A veces la historia se repite, como parece con lo sucedido a mediados del siglo XX con los servicios sanitarios de Rosario y las prolongadas consecuencias que tuvieron algunas de las decisiones de las autoridades de entonces. Un concesionario privado que suspende programas de inversión para agua potable y cloacas con el argumento de que no cierran las cuentas. La Municipalidad, concedente del servicio desde 1887, que lo acusa de incumplimiento, pero prefiere a su vez entregar la operación del servicio a la Nación. Y ésta compensa a los empresarios con una suma millonaria. El 28 de noviembre de 1945 la Municipalidad de Rosario y la por entonces Administración Nacional del Agua suscribían un convenio destinado a que el Estado nacional dotara de agua potable y desagües a los barrios de la ciudad que no contaban con dichos servicios porque la empresa privada ﷓de capitales ingleses y a cargo de la explotación desde fines del siglo XIX﷓ no los estaba atendiendo. Fue como abonar el terreno para lo que sucedería en 1948: Ya durante el primer gobierno de Juan Perón, los servicios sanitarios -cuya titularidad correspondía entonces a la Municipalidad de Rosario- pasaron a Obras Sanitarias de la Nación -la concesión vencía en 1958-, previo pago a la compañía extranjera de más de dos millones de libra esterlinas como compensación. Una cifra que hoy equivaldría a unos 250 millones de pesos.

La historia del agua rosarina arranca el 13 de enero de 1888 con la puesta en marcha de la red a través de una concesión otorgada por la Municipalidad a la Compañía de Aguas Corrientes, de capitales ingleses, que pronto se hizo extensiva a los servicios de desagües pluviocloacales.

Norma Lanciotti, investigadora de la UNR especializada en historia de empresas de servicios públicos", señala a Rosario/12 que "la relación entre el concedente (Municipalidad de Rosario) y las firma inglesa concesionaria de la red cloacal (grupo Morrison) es bastante conflictiva, porque no cumple con las condiciones mínimas de servicio". Con la empresa de aguas corrientes -del mismo dueño pero diferenciada de la de cloacas- no hubo mayores conflictos porque ese servicio requiere menos inversiones que la red cloacal. Incluso la empresa se ufabana de poseer la planta "de aguas corrientes más moderna que existe en Sudamérica", además de dos tanques elevados considerados como "los más grandes del mundo", según crónicas de la época. Justamente, el tanque ubicado en Alem y Ayacucho ﷓todavía en pie aunque fuera de uso﷓ fue la última obra de envergadura realizada por la empresa en la ciudad, en 1929.

Pero luego de la crisis del `30, los problemas se precipitan: los contratos de concesión establecían que las tarifas debían fijarse en pesos-oro. Durante varias décadas, mientras rigió la convertibilidad del peso argentino, los valores se mantuvieron estables. Pero las sucesivas devaluaciones, llevaron los valores por las nubes. "Las facturas tenían siempre el mismo costo en pesos oro, pero al lado aparecía la cotización en pesos argentinos, y eso era lo que tenían que pagar los rosarinos", precisa Lanciotti.

A partir de los reclamos de la oposición -liderada entonces por la democracia progresista y el radicalismo-, se crea una comisión fiscalizadora integrada por docentes de la Universidad. La misma dictamina que la empresa tiene una rentabilidad aceptable que le permite rebajar las tarifas. Pero la firma inglesa se ampara en la vigencia del contrato de concesión para evitar cualquier modificación que reduzca sus ingresos.

La crisis económica, que afectó en especial a los países con economía basada en la producción agraria como la Argentina, se proyectó también sobre los servicios públicos, mayoritariamente en manos de capitales británicos. En el caso de las compañía de Aguas Corrientes y de Salubridad del Rosario, se hizo notar en la falta de ampliación de las redes hacia los nuevos barrios que incorporaba la ciudad. El principal argumento era que el plazo pendiente para el fin de las concesiones (en 1958 terminaba la de agua potable) no les permitiría amortizar los capitales aplicados a los nuevos trabajos, además de que se trataba de zonas donde los vecinos tenían menor capacidad de pago que dentro de "los bulevares".

El convenio firmado el 28 de noviembre de 1945 esstablecía que la Administración Nacional del Agua se encargaría de hacer las obras necesarias para dotar de agua corriente, cloacas y desagües pluviales a los barrios de la ciudad que aun no tenían esos servicios.

Además, la Municipalidad se comprometía a entregar la explotación de la totalidad de los servicios al Estado nacional, cuando caducaran las concesiones privadas, "cuyos plazos no serán prorrogados, sea por el vencimiento de los mismos o por cualquier otra causa". Y esa "otra causa" no se hizo esperar, ya que dos años y medio después, la nacionalización de los servicios públicos encarada por el primer gobierno de Juan Perón alcanzó también a las compañías de Aguas Corrientes y de Salubridad de Rosario, a la sazón las únicas prestadoras privadas que quedaban en el país, junto a Bahía Blanca.

El 6 de abril de 1948 se firmó el acuerdo de transferencia de los bienes de las compañías a Obras Sanitarias de la Nación, por el que la ciudad resignaba ﷓situación vigente hasta el momento﷓ la potestad de administrar los servicios. Al cesar anticipadamente la concesión, el gobierno nacional pagó 2.182.539 libras esterlinas, trece chelines y ocho peniques a los ingleses. La cifra equivalía a 34 millones de pesos moneda nacional de la época que, actualizados a estos días, representan cerca de 250 millones de pesos, algo así como la mitad del presupuesto 2005 de la Municipalidad de Rosario.

El 9 de julio de 1948 se concretó la toma de posesión por parte de OSN, con la promesa de "corregir desigualdades originadas por la impresivión que ha significado entregar al capital privado un factor vital para el normal desarrollo físico del elemento humano como con los servicios de salibridad". Pero en el decenio siguiente se mantuvieron los indicadores preocupantes: de las 8000 hectáreas urbanizadas de Rosario, solo 4400 tenían agua potable y una cuarta red cloacal. Las maquinarias de la planta potabilizadora, con 40 años de antigüedad, se encontraban al límite de su vida útil. Y del sistema de medidores se pasó al de "canilla libre", con lo cual se favoreció el uso ilimitado del agua, acrecentando los problemas de suministro. Recién en 1965, bajo el gobierno de Arturo Illia se inauguraran las obras de ampliación de la planta potabilizador junto al río Paraná y una estación de rebombeo en Dorrego y Ocampo. El resto de la historia es más reciente, en 1980 la dictadura provincializa el servicio y en 1995 Carlos Reutemann da paso a la concesión privada.