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Los sueldos de los empleados de planta (no políticos), son casi el 50 por ciento del gasto total de la Municipalidad de Rosario. Es decir que saber a quién, por qué servicio, y cuánto se le paga es imprescindible para que la sociedad controle la mitad del gasto público. Rosario tiene una larga trayectoria en la legislación del acceso a la información pública.

La ordenanza 7249 de diciembre de 2001, que fue modificada por la ordenanza 7827 de 2005, en sus considerandos señala: "hay una deformada concepción de lo público asignado a sus constancias un carácter secreto que no tienen y que repugna al sistema republicano que nos rige. Hay también una necesidad de incrementar y mejorar los mecanismos de contralor en la administración pública para garantizar de ese modo su legalidad, su corrección ética y la eficiencia y eficacia en el empleo de los recursos públicos. El contralor indirecto de la administración pública por parte de los administrados es también una forma de fortalecer la idea del control como forma de contrarrestar cualquier tipo de desviación por parte de quienes ejercen función o empleo público".

La ordenanza 7303 del 2002 ordena publicar en la página oficial en internet de la municipalidad, además de la información presupuestaria, compras y licitaciones, el listado de personal permanente, contratado, temporario y transitorio de la municipalidad, del concejo municipal y cualquier otro organismo que destine partidas del presupuesto al pago de remuneraciones, incluyendo remuneración total por empleado y la correspondiente distribución de categorías.

Estas ordenanzas fueron decisión del concejo deliberante, votadas por la mayoría los bloques.

Pero más allá de que a las ordenanzas, y a las leyes, hay que cumplirlas, es importante que se recuerde que en el 2001, la sociedad estaba harta de la situación, y reclamaba transparencia en el gasto público. La gente no sólo estaba cansada de la política y de los políticos, sino de los empleados públicos.

Algunos de los que no quieren que se sepa cuánto se gana en el Estado, dicen que publicar estos datos atenta contra la confidencialidad, esto ha sido rechazado por fallos de Suprema Corte en Chile, México y Brasil por ejemplo. Pero más allá de lo que hacen otros países, es increíble que gente que quiere trabajar en el Estado no quiera asumir el compromiso de la transparencia. Si una persona no es transparente con sus actos, menos confianza entrega para que la sociedad piense que será transparente en los actos que tengan que ver con la gestión de lo público. El que quiere trabajar en el Estado, debe ser transparente en todos sus actos y lo primero es decir lo que gana por su trabajo.

*Presidente de Fundación Apertura.