Un compromiso democráctico

Por Luis Daniel Rubeo (*)

En la superficie del escenario político﷓institucional, en lo formal, hoy se cumple un nuevo aniversario del golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional en 1976. Desde lo personal, aunque presumo que es un sentimiento compartido por muchos, hoy los argentinos conmemoramos el comienzo de una tragedia, el nacimiento de un proceso que dejó heridas profundas en el cuerpo social. Así de intensa fue esa agresión al pueblo durante aquel oscuro período, y así de graves sus consecuencias sociales, políticas, morales y económicas. A 38 años de aquel fatídico 24 de marzo, puede decirse que los reclamos de Memoria, Verdad, Justicia y Castigo a los culpables recién lograron sintonizar completamente con los deberes de un Estado democrático a partir de la llegada al poder del ex presidente Néstor Kirchner en mayo de 2003.

La decisión política del ex mandatario de asumir como propias las banderas enarboladas por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y todos los organismos de Derechos Humanos, las organizaciones sociales y políticas que acompañaron esa legítima demanda, permitieron acelerar los juicios a los responsables de cometer delitos de lesa humanidad, reparar a las víctimas, ahondar los procedimientos para determinar el destino real de decenas de miles de desaparecidos, intensificar la búsqueda de los hijos arrebatados al nacer a madres en cautiverio, e incluso establecer las complicidades civiles que tuvo la dictadura, entre otros grandes avances en pos de conocer la verdad histórica.

Kirchner pidió perdón en nombre del Estado tanto a las víctimas como al resto de la sociedad, poniendo en valor la responsabilidad de los poderes públicos en esa búsqueda de justicia, y reclamó al Congreso nacional que anulara las leyes de impunidad y los indultos.

La continuidad de esas políticas por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner garantizó que en la última década, a pesar de la injustificada morosidad de algunos tribunales a la hora de instrumentar las causas, se multiplicaran los juicios a los responsables del plan sistemático que implicó tanto el asesinato y desaparición de personas como la imposición de un plan económico que destrozó el aparato productivo, hizo caer los salarios de los trabajadores y desarticuló las conquistas sociales que el pueblo argentino había alcanzado con esfuerzo durante décadas.

En síntesis, hoy el Estado se constituye en el principal garante del cumplimiento de las consignas que apenas iniciada la dictadura levantaron las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo casi en soledad. Y ese es el mayor logro en 30 años democracia: que Memoria, Verdad, Justicia y Castigo a los culpables ya no sean sólo expresiones de deseos o una frase de circunstancia.

(*) Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe

Para que no se repita

Por Héctor Cavallero (*)

El 24 de marzo se cumple el 38 Aniversario del Golpe Cívico Militar que usurpó violentamente el poder administrativo de la Nación, sembrando el terror, la muerte y entregando el patrimonio nacional y los resortes básicos de la economía a los capitales extranjeros, como así también jerarquizando a los grupos concentrados nativos de la economía y las finanzas.

Para lograr este nefasto objetivo, suprimió todas la libertades públicas e individuales consagradas en la Constitución Nacional, persiguiendo, encarcelando, torturando, desterrando y asesinando sobre todo a los trabajadores, jóvenes, profesionales, docentes, intelectuales, periodistas y artistas. El retroceso económico, a pesar de las políticas reparadoras implementadas a partir de 2003, todavía se expresa en la desigualdad, y la marginación que sufren grandes sectores de nuestra comunidad.

Hoy el Partido Progreso Social, repudia el Golpe de Estado Cívico Militar del 24 de marzo de 1976 y se compromete a seguir luchando para que NUNCA MAS, los nostálgicos del autoritarismo y el neoliberalismo, vuelvan, ya sea violentamente o por otros medios a entregar nuestro patrimonio económico y cultural y a violar los Derechos Humanos del Pueblo Argentino.

El PPS convoca a la marcha y movilización Popular que realizará a las 17, en Plaza San Martín.

(*) Con la Junta Ejecutiva del Partido Progreso Social: Alfredo Curi, Rosana Valiente, Oscar Urruty y Oscar Bebán.

Defender los logros conseguidos

Por Alicia Gutiérrez

Al cumplirse este 24 de marzo un nuevo aniversario del trágico Golpe de Estado de 1976 en el país, que abrió el camino, entre otras cosas, a la implementación por parte de las Fuerzas Armadas de un plan sistemático de desaparición forzada de personas en conexión con las demás dictaduras militares del Cono Sur, se impone la necesidad de evaluar una vez más lo que ha significado la incansable lucha que han llevado adelante las organizaciones de Derechos Humanos por Verdad y Justicia.

En estos últimos años, ese largo batallar por la Verdad y la Justicia ha permitido la condena de casi 500 represores en todo el país y el avance de numerosas causas por delitos de lesa humanidad. En Santa Fe, a pesar de las dilaciones que se producen en el ámbito judicial que han demorado el inicio de algunos procesos y de los intentos de algunos represores por frenarlos o, directamente, impedirlos, están por iniciarse dos juicios contra delitos de lesa humanidad y otro se encuentra en trámite, lo que se suma a los 13 juicios que ya se realizaron y por los que fueron a la cárcel 50 represores.

Sin embargo, algunos acontecimientos difundidos en los últimos tiempos nos han alertado sobre el peligro de que los logros obtenidos durante estos 24 años de democracia se vean socavados. En primer lugar, se destaca la denuncia, realizada en 2013, de las tareas de espionaje que Gendarmería realizaba sobre dirigentes sindicales y políticos e integrantes de organizaciones sociales en el marco del denominado "Proyecto X". Una base de datos que la propia institución admitió que existía, pero alegando que se dedicaba a recabar información sobre grupos narcos. En la misma línea se inscribe una noticia sobre un oficial mayor de Inteligencia que estuvo infiltrado durante más de diez años en la Agencia Rodolfo Walsh simulando ser periodista.

A esto se agrega la Ley Antiterrorista aprobada y puesta en vigencia por el gobierno nacional a fines de 2011 y que recibió el repudio de distintos sectores sociales y políticos, incluso de aquellos afines al kirchnerismo. Dicha ley, que agrava las penas para quienes "aterroricen a la población", no especifica a qué se refiere con terrorismo lo que podría ser utilizado para perseguir las protestas políticas o los conflictos sociales.

Por último, las declaraciones del gobernador Scioli sobre evaluar el papel que cumplen las Fuerzas Armadas en relación al combate del narcotráfico y la designación de Milani como jefe del Ejército, denunciado por numerosas violaciones de los derechos humanos, son indicadores de una avanzada contra la Ley de Seguridad Interior que prohibía expresamente la utilización de estas instituciones en seguridad interna.

En este sentido, si bien los logros en estos últimos años de democracia han sido muchos, es necesario estar alertas contra el intento de implementar políticas represivas y de intromisión de las Fuerzas Armadas en los asuntos internos, como lo es la lucha contra el narcotráfico, que tanto daño han hecho históricamente a nuestro país.

(*) Diputada provincial Partido SI