 33 por ciento del espectro radioeléctrico a las organizaciones sin fines de lucro, un disparador insoportable para quienes los medios nunca cumplieron con la responsabilidad social que tienen y que no quieren dejar, ni aunque sea compartir, el que tienen como posicionamiento de un poder que abre las puertas de tantos otros. Sólo así se explica la apelación del titular del Grupo Uno, Daniel Vila, al término libertad de expresión y la comparación de la gravedad del proyecto con la de un golpe de estado. No será fácil lo que viene como lo explican dos integrantes de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, el Sindicato de Prensa Rosario y la Federación Argentina de Radios Coimunitarias quienes también hablan de las mezquindades que se despiertan en políticos y otros sectores para los que nunca es el momento de discutir sobre la estructura de la propiedad de los medios de comunicación.

El martes próximo se inician las audiencias públicas para considerar el texto y es importante la palabra del Partido Socialista- en este caso en la voz de la diputada Silvia Ausgburger-, cuyos legisladores tendrán un papel fundamental ya que entienden que este es el momento de discutir, aunque señalen los puntos con lo que no acuerdan. Un dato para tener en cuenta: quedan en la Argentina tres leyes de la dictadura, la de Radiodifusión, la de entidades financieras y el régimen penal de la minoridad, todo cierra en el círculo que sigue siendo una negación de los conceptos básicos de la democracia.