Las abogadas del equipo jurídico de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas hicieron su alegato ayer en la causa Porra, también conocida como Guerrieri II. Gabriela Durruty, Jessica Pellegrini y Daniela Asinari representan a dos de las víctimas que estuvieron detenidas en el centro clandestino de detención Fábrica de Armas Domingo Matheu, Juan Rivero y Ramón Verón. Pidieron condena para los once imputados por genocidio pero, en caso de que el Tribunal Oral Federal número 1 decida no aplicar esa figura jurídica, solicitaron 20 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua a Juan Daniel Amelong, Pascual Guerrieri, Jorge Alberto Fariña, Eduardo Rodolfo Costanzo y Walter Salvador Dionisio Pagano por asociación ilícita agravada y 25 años de prisión en cárcel común para Ariel Antonio López, Ariel Zenón Porra, Joaquín Tomás Gurrera, Juan Andrés Cabrera, Marino Héctor González y Armando Enrique Pelliza, todos ellos por el delito de privación ilegal de la libertad y torturas contra sus representados. También alegó ayer Virginia Blando Figueroa, en representación de Adriana Arce, también sobreviviente de Fábrica Militar.

El alegato de las abogada de Familiares tuvo varios condimentos. Las abogadas rememoraron la complicidad eclesiástica con la última dictadura militar y dijeron: Debería comprenderse el pedido de la querellante Alicia Gutiérrez, sostenido también por Alicia Bernal y Viviana Nardoni. Esperemos que el próximo juicio no nos encuentre presididos por una imagen religiosa que fue enarbolada como bandera por quienes perpetraron estos delitos".

También hicieron hincapié en el necesario cumplimiento de las penas en cárceles del Servicio Penitenciario Federal. "Si luego de la búsqueda de justicia durante tantos años, frente a quienes se resistieron a ello, no se los condena a cumplir su pena en una cárcel común, es una forma de seguir perpetuando la impunidad, y de desbaratar todo el sistema jurídico argentino, que se caracterizará por tener las cárceles llenas de personas socialmente excluidas condenados por delitos menores, y a los Genocidas cómodamente en su casa, burlando nuevamente la ley", dijo Durruty.

Las abogadas consideraron que "la pena les dice a los condenados que internalicen que lo suyo no fue una epopeya política para salvar a la patria, como han manifestado en sus indagatorias, sino el aniquilamiento masivo de sus conciudadanos de la forma más baja que puede hacerlo un ser humano, y en consecuencia el delito más grave que sancionan las legislaciones locales e internacionales".

Las representantes de Verón y Rivero entendieron que "las víctimas no están buscando sólo un reconocimiento judicial de condena a los represores, sino sobre todo, un reconocimiento jurídico a los hechos sucedidos en el país", al tiempo que consideraron las condenas como "aleatorias y efímeras, más teniendo en cuenta la edad de muchos de los procesados y también la de varios de los sobrevivientes. Es por ello que el reconocimiento judicial de Genocidio por parte de la Justicia argentina permite y permitirá a toda la sociedad no sólo prevenir, rearticularse y solidarizarse con hechos que como en la presente causa ofenden a toda la humanidad, sino que también posibilitará la resistencia firme a cualquier intento de inclusión de estas prácticas".

En su alegato, Durruty, Pellegrini y Asinari homenajearon a "los sobrevivientes del estado terrorista. Este juicio contribuye a llevar algo de paz a sus vidas, la paz que solo se obtiene mediante la justicia. En palabras de Paco Urondo: arderá la memoria hasta que todo sea como lo soñamos".

En términos de contexto político, Durruty afirmó que "ningún régimen dictatorial se sostiene sólo con leyes represivas, clandestinas o manifiestas, se necesita de la coautoría de otros sectores, fundamentalmente del sector empresario y financiero. Esta complicidad obedeció a un sistema económico implementado por la dictadura que redundó en enormes beneficios en su favor y en una dependencia política y económica cada vez mayor de nuestro pueblo".

El momento más emotivo fue al final del alegato, cuando Daniela Asinari se despidió de los juicios por delitos de lesa humanidad. "Es mi última actuación como abogada de la matrícula. En breve asumiré mis tareas como defensora pública en la justicia provincial", dijo la profesional.

"La realidad de la argentina, con sus devenires increíbles, nos dio la inmensa posibilidad de representar a las víctimas del genocidio en los juicios en nuestra región. Gran desafío, hermosa tarea que siempre atesoraré", dijo Asinari, cuyo pliego fue aprobado por unanimidad en la Legislatura, como aval a su trayectoria. En el público, había militantes de derechos humanos y también integrantes del Movimiento Giros, al que también pertenece Asinari. Hubo aplausos, lágrimas y felicitaciones. Las últimas palabras de Asinari dieron sentido a esa afirmación en el marco del juicio que llevan adelante Roberto López Arango, Noemí Berros y Lilia Carnero. "Sancionar los delitos más graves, que se cometieron con el fin último de excluir a grandes sectores de la población, también implica transcender en la historia inclinando la emblemática balanza de la justicia hacia la protección del justiciable por definición", subrayó.