La detención del Jefe de la Policía de Santa Fe la semana pasada, puso en evidencia las severas falencias de la clase política santafesina, que con distintos grados de responsabilidad mostró una displiscencia peligrosa por tratarse de un tema tan complejo como es el narcotráfico y sus ramificaciones. La gravedad institucional que supone que el vértice de la pirámide policial esté preso, imputado y con la excarcelación denegada no ha tenido la respuesta adecuada por parte del gobierno que a lo largo de una semana entera se debatió entre el estupor y la desconfianza. Desde la oposición el "aporte" tampoco ha sido muy constructivo, aunque para ser justos hay que decir que los dirigentes provinciales -tal vez por la vecindad- fueron más cautos y prudentes que sus colegas diputados nacionales. La retirada "ordenada" del viernes fue eso, el acatamiento de directivas desde Buenos Aires, donde no querían que se nacionalizara una situación que para algún dirigente puede parecer sólo un problema de Santa Fe. Y en rigor el escándalo es santafesino, el costo político es para el gobierno de Antonio Bonfatti, pero la solución -difícil y de largo aliento- es impensable encontrarla en la soledad provincial.

De todos modos ese argumento -esgrimido hasta el cansancio por los ministros provinciales- no exime de culpas al gobierno socialista, y para colmo el gobernador no podrá echar culpas hacia atrás porque él era el Ministro de Gobierno de la gestión de Hermes Binner que aparece hoy como responsable también del desmanejo de la policía. Durante la gestión de Binner creció exponencialmente el mapa del delito y su complejidad, y si bien Santa Fe no es el único territorio que afronta esta problemática las cifras son superiores a provincias de similares características. Que el Ministro de Gobierno sostenga que se hicieron 10 veces más procedimientos que las fuerzas federales -las que por ley deben combatir el narcotráfico- puede servir para dar muestra de la voluntad política de combatir el flagelo pero es a la vez la patentización del fracaso de las investigaciones. Y eso no es sólo competencia policial, también jueces y fiscales tienen su cuota de responsabilidad, y trasladándolo al escándalo de Tognoli, hay que decir que el Juez Vera Barros recién libró la orden de captura después de la publicación en Página/12 de lo que había investigado la fiscalía que solicitaba la dentención del jefe policial. Marcelo Bailaque -juez Federal y subrogante del juzgado de Vera Barros- no quiso avanzar como hubiera podido, y el titular del juzgado no tenía demasiadas alternativas cuando estallo el escándalo.

Los legisladores provinciales manifestaron sus dudas acerca de la oportunidad de no relevar a la totalidad de la cúpula policial. Una razonable preocupación, nadie puede pensar que Tognoli operaba solo, y que sus subordinados lo irían a detener.

El Ministro Lamberto -cuya honorabilidad sigue sin cuestionarse- ha perdido en credibilidad. Primero ha dicho que "no sabía nada" de la investigación sobre el jefe ahora preso. Días más tarde dijo "sabíamos que estaba siendo investigado". Y remató con una explicación que como suele suceder es peor que la afirmación: "Lo investigaban no por el tema narcotráfico, pero sí por enriquecimiento ilícito como otros altos mandos de la fuerza". Ninguna novedad, el fiscal Guillermo Camporini concedió no menos de media docena de reportajes -incluido a este cronista- en los que habló de datos y hasta un video relacionado con esas causas. El enriquecimiento ilícito tiene en el narcotráfico el volumen más importante y esto Lamberto lo sabe, y sino lo sabe es más grave aun.

La lógica indica que debería haber más detenciones y relevos, que se agregarían a los de los últimos días. No obstante en la sociedad subyace un clima de desconfianza que durará mucho tiempo y que sólo comenzará a disiparse con acciones claras, de todos los responsables, en sus diferentes niveles pero sin distinción de banderías o roles.

Los funcionarios de Ejecutivo en primer lugar, los jueces, los policías, y todos los estamentos de la sociedad civil deben hacer su aporte. Es necesario un alto sentido de ejemplaridad, y si eso significa cambios profundos, salida de funcionarios y ascensos de nuevos policías no complicados en estos chanchuyos deberá hacerse.

La presunción de inocencia es un derecho fundamental, para todos, civiles y uniformados, pero en estas circunstancias y ante la gravedad de los hechos, hay dar ejemplos, presentar declaraciones juradas, hacerlas públicas, demostrar que no hay nada que esconder, no sólo porque es la única manera de recuperar la confianza, sino porque se le resta un argumento a los desaprensivos y oportunistas que quieren sacar ventajas de esta situación.