No vaya a ser que mientras todos se concentran en las repercusiones políticas, la causa judicial se empantane y termine por dejar un manto de sospecha de impunidad que venga a complicar un poco más -si es que eso fuera posible- al gobierno de Antonio Bonfatti. Obviamente se habla del caso Tognoli, no hay en la provincia de Santa Fe otro tema de conversación en las mesas de los cafés, en la familia, en el club. Y hay toda una corriente de "pensadores" que creen que defienden al gobierno debilitando las pruebas contra el ex jefe de la policía. Es cierto, Bonfatti y Hermes Binner han reiterado una y otra vez que no apañarán a nadie, pero en el socialismo hay quienes creen que llegará un día en el que podrán decir "vieron, Tognoli no era tan malo". Y creen también que eso será sinónimo de "acá no hubo ni hay connivencia, no hubo ni hay desmanejo en la conducción de la policía. Acá nadie se equivocó".

Las pruebas que el defensor Eduardo Jauchen y algunos artículos periodísticos pretendieron derribar, parecen gozar de buena salud. La primera fue la clave para averiguar las patentes de los autos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Jauchen gritó a los cuatro vientos que la clave había sido usada por el titular de la seccional 2 de Rosario. Pero pasaron las horas y el comisario Néstor Fernández presentó un escrito en la justicia negando que él haya utilizado esa clave para hacer tales averiguaciones.

La otra prueba que empezaba a "caer" era la del mensajito de texto del comisario Ledesma a Nilda Luques, la mujer que quería denunciar a los narcos que le vendían drogas a su hija adicta en el sur de la provincia. Amiga de Ledesma, lo consulta sobre el tema y el comisario retirado le contesta por sms que "le pagan 30 mil pesos por mes a Tognoli para poder vender droga". Ninguno de los dos aún fue citado a declarar por el juez Vera Barros, pero ambos ratificaron sus dichos en un reportaje publicado ayer por Rosario/12.

Lo político se arregla de alguna manera y en todo caso, la sociedad será la que la juzgue. El problema es lo jurídico que tiene sus propios métodos de comprobación y que, por un paso en falso, puede dar por tierra con todas las acusaciones. Que un jefe de Policía de provincia tenga connivencia con los narcotraficantes no es sólo un problema para el gobierno de esa provincia, sino para toda la sociedad que asiste al mecanismo de expansión espectacular del desarrollo del narcotráfico en el territorio para enriquecimiento de unos pocos corruptos. Una cosa es ser narcotráficante, otra cobrar para que opere el tráfico y otra es no preguntar de donde viene el dinero para financiar determinados proyectos. No es lo mismo una cosa que la otra, eso sí, todos los pasos colaboran para que el flagelo se instale en esta provincia con raíces cada vez más profundas. No es lo mismo un abogado narco que un abogado que compre un auto de alta gama para que lo use un narco, pero ambas acciones están muy cerca aunque mantengan su distancia en el Código Penal.

Allá los que siguen perdiendo el tiempo tratando de establecer cómo llegó la información a Página/12. Deberían saber que las cosas siempre se conocen porque hay alguien enojado o interesado, pero el problema sigue siendo la veracidad de los hechos, no cómo tomaron estado público. En eso deberían concentrarse las autoridades que siguen dolidas por la "sorpresa" de la noticia que sacudió a la administración socialista. Es una crisis y a las crisis no hay que esconderlas ni rodearlas, hay que encararlas de frente para solucionarlas.

También la justicia federal tiene una gran responsabilidad por delante. Cada vez más se escuchan quejas al accionar de los magistrados en este tipo de causas donde ya no sólo se apunta a la connivencia policial, sino también a la ineficacia y a la falta de compromiso en todos los ámbitos que deben actuar.

Romper y salir

Se entiende que los diputados del kirchnerismo que se levantaron de la reunión del viernes por el tema con el gobernador Bonfatti pensaron circunscribir la problemática a los límites de la provincia. Pero no tienen garantías de cómo tomará esto la sociedad santafesina, así como tampoco saben qué impacto tendrá el documento que elaborará el Partido Justicialista después del plenario citado para hoy en Santa Fe.

Mientras el kirchnerismo quiere hacer converger toda la responsabilidad en el gobierno provincial, el socialismo pugna por licuar los costos extendiéndolos a las fuerzas federales y su falta de presencia en el territorio santafesino. Algo de la verdad subyace en el medio de esta tensión entre la concentración y la dispersión. Se sabe que cuando la responsabilidad "es de todos" termina en realidad "siendo de nadie".

Fue tan grande el golpe que el gobierno santafesino no tuvo otra posibilidad que asumir los costos y blanquearlos. Para eso tardó unas 72 horas. Apenas mostró ese flanco la oposición en la provincia y en la Nación dejó la mesura y la cautela que habían caracterizado a las primeras declaraciones y decidió ir por el adversario que trastabillaba.

Pero la pelea tiene un límite y no siempre, se sabe, es fácil establecer un ganador. Si la oposición sobreactúa por demasiado tiempo sus críticas terminará exigida por la sociedad para la búsqueda de soluciones. Si el gobierno provincial no da pronto señales claras de un camino que lleve a recuperar a confianza, perderá un terreno precioso en su búsqueda de la consolidación política. Así, en el medio de la tensión está el equilibrio que podrá satisfacer la demanda que apareció con más fuerza tras el escándalo del huracán Tognoli.

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