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La tensión política entre oficialismo y oposición, acumulada en el Concejo Municipal por el escándalo de los autos que desaparecieron del corralón de Tránsito; hizo eclosión en la última sesión del cuerpo donde el presidente Miguel Zamarini y el concejal Fernando Rosúa casi se van a las manos en una discusión. En rigor, el tema no llegó a mayores y no reviste gravedad institucional. Pero sí muestra una larga cadena de errores políticos del gobierno municipal alrededor de un tema que primero quiso desconocer, después minimizar y por último -como siempre pasa terminó pagando más caro de lo que debía.

"Menos mal que a esa hora ya se habían ido todas las cámaras de TV y los fotógrafos de los diarios", dijo un edil respecto a los arrebatos violentos entre Zamarini y Rosúa que en realidad salió a defender a su compañera de bloque María Eugenia Bielsa. La verdad, menos mal para todo el Concejo Municipal porque una cosa es contar lo que pasó y otra muy distinta es verlo por televisión o en una fotografía. "Hubiésemos sido como esos parlamentarios asiáticos que a veces se ven por tele dándose patadas y trompadas entre las bancas. Un desastre", completó aliviado otro concejal rosarino.

Finalmente, Zamarini y Rosúa terminaron al día siguiente con un apretón de manos. Mucho más acorde, por otra parte, con el carácter de los dos. Lo que también explica el por qué actuó como lo hizo el generalmente aplomado y conciliador titular del Palacio Vasallo que liberó su furia cuando algunos ediles no se disponían a aprobar lo que habían acordado en Labor Parlamentaria: un lavado pedido de informes al Ejecutivo sobre los desaguisados.

El tema de los ilícitos en el corralón de Tránsito terminó no sólo con la cabeza de Mauricio Malano -lo cual era inevitable desde el principio sino con facturas políticas dirigidas a funcionarios de mayor rango y con consecuencias aún imprevisibles.

O se equivocó solo o alguien lo hizo equivocar feo al intendente Miguel Lifschitz que 24 horas antes de la renuncia del funcionario salió a ratificarlo por todos los medios. Una reacción clásica de los gobiernos, pero no tanto del local que está poco acostumbrado a las críticas y mucho menos a las denuncias y sospechas en su contra. Por primera vez en mucho tiempo, Lifschitz no ocultó su desagrado y malhumor ante la prensa con las consultas reiteradas sobre el tema, como era absolutamente inevitable para quienes estuvieran cumpliendo honestamente con su labor de informar

Esa falta de costumbre o gimnasia en la adversidad política es la que hizo que el oficialismo saliera a resistir con uñas y dientes la creación de una comisión investigadora que impulsaba la oposición en el Concejo. Resultado: la amplificación del conflicto y la negativa a investigar por otra vía que no fuera la judicial mientras se lo sostenía al funcionario cuya honorabilidad no estaba en debate. Un concejal de la oposición lo graficó claramente cuando aseguró que si hubiesen decidido la renuncia de Malano más rápido, la comisión investigadora se hubiese caído por su propio peso y sin ninguna estridencia.

Está claro que gran parte de los opositores vieron un resquicio por el que ingresar para intentar dañar al Ejecutivo, pero no de manera burda sino más bien dentro de los cánones habituales de la relación oficialismo oposición. Prueba de eso fue la oferta para que el propio intendente presidiera esa comisión investigadora.

Lo que vino después, y que seguirá esta semana como propuesta, es una salida demagógica para que la ciudadanía olvide lo más rápido posible el tema, cuando ya se acerca un año electoral. La idea de flexibilizar los motivos de remisión de vehículos al corralón municipal parece haber encontrado eco aún entre algunos ediles de la oposición que no podrían resistir aparecer a la zaga de una medida "beneficiosa" para la ciudad. Con todo el proyecto parece rezar: "Llevaremos menos autos y motos al corralón porque no podemos garantizar que aparezcan enteros o siquiera que aparezcan". La frutilla del postre la vivió la fiscal Viviana Cingolani cuando se encontró con los autos y motos lavados y ordenadísimos en su inspección en el corralón municipal. El espacio se parecía más a una concesionaria que a un depósito de vehículos en infracción.

Todo forma parte de un proceso donde el estado municipal también concesionó parte de la remisión de vehículos al corralón a manos de una empresa privada. Las grúas siguen arrastrando a los autos desde su tren delantero, con el deterioro que esto puede causar y el consiguiente posterior litigio en la justicia. Además, el acarreo triplicó su costo en los últimos tiempos. El Estado y los privados controlados por éste, tendrían que poder hacer cumplir a rajatabla los motivos de remisión de vehículos, tratándolos correctamente en el acarreo y asegurando su conservación y -por supuesto que nadie se los lleve.

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