Después de 10 años de incumplimiento por parte de la empresa Aguas Provinciales, 10 años de desinversión totalmente irrecuperables en el corto plazo, el Gobierno de la Provincia plantea en forma perentoria y como única salida al problema, la constitución de una Sociedad Anónima con participación del Estado Provincial, los municipios y los trabajadores, todos con participación societaria en la S.A. Para integrar esta sociedad los Municipios deberán adquirir el 39% de las acciones de la misma.

El Gobierno Provincial se desentiende de su obligación como órgano concedente, no exigiendo previamente la realización de las obras establecidas en el contrato, ocupándose, o entreteniéndonos, durante todo el año 2005 en renegociar la privatización de la empresa y deja de lado los reclamos por el incumplimiento contractual respecto de las obras de infraestructura no realizadas. Desde el 28 de abril de 1999, el grupo Suez cobró a todos los santafesinos una sobre tarifa del 13,85% destinada a realizar las obras de infraestructura necesarias para que todos los ciudadanos tuvieran acceso al servicio, estas obras jamás llegaron a concretarse.

Acordemos que al retirarse la empresa, el gobierno provincial está perfectamente facultado a iniciar acciones legales por el real incumplimiento. Si analizamos la propuesta de la creación de una S.A., ningún municipio servido por la empresa debe hacerse cargo de pagar con la compra de acciones la infraestructura que Aguas no ejecutó por falta de control de la Provincia, en este caso los ciudadanos estaríamos pagando dos veces una misma obra ya que primero se pagó con el 13,85% y ahora con la compra de acciones con fondos provenientes del municipio que es dinero de todos los vecinos.

Particularmente, con la gestión de Martín Balbarrey al frente del Municipio de la ciudad de Santa Fe, sería doblemente irresponsable asumir esta participación ya que si no existe una repuesta seria a las obras no ejecutadas con los 500 mil pesos que envió el gobierno nacional; qué podría ocurrir si estuvieran a cargo de la prestación de un servicio tan preciado como el agua, un derecho humano por excelencia.

Desde el ARI proponemos abrir una discusión a toda la ciudadanía sobre qué modelo de empresa queremos. En nuestro caso particularmente proponemos la creación de una Sociedad del Estado que no tenga como fin último solamente la obtención de ganancias, recuperando el sentido del servicio público, para que el agua llegue a todos y no sólo a los que la puedan pagar. Una empresa que esté dirigida por representantes de todos los estamentos que componen nuestra sociedad, estamos hablando de las Universidades, ONG, Colegios de profesionales, miembros del gobierno provincial y municipal, empleados de la empresa, etc. Todo esto con un organismo de control muy fuerte en manos de la ciudadanía y no la entelequia del Enress que sirvió solamente para la supervivencia de algunos políticos venidos a menos.

Sin control no existe una empresa eficiente, creo que ya nos hemos dado cuenta con esta triste experiencia. Esta empresa debería abarcar a toda la provincia y no sólo a las 15 localidades en la que presta servicio Aguas Provinciales. Mientras esto se discute, proponemos un período de transición, no más de 180 días, con la prestación del servicio a cargo de los técnicos y empresas que mantienen el servicio en la actualidad, con la supervisión del Estado Provincial.

*Concejala del ARI (Santa Fe)