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Por primera vez en este juicio oral y público por delitos de lesa humanidad en San Lorenzo, el imputado Pedro Pili Rodríguez quiso declarar en la audiencia de ayer. Lo hizo para negar su presencia en la foto tomada en el palco oficial del acto del 17 de agosto de 1977, junto a Jorge Rafael Videla. Rodríguez es juzgado por el secuestro y torturas de Manuel Casado, que era secretario general del sindicato Municipal, junto al ex jefe del Batallón de Arsenales, Rubén Cervera y su entonces segundo, Horacio Maderna. Cervera fue además intendente de facto de esa ciudad, y Maderna secretario de Gobierno, mientras Rodríguez continuó como asesor legal, cargo que había asumido en democracia. Más tarde, en la década del 90, llegó a ser diputado provincial. El acusado intentó acreditar con su carné de abogado que no es él quien aparece en la foto histórica aportada a la causa por el antropólogo forense Juan Nóbile, director del Museo de la Memoria de San Lorenzo.

También Maderna hizo uso del derecho a declarar. Fue para poner en duda nuevamente que Casado haya estado secuestrado en el Batallón de Arsenales y que haya recibido culatazos de FAL. Casado fue secuestrado de una esquina céntrica de San Lorenzo el 25 de marzo de 1977, a la tarde, llevado a la Municipalidad, donde fue golpeado, y luego trasladado al Batallón de Arsenales, donde lo torturaron.

Maderna desmintió también al testigo de la semana pasada, José Alberto Tropp, un médico que cumplió el servicio militar en 1976 en el Batallón de Arsenales, y contó sobre un veterinario desaparecido. "No había ningún veterinario en el Batallón", dijo Maderna. El fiscal Gonzalo Stara pidió la semana pasada, a raíz de la declaración de Tropp, un listado de los colimbas que estuvieron en 1976 en Fray Luis Beltrán.

Una de las testigos que declaró ayer fue María del Carmen Gianoli, actual directora de Cementerios de San Lorenzo, que trabaja en la Municipalidad desde 1971. En 1976 estuvo primero bajo las órdenes de Rodríguez y luego bajo las de Cervera. Fue enfática al negar el clima de persecución y al subrayar que los dos funcionarios "actuaron correctamente". Dijo que en ese año trabajaba "con amplia libertad". Cuando el abogado querellante, Gustavo Feldman, le preguntó si recordaba el golpe militar del 24 de marzo de 1976, la mujer respondió que "no demasiado". Y cuando le inquirió si ella había tenido actividad política o sindical previa a esa fecha, expresó con mucho énfasis: "De ninguna manera".

La segunda testigo fue Lidia Barbosa, jubilada, que trabajó en el municipio de San Lorenzo entre 1967 y 2010. Dijo no saber si Casado había sido torturado y secuestrado en 1976, pero tampoco recordaba que hubiera estampado su firma en el expediente de reincorporación de la víctima a la Municipalidad, que se tramitó en 1991, cuando Barbosa trabajaba en el departamento de Personal. La frase repetida por la mujer fue "no recuerdo".

Mañana continúa la audiencia con otros dos testimonios. El Tribunal Oral Federal número 1, presidido por Otmar Paulucci, e integrado también por José María Escobar Cello y María Ivon Vella, responderá al pedido de Stara para realizar inspecciones judiciales en los lugares en los que Casado estuvo secuestrado: la Municipalidad, el Batallón de Arsenales ubicado en Fray Luis Beltrán y la jefatura policial de San Lorenzo.