El proyecto que el concejal Jorge Boasso (UCR) presentó la semana pasada para analizar la posibilidad de estatizar completamente el servicio del transporte urbano de pasajeros de Rosario; servirá por lo menos para debatir a fondo el futuro del sistema. Está claro que la Sociedad del Estado para el Transporte Urbano de Pasajeros (Semtur) fue un ensayo estatal creado para llenar los crecientes agujeros que el servicio iba dejando a medida que se iban cayendo más y más líneas privadas. Sólo basta recordar que para principios de los `90, Rosario tenía unas 35 empresas privadas de transporte y que para fines de esa misma década, no quedaban más de siete u ocho.

El abandono de los recorridos por falta de rentabilidad y la negativa de muchas otras firmas a hacerse cargo de los mismos (con personal incluido), fue generando la necesidad de que apareciera la municipalidad como actor integrado en la prestación. Pero lo que empezó como una medida tendiente a paliar la situación de emergencia, terminó por hacer crecer a la Semtur hasta llegar a tener un tercio de la flota actual de colectivos del sistema.

El proceso le sirvió al municipio para saber bien desde adentro, y con escaso margen de error, cómo eran realmente los números del TUP en la ciudad. Cuáles los márgenes de ganancia, cuál la frecuencia de recorrido, y cómo incidía el conjunto en la tarifa. Pero a la vez, ponía al Ejecutivo local como patronal -con cada vez más empleados a su cargo- y abarcando una porción del servicio mucho mayor a la deseada.

"A nosotros nos gustó de entrada la posibilidad de absorber uno o dos recorridos testigos, que nos sirvieran para entrar en el servicio e incidir desde adentro en su funcionamiento general", confesó en su momento a este cronista una fuente de Servicios Públicos que ya no está en esa secretaría; pero no dejaba de reconocer también que "no es nuestra idea llegar ni siquiera a hacernos cargo de la mitad de la flota total o del servicio. Mucho menos, pensar en abordar desde el municipio la totalidad de los recorridos".

Con todo, desde la municipalidad se fueron acostumbrando a la idea de una empresa estatal de peso y -se vió en este último conflicto con los choferes-, actuar como una parte de la patronal a la hora de las negociaciones. Es decir, ya que es el municipio el que termina pagando el costo político de un conflicto que altere el funcionamiento del servicio, por lo menos, tener la posibilidad de incidir en su resolución y -sobre todo- en el tiempo que implique arribar a la misma.

Ahora el sistema se reparte en las siguientes patronales: Las empresas privadas Rosario Bus y Las Delicias, y la estatal Semtur. Y como socios minoritarios la Unión Transitoria de Empresas que forman Cotal, 25 de Mayo y Etar.

En el último conflicto que planteó la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por reclamos salariales, se vió claramente cómo los dos grandes privados (Agustín Bermúdez y Rubén Rodríguez) dilataron peligrosamente el conflicto al negarse en principio a firmar las actas del incremento salarial desdoblado. Pero se vió también cómo los choferes nucleados en su sindicato confiaban mucho más en la patronal estatal que en la privada. "Podemos arreglar con la municipalidad una porción del aumento a futuro, pero queremos que Bermúdez y Rodríguez lo pongan por escrito, no confiamos en ellos", dijo con su estilo frontal el secretario general Manuel Cornejo.

La Municipalidad, está claro, no quiere en sus manos todo el servicio. Al menos no, sin que medie una catástrofe de proporciones, pero sabe que para ello debe otorgar determinadas condiciones a los dos empresarios privados sin los cuales todo el sistema colapsaría. Esa es la encerrona del momento que, Boasso, pretende ayudar a destrabar con su proyecto: Prescindir directamente de Bermúdez y Rodríguez y concentrar todas las decisiones en manos del Estado. Ya se verá si eso es posible, parece difícil por el momento, sobre todo con una licitación en marcha.

[email protected]