Un grito de alivio y alegría sobrevino en la sala cuando el presidente del Tribunal Oral Federal número 1 Otmar Paulucci leyó la condena a ocho años y 6 meses de prisión para Pedro Rodríguez como partícipe necesario de la privación ilegal de la libertad y tormentos a Manuel Casado, que era secretario general del Sindicato Municipal de San Lorenzo el 25 de marzo de 1976, cuando fue secuestrado en plena calle por un camión del Ejército. Los aplausos por la sentencia al civil que lo "marcó" vinieron cargados de lágrimas de emoción. Ya se habían leído las mismas condenas, como autores penalmente responsables, para Rubén Cervera, que era jefe del Batallón de Arsenales y también interventor de la Municipalidad tras el golpe militar de 1976, como así también para Horacio Maderna, que lo secundaba en el Batallón y como Secretario de Gobierno Municipal. Una vez que esté firme, la pena será de cumplimiento efectivo en cárceles comunes. En la Sala de Audiencias del Tribunal, la mujer y los hijos de la víctima lloraban, transidos de dolor y bronca porque no llegó a ver la justicia que persiguió por 37 años. Manuel Casado murió el 13 de junio pasado.

"Sentimos muchísima satisfacción, sobre todo en la equiparación de las responsabilidades, en que no se haya hecho este deslinde entre civiles y militares", expresó Soledad Chiodín, pieza fundamental del Espacio Memoria y Justicia de San Lorenzo. También el abogado de Casado, Gustavo Feldman, se mostró satisfecho. "Creo que la condena hace justicia, el monto de pena es una cuestión subjetiva de los jueces. Seguramente anidaba la idea de una gradación mayor de pena, pero lo importante es que no ha quedado impune un hecho de la entidad, la gravedad y de la severidad que tuvo que soportar Manuel Casado, que lamentablemente no pudo ver este fallo".

Sin música, con la misma congoja que atraviesa a toda la ciudad, la celebración de las tres nuevas sentencias a genocidas en Rosario tuvo un tono diferente al habitualmente festivo. Esta vez, los globos para la suelta fueron negros, en señal de luto. Y el acto en el cantero central de Oroño 940, a pocas cuadras de la zona de catástrofe, comenzó con un minuto de silencio por Casado y por los muertos de la explosión en Salta 2141. Los abrazos, como siempre, fueron el cerco de protección del espacio memoria y justicia de San Lorenzo y del Espacio Juicio y Castigo de Rosario. Las Madres de Plaza 25 de Mayo, Norma Vermeulen y Elsa Chiche Massa estaban ahí, firmes, como siempre. Después se iban a comer unos ravioles, para volver a la tarde a la plaza, para la ronda que sostienen desde hace más de 30 años.

Roberto Casado era un bebé de siete días cuando su padre fue secuestrado. Los represores lo tiraron al piso, envuelto en un colchón, durante el allanamiento. Ayer no podía contener las lágrimas. "Estoy contento, a pesar de que mi padre no lo pudo disfrutar. Tengo una impotencia, un dolor en mi corazón, de verlo en la foto y no poder estar adelante. Siento mucho dolor porque esto lo peleó y una verdad histórica. Le doy gracias a Dios", expresó el hombre de 37 años, quien se confortó. "Creo que él estaría contento, y no sé si hubiese aguantado su corazón, quizás lo hubiese matado la emoción", dijo.

En el acto hubo un incidente con el precandidato a concejal Sergio Davobe, de San Lorenzo, identificado con el sector político de Pedro Rodríguez. Fueron gritos y repudios aislados que duraron minutos. Lo duradero fueron las palabras de Edilio "Didi" Quiroga, testigo de la causa. "Queremos recordar y pedir justicia por los 17 desaparecidos del cordón que faltan llegar a juicio. Ese era el espíritu de Manuel, pedir justicia no sólo por él sino por todos los compañeros desaparecidos", dijo Quiroga, que también trabajaba en la Municipalidad de San Lorenzo en 1976 y sufrió persecución política.

El hijo mayor de Casado, que también se llama Manuel, habló en el cantero central de Oroño. "Hoy mi mamá y mis hermanos estamos sufriendo. No lo tenemos, pero sí tenemos unos recuerdos muy lindos de cómo peleó. No dejemos de pelear. Seamos fuertes", dijo el joven.

La alegría contenida por la tristeza general era palpable entre los militantes de los Espacios de Memoria y Justicia de San Lorenzo como de Juicio y Castigo de Rosario. De las tres condenas, la de Rodríguez fue la que se vivió con mayor satisfacción ya que se trató de un hombre que era funcionario de la Municipalidad de San Lorenzo antes del golpe militar y continuó después, con activa participación. Y que llegó a ser diputado provincial por el Partido Justicialista, a principios de los 90. "La Justicia le está dando forma a lo que significa dictadura cívica militar, y fundamentalmente en esta causa y en la causa por venir donde Pedro Alberto Rodríguez --enfatizó Chiodín-- se infiltró dentro de la agrupación Montoneros, dentro de la columna Sabino Navarro, entregó la nómina de todos los compañeros que querían transformar el cordón industrial y que le daban batalla a los intereses que hasta ese minuto representaba, que son los que diseñaron este plan sistemático".

La militante de las causas del Cordón Industrial expresó su "eterno agradecimiento a Mabel Colalongo, quien nunca desvió el sentido que tenía que tener esta causa, que era del poder económico contra la clase trabajadora". Como activa impulsora de la causa, se sinceró: "Me tiemblan las piernas aún. Volvemos heroicos a San Lorenzo, somos un puñado de diez que nos vamos a multiplicar en miles. Se terminó en San Lorenzo la mentira, se terminó".

También la Secretaria de Derechos Humanos de la provincia para la zona sur, Nadia Schujman, estaba conforme. "Si bien siempre los organismos, los familiares, esperan la máxima pena posible, que es la condena pedida por la fiscalía, me parecen muy importantes estas condenas, particularmente a Pedro Rodríguez, que se llenó la boca diciendo que iba a volver a ser funcionario, a ser concejal, pienso que una vez más estas condenas vienen a poner las cosas en su lugar", dijo la funcionaria, de larga militancia en la agrupación H.I.J.O.S.