Las declaraciones del intendente Miguel Lifschitz en torno de la reglamentación que tendrá para la construcción el barrio de Pichincha, no hicieron más que tratar de componer la relación con los inversores privados que hoy levantan torres por cualquier zona céntrica de Rosario en donde encuentren un espacio disponible. Pero en rigor, la decisión de la secretaría de Planeamiento Muncipal de suspender por seis meses las habilitaciones en el lugar, no pueden ser consideradas como el capricho de una funcionaria (Mirta Levin), sino más bien como un tiempo que la administración se toma para plantear un proyecto integral en el lugar. Para pensar, nada más y nada menos, cómo se quiere que sea ese barrrio, o para qué lado cambie en un futuro inmediato.

Allanar el camino a las inversiones siempre parece una política de Estado adecuada, pero en este caso se trata de inversiones que si no se hacen en Rosario, no se harán en ningún lado. ¿O acaso, es lo mismo levantar una torre en esta ciudad que hacerlo en Venado Tuerto o Granadero Baigorria?

El propio presidente del Colegio de Arquitectos de Rosario, Emilio Farruggia, que actuó como vocero del lobby demoledor y constructor, advirtió que tanto Pichincha como Puerto Norte y Refinería son hoy los lugares top buscados para levantar nuevas torres de departamentos. ¿Por qué entonces el Estado, en representación de toda la ciudad, no tiene el derecho a tomarse el tiempo necesario como para establecer planes integrales y definir en dónde se instalan y de qué manera esas estructuras que beneficiarán a los inversores, a los que tengan propiedades en el lugar y a los pocos que puedan adquirir inmuebles allí, pero no todo el mundo?

Lifschitz se comprometió a analizar algunos de los planteos que acercó el lobby demoledor, pero no a desautorizar a su funcionaria en Planeamiento y mucho menos a resolver rápidamente el entredicho. Mal haría el intendente en ceder a todas las pretenciones de estos inversores a los que lógicamente poco pueden importarles cuestiones como la preservación o características de una nueva realidad arquitectónica y urbanística en la ciudad.

Es cierto que entre estos profesionales ya han cedido aquellas ínfulas de modernidad que a fines de los `50 y principios de los `60 arrasaron con la posibilidad de una Rosario distinta. Pero aún el afán de los negocios supera a las posibilidades de todos los ciudadanos de conservar, no sólo construcciones patrimoniales, sino también una fisonomía de ciudad que prácticamente no se advierte hasta que ésta no es cambiada por completo. Y ahí, se sabe, ya es demasiado tarde.

Hasta ahora se había avanzado en una normativa que tiende a conservar las casas de valor patrimonial (más de 2000 en el casco céntrico entre bulevares), pero ahora a lo que se apuesta es a tratar de conservar no sólo el edificio catologado con estas características, sino su entorno. ¿Cuánto puede conservar de valor urbanístico un solo frente en una cuadra si a su alrededor sólo se ven torres de gran altura?, ¿cómo podría ser jerarquizada esa propiedad?

Además no estamos hablando de la construcción de grandes edificios de planes de vivienda a las que accederán miles de rosarinos que hoy pagan alquiler, sino que se trata de inversiones ﷓en muchos casos multinacionales﷓ que atenderán una demanda limitada que incluye a otros tantos inversores que nunca vivirán en esos nuevos departamentos. En síntesis, no se está hablando de obra pública sino de espacios que el Estado tiene la obligación de regular en beneficio de todos y del futuro urbanístico del lugar.

Otra declaración de Farruggia que intenta engañar es aquella que dice que si los impedimentos de levantar torres en esos lugares se tornan insalvables, la construcción se correrá hacia otras zonas. No es posible imaginar, por ejemplo, inversiones de esta naturaleza de la avenida 27 de febrero hacia el sur. ¿O sí?