La Multisectorial de Mujeres de Santa Fe, el Instituto de Género Derecho y Desarrollo (Insgenar) y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) solicitaron a la Cámara de Diputados ser escuchadas en el debate del proyecto de "promoción y protección de la mujer en conflicto con su embarazo", presentado por los diputados del Partido Justicialista, Mario Lacava y Alejandra Obeid. La iniciativa será tratada esta semana en la comisión de Salud que preside Avelino Lago. "Es un proyecto perverso", consideró Susana Chiarotti, del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar) sobre la propuesta. "El Estado Provincial protegerá a la Mujer en conflicto con su embarazo y su maternidad desde la concepción, como así también los derechos del grupo familiar que se generan a partir del mismo", dice el artículo 1 de la iniciativa, que contempla, en el punto 8, garantizar "la asistencia y asesoramiento gratuitos para realizar todos los procedimientos legalmente establecidos para la adopción de la hija o hijo nacido vivo a la mujer que lo solicite desde la concepción".

Por su parte, Analía Aucía, de Cladem, afirmó que la propuesta "desconoce la jurisprudencia nacional e internacional que protege los derechos de las mujeres". Y consideró que es un proyecto inaceptable a partir de la Convención para Eliminación de Todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer (Cedaw) en 1979. Además, señaló que "desconoce toda la normativa sobre educación sexual y salud sexual y reproductiva". También Chiarotti señaló que no se tomó en cuenta "la autonomía reproductiva" de las mujeres.

Para Chiarotti, "la visión que hay detrás del proyecto es la de una mujer incubadora, lo que constituye una falta de respeto total a lo que le pase a esa mujer, y también a la relación madre﷓hijo". Por eso mismo, las organizaciones de mujeres solicitaron ser escuchadas en la Cámara de Diputados durante el tratamiento del proyecto.

En el artículo 4, la iniciativa sostiene que "el asesoramiento y/o asistencia (en los centros de salud) debe tener como principal objetivo la estabilización de la situación conflictiva desde al concepción hasta finalizado el embarazo". En los argumentos queda más claro el objetivo de este asesoramiento que plantea la ley. "Creemos que la sociedad y los poderes públicos deben implicarse activamente para que ni una sola mujer en la comunidad se vea en la situación de soledad, falta de apoyo y carencia de ayuda solidaria para que el aborto se le presente como la única salida posible", dice la fundamentación que sostiene también: "La Familia es la Unidad básica de la Sociedad y como tal debe fortalecerse, el Estado no debe escatimar esfuerzos para la Promoción y Protección de la Salud de la Mujer y su Niño por Nacer".

Una de las perlas del proyecto está en su artículo 2. "Entiendase por 'mujer en conflicto con su embarazo' a toda mujer embarazada que por cualquier causa sufra un disturbio emocional o cualquier tipo de violencia, que pudiera poner en peligro la salud o vida de ella o su hija o hijo, nacido o no, ya sea porque su embarazo no fue planificado, fue originado con violencia o por violación o existan enfermedades que se agraven o dificulten su tratamiento. La protección se dará con absoluta independencia de la causa que haya dado origen al conflicto".

Aucía fue contundente. "El proyecto es violatorio de todas las normativas que regulan derechos reproductivos para las mujeres no sólo en Santa Fe, sino también en el plano nacional e internacional, así como las Convenciones que protegen a las mujeres de toda forma de discriminación y violencia", expresó la integrante de Cladem, una red creada en 1989 que agrupa a ONGs de 15 países de la región. "Esta iniciativa pretende ubicar a la mujer en este rol de la maternidad como un deber ser y no como una opción. También está sustentado en conceptos y valores que están lejos de los derechos humanos, sino que más bien están arraigados en estereotipos sexistas, sin argumentos jurídicos ni jurisprudenciales sino más bien sustentados en creencias religiosas, aunque no lo digan directamente. La redacción desconoce las formas de violencia que ya están conceptualizadas en la ley como la reproductiva y la institucional", agregó Aucía.

De hecho, aunque no haga mención en la letra de la ley a las convicciones religiosas, el proyecto cita el Comunicado Interreligioso sobre la vida y la familia, que se produjo en octubre de 2007, firmado por el Arzobispo de Santa Fe, José María Arancedo, junto a otros líderes religiosos como el presidente del Consejo de Pastores de Santa Fe, José Faienza, el representante para la Difusión del Islam, Roberto Mustafá Ale y el presidente de la DAIA de Santa Fe, Marcelo Vorobiof. Allí se habla de "la defensa jurídica en todas sus etapas, desde el vientre materno hasta su muerte natural".

Para las mujeres que pidieron ser escuchadas en la Comisión de Salud, el proyecto es contradictorio no sólo con la Cedaw, sino tamibén con la Convención de Belem do Pará y en cuanto a legislación nacional, del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles, la de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. También es contradictoria con leyes nacionales.

Chiarotti tampoco tuvo medias tintas. "Este proyecto está yendo contra la historia, está desconociendo todos los avances que obtuvieron las mujeres para que el estado garantice el embarazado deseado, una maternidad deseada y la autonomía reproductiva. Además, se contradice con el Código Civil, que acaba de garantizar el derecho a la identidad". Chiarotti cuestionó que la iniciativa de Obeid y Lacava desconozca el derecho de toda persona a conocer su origen biológico. "Todo esos programas de gente que busca gente muestra a personas adultas que se preguntan por qué los habrán abandonado. Los autores del proyecto creen que para una mujer es fácil tener en un cuerpo a un embrión y cuando nace, darlo en adopción. Allí está la concepción de mujer incubadora. Porque así como tenemos una sociedad que avanzó mucho en el derecho a la identidad, pone una carga extra en las mujeres que dieron en adopción a sus hijos", apuntó Chiarotti y consideró que la iniciativa "está escondiendo la moralina detrás, porque en el fondo es una artimania para oponerse a los avances que han logrado las mujeres en sus derechos".

Desde la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe, Susana Palud reiteró la necesidad "de un debate con la sociedad civil" del proyecto, para que la iniciativa quede desestimada. "Si no, la presentan una y otra vez", afirmó la activista santafesina.