Lo que pasó el jueves en la Legislatura provincial tiene, por lo menos, dos lecturas. La primera es que el peronismo decidió ponerle un límite contundente a la administración socialista después de los nueve meses de gestión que se desarrollaron bajo el impulso de los votos logrados el año pasado. Pero la segunda es que el oficialismo, sabiendo que no alcanzaría la mayoría necesaria en el Senado para la Reforma Tributaria, decidió forzar un dictamen en Diputados y obligar al peronismo al pronunciamiento para comenzar, esta semana, las negociaciones que destraben el equilibrio que neutraliza las fuerzas en ambas Cámaras.

Con todo, la primera versión de los hechos parece la más nítida, sobre todo porque ya había muchos indicios de que los bloques del PJ harían una movida en ese sentido: no sólo rechazar la propuesta de Reforma Tributaria del gobierno, sino además aprobar una propia como lo hicieron los senadores incorporando una quinta cuota al inmobiliario pero, sobre todo, disponiendo que ese incremento (del 25 por ciento) sea distribuido en su totalidad entre los municipios y comunas. La piedra de toque de la jugada política.

Ya el fin de semana no fueron pocos los jefes comunales que comenzaron a admitir que no veían con malos ojos al proyecto de la oposición, aunque sin calcular en detalle cuánto más podría beneficiarlos la reforma que impulsa la administración de Hermes Binner.

Sucede que a medida que pasa el tiempo, los intendentes están más y más necesitados de obtener algo. Lo que sea. Porque ya se frenó en Diputados un intento del Senado para llevar la coparticipación provincial del 13 al 18 por ciento. El socialismo aseguró que nunca -en 24 años de gobierno- el peronismo había cumplido con el 13 por ciento y que ahora, desde la oposición pretendía elevar ese reparto al 18. Es cierto, pero muchos jefes comunales ya no escuchan razones porque se les viene encima otro pedido de aumento de los municipales, tras el fracaso de las paritarias está semana habrá 48 horas de paro de unos 30 mil trabajadores del sector en toda Santa Fe. Porque además, la recaudación de estos meses incluido el conflicto del campo, ha sido una cosecha muy pobre para pueblos y ciudades.

Esto sin contar la presión que estos días han ejercido sobre la Fiscalía de Estado de Santa Fe -siguiendo el reclamo de Rosario- ciudades como Firmar y Esperanza, que pretenden recuperar saldos mal liquidados en años anteriores.

En ese marco, la situación de Rosario no es la mejor. No será tan dramática como lo ha manifestado públicamente el ex intendente Héctor Cavallero, pero la verdad es que es complicada. Menos mal que este fin de semana le salió bien a Miguel Lifschitz la movida de la protesta con las lanchas en la protesta contra las quemas en las islas entrerrianas; porque es uno de los pocos temas en los que puede desarrollar la política. Por lo demás, queda amordazado en sus reclamos porque es su propio partido el que gobierna la provincia y el que le pide paciencia, tiempo. Un tiempo que se agota porque la demanda crece y los servicios esenciales a prestar se encarecen. Y ya hasta los prestadores de transporte protestan frente al Palacio de los Leones.

Curiosamente, el más técnico de los hombres de Binner, el autor de la Reforma Tributaria, el ministro de Economía Angel Sciara es el que salió a dar una respuesta política a todo el asunto en la Legislatura. "Hay que dialogar y consensuar, esa es la tarea de la política", dijo muy tranquilo entendiendo que eso es también lo que reclama el peronismo. Ni siquiera si inmutó cuando el senador Juan Carlos Mercier tildó de "adefesio" a su reforma. "Son opiniones, yo no creo que sea así", respondió Sciara que se mostró muy comprensivo con los escenarios derivados de "la natural acción política". Habrá que ver si esa tranquilidad ayuda al oficialismo a llegar esta semana a un entendimiento.

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