Prisión perpetua de cumplimiento efectivo en cárcel común para Manuel Fernando Saint Amant, Antonio Bossié y Jorge Muñoz fue el pedido de las querellas en el primer alegato del juicio por delitos de lesa humanidad en San Nicolás. Los abogados desgranaron la prueba que se produjo en el proceso comenzado el 3 de julio pasado, tanto sobre la desaparición de seis militantes santafesinos entre el 21 de abril y el 5 de mayo de 1977, como de la masacre de la calle Juan B. Justo, ocurrida el 19 de noviembre de 1976. En el público, Florencia Amestoy llevó como estandarte la foto de sus primos, Fernando, de tres años, y María Eugenia Amestoy, de cinco, asesinados en ese ataque. A unas pocas butacas, el único sobreviviente, Manuel Gonçalves Granada (que tenía cinco meses) seguía emocionado los argumentos de sus abogados. En la misma sala, Fernando Alvira --hijo de los desaparecidos María Cristina Alvira y Horacio Martínez, él mismo sustraído por Saint Amant a los nueve meses-- escuchaba pero también estaba atento a su bebé, que había quedado afuera, en los brazos de la madre. Aquellos niños que fueron víctimas hoy esperan justicia.

Manuel Fernando Saint Amant era jefe del Area militar 132 entre 1975 y 1977 y está acusado por la desaparición de María Cristina y Raquel Alvira, Horacio Martínez, Rosa Baronio, Eduardo Reale y Regina Spotti, así como la sustracción de los niños Fernando Alvira (nueve meses), Martín Almada (siete meses) y Víctor Almada (un año y ocho meses). Además, junto Bossie, integrante de la plana mayor del Ejército en la misma época y a Muñoz, ex jefe de la Policía Federal, están acusados por los homicidios agravados de las cinco víctimas de la masacre.

La recopilación de los relatos de decenas de testigos del ataque de unos 50 efectivos en la casa de Juan B. Justo 676 que realizó la querella coincidieron en subrayar el intenso tiroteo sobre la casa en la que vivían Omar Amestoy, María del Carmen Fettolini, sus hijos Fernando y María Eugenia, de tres y cinco años; Ana María Granada y su bebé de cinco meses, Manuel Gonçalves Granada, el único sobreviviente, que hoy es querellante.

Sobre el ataque a esa casa, la abogada Ana Oberlin consideró que "la hipótesis del enfrentamiento ha sido descartada" y apuntó que se trató de "un brutal ataque". La profesional refutó uno a uno los argumentos de la defensa: que Amestoy y Fettolini se suicidaron. Lo contradijo con los documentos elaborados por el propio Muñoz, obrantes en el Archivo Provincial por la Memoria, en el que se habla de "delincuentes subversivos abatidos". Probó que los atacantes sabían de la presencia de niños, y aún así, tiraron gran cantidad de gases lacrimógenos. Que los niños murieron por la asfixia provocada por esos tóxicos, ya que fue la única sustancia consignada en la autopsia de Fernando. En el caso de María Eugenia, no se realizó autopsia pero la pericia consigna la misma causa de muerte que su hermano.

Oberlin les respondió a Muñoz y Bossie, que hicieron uso del derecho de defensa. "Insulta a la inteligencia de los que estuvimos en esta audiencia que Muñoz y Bossie, si sabían que podía haber delincuentes subversivos en esa casa, fueran cándidamente como lo relataron, a golpear la puerta o a pasar por enfrente", dijo la profesional. Más tarde, consideró: "También es increíble que tres poderosos delincuentes que resistieron un embate no hayan podido producir ni siquiera un rasguño a ninguno de los efectivos que atacaron la vivienda". En su extensa argumentación, dijo que Amestoy, Fettolini y Granada "eran personas que estaban en la casa durmiendo y fueron atacados, y lo primero que atinaron a hacer fue proteger a los niños".

Los abogados unificaron el alegato de las querellas particulares y las secretarías de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y la Nación. Lucas Ciarniello, Alvaro Baella y Carolina Ibáñez relataron las privaciones ilegítimas de la libertad de los seis desaparecidos, con su correspondiente prueba. Entre el 21 de abril y el 5 de mayo de 1977, estos militantes santafesinos fueron secuestrados tanto en sus casas como en la vía pública. Spotti compartió cautiverio con José María Budassi, que dio testimonio de haberla visto en la Brigada de Investigaciones de San Nicolás. Baronio y Reale estuvieron con otro testigo, Pablo Martínez, en un centro clandestino de detención (CCD) del Ejército, cercano a Somisa. Unos 15 días después, Eduardo compartió cautiverio con otros cinco o seis detenidos, en otro CCD, cerca de la fábrica Pratto. Las hermanas Alvira estuvieron cautivas en una comisaría cercana a Somisa y Martínez en el mismo CCD que Reale. Todos ellos continúan desaparecidos. Fernando Alvira, que tenía nueve meses cuando sus padres fueron secuestrados, quedó en custodia de un vecino por orden del propio Saint Amant. Los abuelos maternos pudieron recuperarlo después de firmar bajo extorsión un documento en el que inculpaban a sus hijas.

Los abogados señalaron que más allá de la autoría mediata, a Saint Amant le correspondía la autoría material en los secuestros de las hermanas Alvira y Martínez, así como la sustracción de los tres menores, pues existen testigos de su participación directa. Lo mismo vale para los tres acusados por la masacre, pues está acreditado que los tres estuvieron presentes.

En el final de su argumentación, Oberlin respondió directamente a los represores. "Ellos hablaron del sufrimiento de sus familias. Me parece obsceno comparar lo que significó para la familia Amestoy, que fue totalmente arrasada y el sufrimiento que pasó Manuel, causado por el accionar doloso de los acusados. No puede compararse ni por asomo con lo que significa un proceso penal. No son equivalentes", dijo la abogada, con mucho esfuerzo para contener las lágrimas. En el público, sí, la mayoría lloraba.