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La calma retornó a la ciudad de la furia que en apenas 72 horas soportó temporales, inundaciones, indignaciones, cortes prolongados de energía y asaltos en malón a pequeños supermercados en el sur y el oeste. Nada más podía sumarse a una agenda de fin de año de complicaciones imprevisibles. ¿Quién podía prever que el jueves la intensidad de la lluvia iba a ser de 250 milímetros/hora, que el emisario 10 colapsaría hasta poner a Fisherton bajo agua como nunca en la historia, que los piquetes para peticionar por el desastre de la tormenta iban a tornarse en saqueos a pequeños comercios?

La dificultad para anticipar problemas no exime a nadie de las responsabilidades que corresponden. La cantidad de agua que llegó a Rosario no es sólo por lo que caía del cielo sino por las obras que no están hechas para frenar el drenaje violento de Roldán a Funes, de ahí a Rosario y finalmente hasta desembocar en el canal Ibarlucea. También las urbanizaciones sin control de impacto ambiental, la zona plagada de siembra directa, los canales clandestinos, el ataque sistemático a las áreas permeables.

A la EPE le faltan inversiones y el gremio acababa de responsabilizar directamente al presidente del directorio Daniel Cantalejo por la muerte de seis operarios en distintos puntos de la provincia. Está claro que la compañía eléctrica no pasa por su mejor momento, pero de ahí a que sus cuadrillas sean atacadas a piedrazos en los barrios mientras están trabajando hay un abismo.

La reacción política frente a los robos violentos y en banda ﷓-tal la caracterización judicial de los hechos-﷓ fue para destacar. No hubo ni un solo discurso disonante, por fuera de la premisa de contribuir a la paz social y a evitar que la ciudad cayera en un escenario que le era demasiado conocido y doloroso. Eso marcó una diferencia con lo que pasó a nivel nacional, donde los líderes sindicales de la oposición no estuvieron a la altura de las circunstancias como tampoco lo hicieron muchos funcionarios de primer nivel. Buscaron acusaciones donde ya no había casi espacio para las cavilaciones más oscuras, las malas intenciones y el agite de fantasmas en todas las direcciones posibles.

Acá no pasó nada de eso. Por eso también los medios de comunicación jugaron un papel importante y evitaron hasta el límite la palabra "saqueo" porque todos en Rosario sabemos a lo que esa caracterización remite. Repasando las fotos en la redacción de Rosario/12, viendo las imágenes televisivas que con gran riesgo tomaron los colegas de los canales locales; no había manera de no remontarse al 2001 y hasta 1989 para los que nos tocó trabajar en ambos acontecimientos.

Pero a medida que las horas violentas avanzaban, todos pudimos ver de inmediato las diferencias: No había hambre ni reacción por la crisis. Había avivada y delincuencia emergente de una fractura social que no sabemos hasta qué dimensión llega en nuestra ciudad. El mapa que publicó ayer este diario con los puntos de los asaltos en banda coincidiendo con las zonas más calientes del narcotráfico es escalofriante. Así lo detectaron el ministro de Seguridad Raúl Lamberto y el diputado provincial Eduardo Toniolli. Por distintos caminos y fuentes habían llegado a la misma conclusión: la instigación de la violencia contra los comercios se había motorizado desde elementos ligados al tráfico de estupefacientes en Rosario y sus "soldaditos" habían cobrado gran protagonismo en las jornadas.

Otra postal que quedó grabada fue en Villa Gobernador Gálvez, cuando el intendente Pedro González hablaba con la televisión mientras a sus espaldas atacaban a un supermercado de barrio. Fue patente la impotencia del otrora poderoso jefe político de amplios sectores con carencias sociales. Ahora su influencia estaba vaciada de sentido. No porque González haya cambiado sus prácticas políticas que muchos han criticado duramente; sino porque los que estaban robando no sabían siquiera quién era Pedro González y lo que representa o representó por muchos años. Mucho menos iban a demostrar alguna clase de respeto o subordinación a algún tipo de autoridad. Todo estaba fuera de control, fuera del alcance de cualquier representación o poder que no fuera la fuerza implícita y explícita de la policía.

Esta vez la policía demostró -﷓al menos de manera más clara en los incidentes del viernes a la tarde en Ovidio Lagos al 4.600-﷓ que hay algo en el medio de la represión violenta e indiscriminada y el no hacer nada y mirar para otro lado. Los móviles llegaron con celeridad, dispararon al aire para dispersar a los atacantes y detuvieron a muchos sin herir a nadie. Para algo la policía debe ser profesional, para actuar como lo debe hacer, como no lo haría ninguna persona sin preparación en circunstancias extremas. Eso es lo que se le pide y que tan pocas veces se ve.

En el mismo sentido la justicia que unificó criterios. Actuó el jefe de los fiscales y éstos a su vez coordinaron con los magistrados para tomar decisiones sobre los más de 180 detenidos. Muchos fueron puestos en libertad en pocas horas, pero esto no debe tomarse como un fracaso de los tribunales. Lo que debe evaluarse es que se puede concebir a una justicia como servicio y exigirle la misma eficacia que a los otros poderes del Estado, independientemente de las condenas a las que se arriben. Hubo testimoniales, hubo carátula y hubo debido proceso. Y todo con celeridad y ajustado a las normas vigentes. Cualquiera puede intuir que la cantidad de detenidos y los posteriores procesados han operado también como un elemento disuasorio.

Lo que queda como preocupación mayúscula es la brutal demostración del grado de descomposición social que disparó la violencia en Rosario. Sin una crisis económica profunda, con una amplia contención de parte de los tres niveles del Estado; igual la falta de horizontes concretos, la exclusión y la penetración del tráfico de drogas formaron el cóctel que esta vez estalló, contagiando a miles en las zonas más castigadas. El quiebre se sabía que existía, pero esta vez enseñó a quien quiera verlo toda la dimensión de esa herida abierta.

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