La sublevación que protagonizó buena parte de la Policía provincial, entre otras del país, en diciembre de 2013, y que propició saqueos a comercios en algunas ciudades, con víctimas fatales incluso, debe ser investigada por el juzgado federal 1 de Santa Fe. Así lo resolvió la Sala I de la Cámara de Casación Penal, integrada por la jueza rosarina Ana María Figueroa y sus pares Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. Se trata de lo que la tropa rebelada denominó "huelga" en reclamo de mejoras salariales. Los cargos contra los uniformados son abandono de tareas y toma de edificios públicos, lo que posibilitó saqueos organizados en esta provincia, donde murieron 3 personas, y en otras. Es el mismo juzgado que investiga las amenazas recibidas por esos días por el entonces gobernador, Antonio Bonfatti.